En Ecuador el referéndum convocado para el 21 de abril plantea entre sus preguntas uno de los ejes centrales para la agenda de los gobiernos neoliberales en América Latina: la protección extraordinaria de las inversiones extranjeras. El referéndum consulta sobre la posibilidad de que el país retorne al sistema de arbitraje internacional para dirimir disputas de inversores contra el Estado, dando pie nuevamente a que Ecuador sea parte del tristemente célebre mecanismo ISDS (Investor State Dispute Settlement).

Los tratados de protección de las inversiones no han garantizado la llegada de inversiones a Ecuador, pero sí han tenido efectos gigantescos sobre el Estado y su capacidad de regular el capital extranjero. Un reciente reporte muestra que Ecuador ha recibido 29 demandas mediante el mecanismo ISDS, la mitad de ellas en sectores extractivos (hidrocarburos y minería). De las 21 demandas que ya tuvieron una resolución por parte de los tribunales arbitrales, Ecuador perdió en 14 de esos casos, es decir, en dos tercios. Esto significó que el país fue condenado a pagar a inversores extranjeros 2.906 millones de dólares, además de los gastos asociados a la defensa y los pagos al centro de arbitraje. Estas condenas han sucedido incluso en casos como las demandas de Chevron, donde la justicia nacional ecuatoriana había probado ampliamente el daño ambiental y sobre la salud causado por la empresa en la Amazonía ecuatoriana.

El mecanismo de arbitraje ISDS ha generado numerosas críticas desde el ámbito académico, profesional y de la sociedad civil, entre las que destacan la falta de transparencia en los procedimientos arbitrales, la ausencia de imparcialidad y de independencia de los árbitros y los altos costos del proceso de arbitraje, mayores a un juicio en cortes nacionales. Ademas, se trata de un sistema unilateral, donde solo el inversor puede iniciar una demanda y los Estados sólo pueden defenderse. En definitiva, es un mecanismo hecho por y para los inversores, ya que les brinda acceso a una vía judicial privada, paralela y privilegiada, saltando la justicia nacional.

Frente a esta realidad, se planteó este Foro Virtual con representaciones internacionales y nacionales para amplificar, socializar y difundir información urgente que la ciudadanía ecuatoriana necesita conocer para entender los perjuicios de los arbitrajes internacionales frente a la soberanía nacional.

Participaron en el foro:

1. Ana María Suárez, FIAN Internacional: ¿Qué significa que un estado se someta a los arbitrajes internacionales?
2. Pablo Dávalos, analista económico: ¿Cuáles podrían ser los impactos económicos para el Ecuador al someternos a los arbitrajes internacionales?
3. Vivian Idrovo, Alianza por los Derechos Humanos: ¿Cuáles podrían ser los impactos en los derechos humanos?
4. Jayro Salazar, UDAPT: Caso ejemplar del impacto del arbitraje internacional.
5. Moderación: Adrián Cornejo, CDES.

Organizaciones de la sociedad civil denuncian que existen riesgos de captura corporativa del proceso de negociación liderado por Delegación de Ecuador en Ginebra.

Quito, 27 de octubre de 2023

Durante la semana del 23 al 27 de octubre, se desarrolló en Ginebra la novena sesión del Grupo Intergubernamental para la elaboración de este instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas y DDHH, creado por la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Cabe recordar que, desde el inicio del proceso en el año 2015, este grupo de trabajo está presidido por el Embajador de Ecuador en Ginebra. Actualmente ese cargo lo ocupa el señor Cristian Espinoza Cañizares.

La negociación reflejó la gran asimetría de intereses entre la sociedad civil y los estados del Sur Global que buscan mecanismos efectivos para hacer efectivas las obligaciones vinculantes de las empresas transnacionales frente a vulneraciones de derechos humanos, y los países desarrollados.

Una especial preocupación despertó la actuación del Embajador Cristian Espinoza, Presidente del Grupo de trabajo Intergubernamental, que lejos de facilitar el proceso buscó introducir un nuevo borrador de Tratado acorde con los intereses de los países desarrollados y las transnacionales, que buscan evitar que se establezcan obligaciones vinculantes para las empresas, ignorando el consenso alcanzado entre los Estados participantes luego de nueve años de trabajo del Grupo Intergubernamental  y las demandas de la sociedad civil para que se cumpla el mandato de la Resolución 26/9.

Incluso se llegó al despropósito de sugerir la necesidad de una nueva resolución para redefinir el ámbito de trabajo y el alcance de las negociaciones, lo que tuvo como respuesta una abrumadora oposición de parte de los Estados participantes y de la sociedad civil, que exigieron más bien el reimpulso del proceso de negociación.

Las principales controversias durante las negociaciones

A pesar de que este año sólo se pudo revisar los tres primeros artículos del borrador de tratado, entre los puntos más controvertidos se encuