miércoles, julio 9, 2025
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Hablemos de lo que nadie habla

Por: Grupo de trabajo por un Tratado Vinculante para empresas y Derechos Humanos

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Es indignante que, en medio de la grave crisis ocasionada por las inundaciones en la provincia de Esmeraldas, se haya sumado un derrame de petróleo que obligó a suspender el servicio de agua en tres cantones cuando más se necesitaba de la misma para las labores de limpieza y recuperación de viviendas y espacios públicos. 

Pese a contar con la refinería petrolera desde el año 1977, la bonanza prometida del petróleo no ha repercutido en la vida digna de la población esmeraldeña. El 51% de la población de la provincia de Esmeraldas vive en situación de pobreza según el INEC. Mientras tanto, los impactos de la industria petrolera en el cantón y en la provincia se traducen en daños y graves afectaciones en la vida cotidiana de sus habitantes, sobre todo quienes están alrededor de la misma. En la actualidad los sectores del sur cercanos a la refinería de Esmeraldas, reportan olores fuertes a gas y diesel en las mañanas y en la noche, asunto directamente relacionado con la operación de la refinería y que tiene consecuencias negativas sobre la salud humana.

No podemos olvidar tampoco el incendio del 26 de febrero de 1998, considerada la mayor catástrofe de la refinería, produciendo más de 40 muertes y cientos de personas heridas.  Además, el derrame registrado en medio de la inundación no es el primero, se han registrado derrames de magnitud similar en los años 2003, 2017 y 2018, sobre los cuales no ha habido ningún tipo de reparación.

La realidad de Esmeraldas es una situación de injusticia social, ambiental y económica. Al igual que en la Amazonía en Esmeraldas el Estado implementa sus grandes proyectos sin ningún tipo de precaución ni reparación a la población, como si se tratara de territorios y pueblos que pueden ser contaminados, desechados y sacrificados para el bienestar de otros. Es un acto de racismo ambiental que no lo podemos pasar por alto y que denunciamos.

Habiendo pasado ya un mes desde las inundaciones y del derrame de petróleo, se han tomado pocas medidas concretas y está la amenaza de cerrar los albergues, a pesar de que las personas aún no recuperan sus viviendas ni medios de vida.  Un ejemplo de la indignación y desesperación de la población se evidenció el pasado 3 de julio cuando moradores del sector “50 casas”, cerraron la vía principal del sur de Esmeraldas para exigir atención por parte de las autoridades. La inseguridad y altos índices de delincuencia, que en gran parte es fruto de la injusticia social acumulada que vive la provincia, es otra situación que no da tregua ya que, además de las pérdidas por la inundación, también hay que estar alerta para no perder las pocas pertenencias que todavía les queda, ante el peligro de la delincuencia.

Rechazamos las declaraciones de varias autoridades de gobierno que, por buscar deslindarse de sus responsabilidades históricas y actuales con la provincia de Esmeraldas, han catalogado a estos hechos como consecuencia exclusiva e inevitable del cambio climático pretendiendo desconocer que el mismo cambio climático es consecuencia de un modelo depredador de la Naturaleza que este gobierno ha profundizado. Esta situación pudo haberse evitado si las autoridades contaran con un sistema de prevención ya que no es la primera vez que ocurre este tipo de daños en la ciudad y en la provincia. Así, la falta de acciones concretas de las autoridades seccionales y el silencio del gobierno Nacional frente a las demandas de la población, prolongan y agravan la injusticia social en la provincia y empujan a la población a vivir en mayores escenarios de violencia y afectaciones de manera sistemática al buen vivir en la provincia de Esmeraldas.

Por lo antes expuesto, los distintos colectivos sociales del Ecuador, que abogamos por desarrollar reglas claras para frenar el abuso corporativo, y una tutela eficaz de los Derechos Humanos, exhortamos:

Al Gobierno Nacional. -

  • Generar y aplicar políticas públicas claras de prevención y gestión de riesgos, tendientes a evitar nuevos desastres como consecuencia de los fenómenos naturales y meteorológicos extremos derivados de la crisis climática, que afectan a la salud, a las fuentes de agua, al ambiente de la población de la provincia de Esmeraldas.
  • Los distintos derrames de crudo que se han producido en la Refinería de Esmeraldas, demuestran que la empresa PETROECUADOR, no ha implementado ninguna medida adecuada de prevención. Por ende, la empresa y sus operadores son responsables tanto administrativa como penalmente por el daño causado a la naturaleza y a la población. Pese a esa responsabilidad, hasta este día no conocemos que el MAATE ni la Fiscalía hayan implementado procesos reales y transparentes de investigación y sanción a los responsables. Por tanto, exhortamos y exigimos a implementar todas las acciones pertinentes a fin de garantizar que estos desastres no se vuelvan a repetir y a realizar una reparación integral frente al daño causado.
  • Exhortamos a la empresa Petroecuador a aprovechar adecuadamente el gas que hoy quema en los mecheros o teas, para evitar futuros accidentes y no contaminar el aire, agua y cultivos de las áreas circundantes.
  • Implementar planes y programas reales que impulsen el desarrollo económico integral y prioritario de la población esmeraldeña. De tal forma, que se reduzcan los niveles de pobreza y extrema pobreza.
  • Exigimos que se realicen brigadas de salud con especialistas para atender a la población afectada y prevenir futuras enfermedades.

A los Gobiernos Autónomos Descentralizados . –

  • Definir con claridad el plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Esmeraldas que incluya un plan de reubicación de todos los barrios aledaños a la refinería de Esmeraldas para evitar nuevos desastres.
  • Realizar controles permanentes de la calidad de aire, agua y suelo en los barrios circundantes a la Refinería de Esmeraldas.
  • Implementar sistemas de captación de agua, de lugares completamente seguros, y que no estén expuestos ni en riesgo de ser contaminados por hidrocarburos.

UOCE: Muisne está inundado y nadie lo ha escuchado

(Quito) La Unión de Organizaciones Campesinas de  Esmeraldas (UOCE), visitó la ciudad de Quito junto a sus comunidades de base y varios representantes de los gobiernos parroquiales del Cantón Muisne, para denunciar la emergencia sanitaria que viven en las zonas rurales de Esmeraldas afectadas por las inundaciones.

Esta mañana en rueda de prensa realizada en los bajos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los dirigentes exigieron la urgente reparación de las vías que conectan sus territorios, dado que la problemática vial ahonda en la crisis sanitaria y alimentaria sobre todo de las zonas rurales.

Para Ángel Arias, Presidente del GAD Cabo San Francisco, el daño de la vía, sumado al deterioro del puente, mantienen incomunicadas a las familias de Cabo San Francisco, Galera, San Gregorio y Quingue, lo que dificulta la llegada de la ayuda humanitaria y transporte de alimentos desde y hacia las comunidades. “Declararon en emergencia la red vial de la provincia, pero no se toman en cuenta nuestras vías que también son de primer orden”, señaló Arias.

Al problema vial, se suma el problema sanitario. Nancy Bedón de la UOCE, recalcó la premura de construir un plan de contingencia para la emergencia sanitaria, debido a que empiezan a incrementarse los casos de dengue, problemas pulmonares e intestinales en las zonas rurales.

Para Bedón, es importante que el plan se lo construya con un componente de mediano y largo plazo que incorpore los futuros impactos de fenómeno del Niño y sobre todo en el ámbito productivo, dado que muchas familias han perdido sus cosechas producto de la inundación. Es el caso de la Parroquia San Gregorio donde la inundación alcanzó los tres metros de altura, cubriendo los cultivos de cacao y frutales en su totalidad, afectándolos permanentemente.

El recorrido de la delegación que inició a las 8 am en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se trasladó en horas de la mañana hacia el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, para luego finalizar en la Presidencia de la Republica. Con la consigna de: “Muisne está inundado, y nadie lo ha escuchado”, caminaron por las avenidas principales de la Capital, resaltando su problema actual. La delegación prevé varias visitas en los próximos días para establecer diálogos con las autoridades nacionales y trasladar apoyos solidarios desde la ciudad capital hacia las comunidades afectadas.

Nota: Compartimos la Propuesta campesina para la superación de la emergencia junio 2023, realizado por la UOCE donde se muestra un diagnostico situacional de la población rural afectada por las inundaciones recientes realizado por la UOCE y las propuestas nacidas desde las comunidades para resolver esta problemática.

Ecuador ratifica su compromiso con la declaración de derechos campesinos

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En la mañana del 18 de abril, organizaciones sociales pertenecientes a la Vía campesina y al Comité de Agricultura Familiar Campesina, se citaron en el pleno de la Asamblea Nacional a exigir la ratificación de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP).

Exposición de Romelio Gualán CNC Eloy Alfaro

Las organizaciones sociales, subrayaron la oportunidad que significa la UNDROP en la construcción de condiciones de igualdad y justicia social en las áreas rurales.  Pacha Terán, representante del Comité de Agricultura Familiar Campesina, rescató el papel de la mujer rural en el trabajo del cuidado y en la producción de alimentos: “Es un acto de justicia básica para el sector campesino, (…) Respeten las realidades de los campesinos y campesinas”, señaló Terán.

Foto: Comunicación Asamblea Nacional

Romelio Gualán, vocero de la CNC Eloy Alfaro, insistió en la urgencia de la ratificación señalando las múltiples vulneraciones a los derechos de los pueblos campesinos: “acabaron con nuestras semillas, contaminaron los ríos y nadie ha dicho nada. (…). Han pasado 5 años y parece que se olvidaron de quienes damos de comer al pueblo ecuatoriano”. Para Gualán, la ratificación es un nuevo camino que se abre para las comunidades y organizaciones campesinas en la construcción de políticas publicas y en la exigibilidad de sus derechos.

Tras las exposiciones, se dio lectura a la petición del Asambleísta Xavier Santos, en cuyo documento se colocaron los cinco elementos en los que se enmarca esta ratificación, donde constan:

  • Ratificar la importancia y la transversalidad de la UNDROP para los pueblos campesinos del Ecuador y del mundo.
  • Velar por el cumplimiento a través de sus órganos y de las unidades técnicas de asesoría de las Comisiones permanentes y ocasionales para impulsar en estricto apego a los plazos y procesos establecidos en la Constitución y la ley orgánica de la función legislativa iniciativas que promuevan los derechos de las y los campesinos del país establecidos en la declaratoria, especialmente los relacionados a crédito ágil, oportuno, tasa de interés y períodos de gracia preferentes para salud, educación y seguridad social.
  • Declarar que UNDROP se convierta en un insumo prioritario para la creación, reforma y propuestas de ley generadas en la Asamblea Nacional de Ecuador.
  • Instar a todas las instituciones del Estado al cumplimiento de la Declaración transversalizando los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales en todas las políticas y programas públicos que estén vigentes o se generen por el Estado Ecuatoriano.
  • Notificar con el contenido de la presente resolución a los titulares de las funciones ejecutiva, judicial, electoral y de transparencia y control social.
Foto: Comunicación Asamblea Nacional

Con 102 votos, y 4 abstenciones en la Sesión 864, la Asamblea Nacional ratifica el compromiso con la realización de los derechos campesinos, asumido por el Estado Ecuatoriano en diciembre del 2018, siendo este un acto coherente con el comportamiento internacional del Estado. Para las organizaciones campesinas, el camino recién empieza, ya que se prevé un gran trabajo con las bases de las organizaciones para demandar la implementación de los 24 derechos que contiene UNDROP y que esto permita construir verdaderas políticas públicas pensadas desde la justicia social y la dignidad de quienes habitan los territorios campesinos.

Foto: Comunicación Presidente Asamblea Nacional

Más sobre la Declaración

La Declaración fue escrita por campesinas para campesinas. Está basada en nuestras realidades y experiencias en el territorio. Da cuenta de las relaciones que tenemos con la tierra, así como también de las opresiones que compartimos por parte de las compañías transnacionales y el agronegocio, y el daño que sufrimos como consecuencia del capitalismo ilimitado, el libre comercio y las estructuras patriarcales.

Podemos usar la Declaración como una caja de herramientas para enfrentar la discriminación y la opresión. Tiene el potencial de protegernos a través de políticas nacionales y regionales, defendernos en la justicia, informarnos a través de la educación popular y asistirnos en nuestras comunicaciones con los medios.

Es por ello que te invitamos a ingresar a nuestro Kit básico para entender los derechos campesinos, que contiene una serie de elementos útiles para compartirlo en nuestras comunidades.

 

Kit básico para entender los derechos campesinos

UNDROP es una Declaración de ONU sobre los Derechos Humanos. Aunque una firma no es en sí misma jurídicamente vinculante para los Estados, su contenido es, a menudo, un reflejo de las obligaciones internacionales de derechos humanos jurídicamente vinculantes.

Es la primera vez en la historia que una Declaración aborda las realidades y necesidades específicas de campesinos, campesinas y comunidades rurales en forma de derechos humanos y obligaciones de los Estados.

La Declaración fue escrita por campesinas para campesinas. Está basada en nuestras realidades y experiencias en el territorio. Está basada en nuestras realidades y experiencias en el territorio. Da cuenta de las relaciones que tenemos con la tierra, así́ como también de las opresiones que compartimos por parte de las compañías transnacionales y el agronegocio, y el daño que sufrimos como consecuencia del capitalismo ilimitado, el libre comercio y las estructuras patriarcales.

Pensemos en la Declaración como una caja de herramientas que podemos usar cuando nos enfrentemos con la discriminación y vulnerabilidad de campesinos y campesinas, como:

  • Expropiación de la tierra, desalojos y desplazamientos forzados;
  • Discriminación de género
  • Ausencia de reforma agraria y de un avance en políticas de desarrollo;
  • Ausencias de salarios mínimos y protección social;
  • Criminalización de los movimientos y de las personas que defienden los derechos humanos.

La Declaración fue finalmente aprobada por la Asamblea General de la ONU el 17 de diciembre de 2018 después de cinco sesiones de negociaciones en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) en Ginebra. La Declaración fue adoptada por 121 Estados.

Ecuador fue parte del grupo central de negociación de la Declaración, incluso actuó como presidente en algunas de las sesiones. la no implementación de UNDROP sería una acción incoherente con el comportamiento internacional del Estado, afectando su reputación en cuanto a la seriedad con la que el ECUADOR asume su rol en las negociaciones internacionales.

Cuanto más compartamos la información sobre la Declaración en nuestras comunidades y organizaciones, más protegidos estaremos en los canales legales y políticos. Compartir información y diseminar la educación popular son los primeros pasos importantes para implementarla.

Es por ello que compartimos, documentos comunicativos importantes al momento de diseminar los derechos colectivos en nuestras comunidades rurales. Esta lista seguirá creciendo en la medida que vayan apareciendo nuevos materiales comunicativos:

 

 
 
 
 
 
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  • Para seguir avanzando en camino de esta lucha, La Vía Campesina y sus aliados Fian, Cetim y la Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, se han unido para crear un sitio web dedicado a la aplicación de la la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de lxs campesinxs y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP). El objetivo de este sitio web es ser una herramienta colectiva de promoción de la DDC para que todo el mundo se apropie de ella y la utilice. Será un lugar de información y formación, como para compartir las actuales iniciativas alrededor del mundo, ya sea en los tribunales, a través de las políticas o en las calles. El sitio tejerá puentes entre la información y la acción.

Investigaciones temáticas (2021-2023)

Los montubios de ASOMAC y la urgencia de los derechos campesinos

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Hoy, 17 de abril se cumplen 2572 días de la expedición de la sentencia del Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil (2016), que da la razón a los 44 personas integrantes de la Asociación de Montubios Autónomos de Colimes (ASOMAC), respecto al violento despojo de su tierra sufrido en 2015. Y aun cuando ha pasado demasiado tiempo para hacer efectiva esta sentencia, las autoridades y funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), sin ninguna otra razón que favorecer a quien no le asiste el derecho, se niegan caprichosamente a cumplirla

ASOMAC está conformada por más de 100 familias que desenvuelven su vida dentro del predio La Leopoldina, que está ubicado en el cantón Colimes (Prov. del Guayas) y, desde 2004 ha venido produciendo arroz, maíz y otros cultivos relacionados con la Soberanía Alimentaria que alimentan a las comunidades urbanas del cantón y la provincia.

Desde su conformación, ASOMAC está gestionando la legalización de la tenencia de la tierra, pero las acciones clientelares de los gobiernos de turno han entorpecido este proceso, de forma violenta han reducido su territorio, y aun cuando cuentan con varias acciones judiciales y administrativas desplegadas para reconocer el derecho a sus tierras, la respuesta desde el Estado no llega.

Es necesario recordar que los campesinos, las campesinas y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a acceder a la tierra, las masas de agua, los pastos y los bosques, así como a utilizarlos y gestionarlos de manera sostenible para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar en el que vivir con seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura.

Esa paz y dignidad que plantea la Declaración de los Derechos campesinos, solo se puede conseguir cuando el MAG adopte todas las medidas urgentes y necesarias para ejecutar la sentencia judicial; revertir la adjudicación a favor de terceros sin derechos a la tierra; adoptar medidas de reparación urgentes para las más de 100 familias integrantes de ASOMAC; y por último que se lleve un adecuado proceso de titulación a favor de ellos en el menor plazo posible.

Hoy 17 de abril, si el Estado ecuatoriano quiere rendir homenaje a las luchas históricas de quienes nos alimentan, es urgente su respuesta favorable sobre este caso. Mientras, seguiremos exigiendo:

¡ #JusticiaParaASOMAC !

Los links que están distribuidos en el documento son parte de la Campaña #CampesinosPorDerechosDeAsociación, producida por el Colectivo PRODH, CoopDocs y FIAN Ecuador en 2022

(Editorial) Mujeres rurales luchando por la dignidad de sus territorios

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La crisis actual por el aumento en el costo de vida afecta especialmente a las mujeres y en particular a aquellas que habitan las áreas rurales, quienes enfrentan obstáculos adicionales para ejercer sus derechos desde los más básicos.

En las crisis económicas, sociales y ambientales, son las mujeres rurales las más afectadas, por la falta de acceso a los recursos productivos, servicios e información, la carga de tareas domésticas y de cuidados no remunerados, entre otros, además de la discriminación social tradicional. A esto hay que sumarle la expansión de las industrias extractivas como la minería, el petróleo y la agroindustria, la cual, tiene como consecuencia la vulneración de su derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada.

La autonomía de las mujeres es un factor esencial para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos. El control sobre su cuerpo, su salud integral, el derecho a una vida libre de violencia, el acceso a la tierra y la capacidad de generar recursos propios y la plena participación en la toma de decisiones que afectan su vida y su colectividad, constituyen pilares fundamentales para lograr una mayor igualdad de género. No obstante, la situación no ha cambiado mucho y en la crisis actual las mujeres rurales siguen siendo las más afectadas.

Y es que la implementación de políticas de características neoliberales, ahondaron los problemas estructurales de las mujeres del campo. El endeudamiento, la falta de acceso a bienes naturales, y las crisis del trabajo del cuidado que se intensificó tras la pandemia, fueron algunos de los detonantes para que en junio 2022, se conviertan en parte de las demandas presentadas en el marco del Paro Nacional, donde por 18 días, el movimiento indígena, sectores de trabajadores, trabajadoras, docentes, estudiantes, campesinos, campesinas, mujeres y disidencias y otras expresiones de la sociedad civil se movilizaron para exigir, entre otros, la condonación de deuda de las productoras a pequeña y mediana escala, precios justos en los productos del campo, la no ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera y el respeto de los 21 derechos colectivos[1].

En este contexto del Paro Nacional fueron las mujeres principalmente quienes activaron y sostuvieron las ollas comunitarias como expresión de una economía política de los cuidados en momentos de resistencia y lucha social por demandas que aparecen como coyunturales pero que movilizan demandas estructurales. Fueron las ollas comunitarias las que se convirtieron en espacios de reunión y asamblea, permitiendo alimentar debates sobre las dinámicas sociales, económicas y culturales que afectan a los territorios y fueron las ollas comunitarias las que también se convirtieron en espacios de esperanza permitiéndoles pensar en los sueños, en autonomías, en una vida con dignidad dando cuenta de la importancia de la alianza campo/cuidad y la necesidad de transitar hacia la autogestión, la soberanía alimentaria y la reivindicación de los saberes populares.

Así como las mujeres con las ollas comunitarias sostuvieron el Paro Nacional las mujeres rurales resisten, defienden y sostienen los territorios amenazados a diario por el avance del modelo neoliberal. Ejemplo de lucha y resistencia han sido las mujeres Saraguro en Gualel el pasado 23 de febrero. Ante el intento de ingreso al territorio de la minera Guayacan Gold respaldados por la fuerza pública, las mujeres Saraguro se tomaron el sector “Loma del Oro”, y con dignidad defendieron su páramo de la megaminería.

Esta al igual que otras muchas luchas tiene características de feminismo comunitario[2] que va recorriendo el continente. Éste integra la lucha histórica y cotidiana de los pueblos para la recuperación y defensa del territorio tierra, como una garantía de espacio concreto territorial donde se manifiesta la vida de los cuerpos. Desde ese lugar se organiza, primero la defensa de su territorio cuerpo, en la comunidad en contra de las violencias de género y luego, en el territorio por la defensa frente a proyectos extractivos como la minería.

Es una apuesta que busca revertir el proceso histórico de opresión contra la naturaleza y sus bienes, donde el actual sistema extractivista neoliberal, desde su visión de desarrollo pretende “mejorar la vida de los pueblos”, con estrategias de participación en involucramiento de las comunidades en el trabajo extractivista para mejorar su condición de pobreza. Una contagiosa apuesta desde la recuperación y defensa de nuestro territorio cuerpo – tierra para generarle vida, alegría, vitalidad, placeres y construcción de saberes liberadores para la toma de decisiones y la dignidad a sus territorios. Es una apuesta que nos muestra un camino hacia una vida con dignidad para todas y todos, incluyendo los que aún están por venir y la naturaleza.

 

[1] Ver: Demandas de la movilización nacional, popular y plurinacional en: https://conaie.org/2022/06/20/demandas-de-la-movilizacion-nacional-popular-y-plurinacional/

[2] Reflexiones sobre feminismo comunitario tomadas de Lorena Cabnal. Les invitamos a leer: https://porunavidavivible.files.wordpress.com/2012/09/feminismos-comunitario-lorena-cabnal.pdf  

Informe de la misión de verificación al humedal Las Garzas: “el derecho de los humedales y de quienes lo habitan”

Cuentan nuestros ancestros que, desde que llegaron a las montañas de Palenque, el humedal Las Garzas siempre fue una fuente de agua y mucha biodiversidad, que jamás lo agredieron porque era y hasta los actuales momentos es fuente de sustento para la soberanía alimentaria”.

Manifiesto de la Coordinadora en Defensa del Agua para la Vida “Humedal Garzas Grandes” 2 de enero 2022

La cuenca baja del Río Guayas, es una región que ocupa gran parte de la provincia del Guayas y Los Ríos. Esta es una de las zonas más fértiles del país, su por lo que, desde hace décadas, ha sido un sitio de disputa para los capitales agroindustriales. Durante este tiempo, el modelo agrícola industrial, ha venido transformado el paisaje agrario, la agricultura campesina diversificada ha sido reemplazada por agricultura bajo contrato o por grandes extensiones de monocultivos de cacao, caña, banano, palma aceitera, entre otras.

La ampliación descontrolada de la frontera agrícola ha alcanzado incluso a las zonas de ecosistemas frágiles y amenazados, como son los humedales y otras fuentes de agua, provocando paulatinamente su desaparición o condicionamiento en sus procesos ecológicos generando impactos negativos tanto para la naturaleza como para las poblaciones campesinas que interactúan con ellos y que gracias a ellos garantizan su derecho a la Alimentación.

Dentro de la Provincia de Los Ríos, existe un gran sistema de humedales y ríos interconectados por aguas subterráneas que sirven como remanentes de agua dulce, pues los humedales son entornos caracterizados por el almacenamiento natural de agua, aportando resiliencia contra la sequía, brindando protección contra las crecidas y los impactos de las tormentas, proporcionando alimentos y ofreciendo hábitats diversos que apoyan la biodiversidad genética de especies animales y vegetales. Uno de los humedales más importantes de este sistema está ubicado en el Cantón Palenque y se lo conoce como “Las Garzas”.

El 9 de diciembre 2021, pobladores de la zona de influencia del Humedal Las Garzas, denunciaron el ingreso de maquinaria de la empresa Export Jaime S.A. con la intención de iniciar trabajos de remoción de cobertura vegetal, acarreo de tierras, construcción de muros de tierras y un canal de drenaje de agua para drenar las aguas del humedal con el fin de implementar una plantación de banano a gran escala. Dicho drenaje disminuyó el acceso al agua en más de 10 comunidades que conviven con el humedal. Cabe señala que los trabajos iniciaron sin contar con los permisos ambientales y sin que se haya realizado una consulta ambiental como lo expresa el Art. 184 del Código Orgánico Ambiental.

A partir de este hecho, las comunidades afectadas formaron la Coordinadora en Defensa del Agua para la Vida “Humedal Garzas Grandes” (en adelante CDAHG), y comenzaron un proceso de cabildeo respecto a la protección del Humedal orientado al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (en adelante MAATE), al Municipio de Palenque, la Dirección de Derechos de la Naturaleza de la la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE) y la Contraloría General del Estado del Ecuador. Este acontecimiento llamó la atención de varios medios de comunicación y levantó la solidaridad no solo de organizaciones cercanas al sitio, sino que a nivel nacional convocó a un sinnúmero de organizaciones a pronunciarse en solidaridad con las demandas de la CDAHG y expresando su preocupación ante el impacto socio ambiental, por la vulneración del derecho a la alimentación, los derechos de la naturaleza y sobre aquellos que forman parte de la Declaración de derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (en adelante UNDROP) que están sufriendo tanto el Humedal “Las Garzas” como las familias campesinas.

Desde entonces, la DPE inició una Investigación Defensoría, la cual desembocó en una visita al sitio el 25 de mayo 2022, que contó con la presencia de trabajadores de la futura bananera, abogada de la empresa ExportJaime S.A., y más de 60 comuneros afectados que explicaron los problemas ocasionados por el drenaje del humedal. La visita recogió la demanda de las comunidades de parar el drenado del humedal por ser un sitio ecológico donde habitan numerosas especies, y de donde se sirven de agua para el consumo y para las actividades agrícolas; no obstante, en el documento de la DPE respecto a la visita, los acuerdos recogidos fueron diferentes, lo cual exigió un llamado de atención de la CDAHG.

A pesar de estar en el sitio y de presenciar el drenado del humedal, la DPE decidió cerrar el caso por considerar que no hay vulneración de derechos. Según la Providencia emitida por la DPE:

no se observó afectación alguna a la naturaleza o algún ciudadano en dicha inspección. Tampoco se observó habitantes cerca al predio o caseríos y en la misma diligencia se recibió documentación de habitantes del Recinto La Libertad (ubicado a 3 km. del predio aprox.), quienes respaldaban la ejecución del proyecto de una empresa privada”;

y se estableció:

la improcedencia de continuar con el presente trámite acorde con las competencias de la Defensoría del Pueblo”, con ello el archivo del expediente del Humedal.

Frente a ello, las organizaciones: Acción Ecológica, FIAN Ecuador, Oficina Pro defensa de la Naturaleza y sus derechos, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Colectivo Pro Derechos Humanos (ProDH), Unión Tierra y Vida, Centro Agrícola Cantonal del Quevedo y la Agencia Ecologista de Información Tegantai, nos convocamos el viernes 15 de julio 2022 para realizar una misión de verificación al Humedal Las Garzas. El objetivo de la misión fue recrear el recorrido realizado con la DPE el 25 de mayo 2022, así como visitar otros sitios que la comunidad consideró importantes para recoger material cualitativo de las afectaciones al humedal y escuchar los testimonios de las personas de la comunidad a través de entrevistas y conversaciones grupales. Esto, con la finalidad de establecer los impactos socio-ambientales respecto al déficit hídrico constante producido por el drenado del humedal, hallazgos que forman parte del presente informe.

DESCARGAR INFORME DE VERIFICACION

4 voces por el Tratado vinculante

1.- Papel de Ecuador frente al Tratado Vinculante sobre empresas y DD.HH.

Pablo de la Vega, coordinador del Centro de documentacion de Derecho Humanos “Segundo Montes Mosso”, nos explica sobre la primacia de los derechos humanos al momento de abordar daños a la naturaleza y comunidades causadas por el ejercicio de las empresas; y porque debemos desmarcarnos como país de la construccion de planes voluntarios que incluyen mecanismos de reclamación carentes de independencia, imparcialidad y transparencia, para reubicar la postura de Ecuador en proporcionar soluciones satisfactorias, eficaces e integrales a las personas y comunidades afectadas y que logren una reparación efectiva.

2.- El retorno al CIADI y las contradicciones frente al Tratado sobre empresas y DDHH

Adrián Cornejo del Cdes, nos explica como la actual política nacional de gestionar acuerdos internacionales en materia de inversión y comercio, donde figura el retorno al CIADI, no incluye obligaciones sustantivas en materia de derechos humanos para las empresas trasnacionales de otros países; e invita a reflexionar sobre porque debemos exigir que esos objetivos de política doméstica no interfieran con el ejercicio de la Presidencia del Grupo de Trabajo y garanticen el cumplimiento estricto del contenido de la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el sentido de procurar obtener un instrumento de tipo vinculante.

3.-Inversión de la carga de la prueba como herramienta para evitar impunidad corporativa

Verónica Potes, abogada y profesora universitaria, parte de la Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador, nos explica como unos de los aspectos que debe considerar el Tratado Vinculante es la inversión de la carga de la prueba. Es decir, que en lugar de que las víctimas sean quienes demuestran la violación de derechos sean las empresas y los estados quienes lo expliquen. También habla sobre la importancia de lograr responsabilidad en casos de violaciones de derechos en toda la cadena de valor hasta la empresa matriz. Ecuador debe garantizar el cumplimiento estricto del contenido de la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el sentido de procurar obtener un instrumento de tipo vinculante.

4.- Aspectos relevantes del racismo ambiental a ser considerados en Tratado Vinculante

Juanita Francis del Colectivo Mujeres de Asfalto, nos explica como el racismo ambiental implica reconocer la relación de la comunidad con el estado y con el agente contaminante. Además reconocer la implicación del despojo sobre los cuerpos de quienes son afectados; es decir, la desnaturalización del territorio de quienes transitan y habitan el territorio. En este sentido el Tratado Vinculante debe contemplar mecanismos de prevención, de reparación acorde con el daño y de sanción hacia los responsables por violaciones de derechos en los territorios. Ecuador debe garantizar el cumplimiento estricto del contenido de la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el sentido de procurar obtener un instrumento de tipo vinculante.

Comunicado de las organizaciones sociales y de derechos humanos en el Ecuador sobre la octava sesión de negociaciones por un tratado jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos

1 de noviembre de 2022

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Han pasado ocho años de haberse iniciado en 2015, las negociaciones en Naciones Unidas de un Tratado Vinculante que ponga límites al poder corporativo sobre los derechos humanos. Tras la aprobación de la Resolución 26/9 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2014, se realizan sesiones de negociación anuales donde el Estado ecuatoriano desempeña un papel protagónico como presidente relator del grupo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, con el mandato de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante que regule las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos. 

La semana pasada, del 24 al 28 de octubre de 2022 se llevó a cabo la octava sesión de negociaciones y sobre esto nos queremos pronunciar.

Nos mueve la necesidad de responsabilizar a las transnacionales y otras empresas, por las vulneraciones de derechos humanos, donde quiera que operen. Objetivo difícil en un contexto donde impera la asimetría en los sistemas legales: por un lado existen leyes duras que benefician a las corporaciones en comercio e inversión, mientras por otro lado existen normas voluntarias o “soft law” para los derechos humanos.

Es nuestro rol, como organizaciones sociales y de derechos humanos en Ecuador que hacemos seguimiento al proceso, defender el espíritu del mandato de la Resolución 26/9 y velar porque se cierre la enorme brecha en la legislación que permite a las corporaciones evadir la rendición de cuentas. Por ello nos sumamos a las denuncias de las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, pueblos indígenas, negros, sindicatos, mujeres, personas de género diverso, defensores de derechos humanos, los pueblos migrantes y refugiados, y las comunidades afectadas que han participado activamente en las negociaciones.

Preocupa la falta de transparencia y el desbalance de poder del llamado grupo de “Amigos de la Presidencia”. Es fundamental que la Presidencia trabaje y proponga criterios y procedimientos para la selección de miembros de este grupo, así como aclarar su función y mandato y, a la vez, asegurar que las deliberaciones y sugerencias que resulten de su trabajo sean presentadas y discutidas dentro de grupos regionales en el período entre sesiones. Además, deben garantizarse mecanismos de consulta para permitir una amplia y eficiente participación de la sociedad civil.

Es muy importante continuar el trabajo sobre el tercer borrador, documento que es el resultado de siete años de negociaciones entre los Estados y contribuciones de los movimientos y, por tanto es el único documento de trabajo legítimamente negociado.

Las empresas y los intereses económicos primero argumentan que no se necesitan regulaciones vinculantes; luego tratan de profundizar la asimetría entre el Norte Global y países industrializados, domicilio de la mayoría de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, y el Sur Global donde sus operaciones violan los derechos humanos y ambientales de las comunidades.

Este es un tratado de derechos humanos que tiene por objeto responsabilizar a las empresas transnacionales por las violaciones de derechos humanos y ambientales cometidas. Este tratado no puede acomodarse a los intereses corporativos. Por ello, reiteramos nuestra oposición a la participación de las empresas en este proceso pues la amenaza de captura corporativa es real.

Las conclusiones y recomendaciones adoptadas en la octava sesión confirmaron que quedan muchos desafíos por delante y que los Estados deben continuar la negociación basada únicamente en el tercer borrador revisado y actualizado. Instamos al Estado ecuatoriano a retomar el liderazgo y voluntad política para asumir dignamente la atención a las necesidades urgentes de la naturaleza, personas y comunidades afectadas.

Por todo lo anterior insistimos que el Tratado Vinculante debe:

  1. Introducir el concepto de la cadena de valor, así como la responsabilidad de la casa matriz frente a las violaciones de derechos humanos.
  2. Contemplar la creación de un Tribunal Internacional sobre empresas y derechos humanos que permita identificar (o señalar) la responsabilidad efectiva de las empresas y de los Estados frente a las violaciones de derechos humanos.
  3. Incluir la primacía de los derechos humanos sobre acuerdos comerciales y económicos.
  4. Incluir la responsabilidad directa de las empresas cuando comenten violaciones de derechos humanos.
  5. Garantizar el acceso a la justicia y el litigio colectivo con mecanismos efectivos que garanticen: la no repetición y la recuperación de los territorios vulnerados; el acceso a la información y asistencia jurídica; la inversión de la carga de la prueba; los costos de litigio internacional; la doctrina del forum non conveniens.
  6. Impedir la captura corporativa de las instancias intergubernamentales sobre la materia.

Nuestro resumen sobre la Octava ronda de negociación del Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos

Octava ronda de negociaciones en Naciones Unidas sobre el Tratado Vinculante - 24 – 28 de octubre de 2022

La semana del 24 al 28 de octubre 2022, se realizó la loctava ronda de negociaciones del Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos. Desde su inicio en el año 2014, el Estado ecuatoriano mantiene la presidencia de este grupo de trabajo al interior de Naciones Unidas.

Si bien en los primeros años del proceso el Ecuador tenía un rol activo y de liderazgo en la defensa de los derechos humanos sobre los intereses económicos de las empresas, con el paso de los años y los cambios de gobierno este rol se ha venido debilitando, desconociendo el objetivo inicial que es la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La exigencia desde la sociedad civil para que se garantice dentro del Tratado es la siguiente:

  • La primacía de los derechos humanos sobre acuerdos comerciales y económicos.
  • El concepto de la cadena de valor y la responsabilidad de la casa matriz frente a las violaciones de derechos humanos.
  • La creación de un Tribunal Internacional sobre empresas y derechos humanos que permita identificar (o señalar) la responsabilidad efectiva tanto de las empresas como de los Estados frente a violaciones de derechos humanos.
  • La responsabilidad directa de las empresas cuando comenten violaciones de derechos humanos.
  • Que las empresas no participen en la regulación y se resguarden las consultas que se hacen con personas u organizaciones independientes.
  • Acceso a la justicia y litigio colectivo con mecanismos efectivos que garanticen:
    • La no repetición y la recuperación de los territorios vulnerados.
    • El acceso a la información y asistencia jurídica.
    • La inversión de la carga de la prueba.
    • Los costos de litigio internacional.
    • La doctrina del forum non conveniens.

Es por ello que presentamos este reporte respecto al papel del Ecuador y los demas paises en torno a la Octava ronda de negociaciones:

El pasado lunes 24 de octubre inició la octava ronda de negociaciones en Naciones Unidas del Grupo de trabajo por un Tratado Vinculante de acuerdo con el mandato de la resolución 26/9 e 2014 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Las primeras intervenciones mostraron dos grandes bloques o tendencias: Estados que quieren ceñirse al mandato de la resolución 26/9 y por tanto a un ámbito limitado a las empresas transnacionales (Indonesia, Grupo Africano y Pakistán) y, la mayoría de los estados que comienzan a participar en las negociaciones (EEUU y UE) que esperan un instrumento no tan prescriptivo ni detallado.

Ecuador se mantuvo en que las empresas necesitan incentivos para respetar los derechos humanos.

Muchos países del norte se enfocan en la diligencia debida de las empresas como el mecanismo para garantizar el respeto por los derechos humanos.

Al respecto es importante resaltar que la diligencia debida empresarial puede servir a las empresas para identificar riesgos y prevenir abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, tiene serias limitaciones y no debe servir para eclipsar otras medidas fundamentales de prevención, responsabilidad y acceso a la justicia.

Como forma de autocontrol o autorregulación, la diligencia debida empresarial carece de independencia e imparcialidad para ser una herramienta seria que permita identificar y prevenir abusos contra los derechos humanos.

Durante el segundo día de negociaciones, martes 25 de octubre:

La negociación está basada en un tercer borrador de texto que es el resultado de las 7 rondas de negociación previas, sin embargo, en 2022 la presidencia del grupo, encabezada por Ecuador, presentó un documento de propuestas diferente al tercer borrador existente. Este texto de propuestas generó confusión respecto de la metodología para la negociación en esta ronda. Esto se evidenció durante el segundo día.

Se discutieron los artículos 6, 7 y 8 que abordan los mecanismos de prevención, acceso a remedio y responsabilidad legal.

El tercer día de las negociaciones, miércoles 26 de octubre era la mitad del camino.

Estado Unidos insistió en ver a las empresas como víctimas.

Los debates sustantivos tuvieron lugar esencialmente sobre artículos 9, 10 y 11 que se refieren a la jurisdicción, las responsabilidades y la ley aplicable. También se discutieron los artículos 12 y 13 que se refieren a la asistencia y cooperación internacional.

Si bien no hubo grandes avances en lograr acuerdos en estos temas, fue bueno ver que muchos Estados están negociando de hecho.

Jueves 27 de octubre, cuarto día, se aproxima el fin de las negociaciones este año

Las discusiones vieron un activo intercambio de puntos de vista entre los Estados sobre propuestas textuales sobre el articulo 3 sobre el alcance del tratado. Aquí la discusión siempre va en si se debe enfocar solo en empresas transnacionales o en todas las empresas.

Al final de la reunión, el Presidente anunció que Camerún acordó formalmente unirse al Grupo de Amigos del Presidente.

ALERTA: El gobierno de los EE. UU. se está moviendo hacia un tratado muy general y luego un protocolo voluntario que contenga todo lo que queremos. Debemos luchar por un tratado vinculante completo con responsabilidad sólida, disposiciones de reparación y responsabilidad.

Viernes 28 de octubre, último día de negociaciones… salen las recomendaciones y conclusiones del Presidente del grupo (Ecuador).

Entre las recomendaciones están que:

  • Presidente-Relator actualizará el proyecto de instrumento jurídicamente vinculante teniendo en cuenta las propuestas textuales concretas presentadas por los Estados durante el octavo período de sesiones y los resultados de las consultas comunicado por los amigos de la Presidencia.
  • Se preparará y publicará en el sitio web del grupo de trabajo a más tardar a fines de diciembre de 2022:
  • El Presidente-Relator convocará reuniones de los amigos del Presidente, reflejando todas las regiones, tan pronto como sea posible, para discutir y acordar la forma y metodología para avanzar con el instrumento jurídicamente vinculante;
  • Que el Presidente-Relator tomará nota de las propuestas textuales concretas presentadas por organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos, la sociedad civil, organizaciones empresariales, sindicatos y todas las demás partes interesadas pertinentes durante el octavo período de sesiones;
  • Que el Presidente-Relator actualizará y publicará el proyecto de instrumento jurídicamente vinculante a más tardar a finales de julio de 2023 y promoverá un programa de trabajo para la novena sesión.

Entre las conclusiones de la sesión se destaca que:

  • Fue bien recibido por el grupo de trabajo los mensajes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
  • El grupo de trabajo reconoció que las discusiones y la negociación se centraron sobre el contenido del proyecto de instrumento jurídicamente vinculante, así como la participación y compromiso de los Estados, las organizaciones intergubernamentales, los derechos humanos nacionales instituciones, sociedad civil, organizaciones empresariales, sindicatos y todas las demás partes interesadas;
  • El grupo de trabajo espera recibir el proyecto de instrumento jurídicamente vinculante actualizado junto con el programa de trabajo y las modalidades durante el noveno período de sesiones a realizarse en 2023.

 

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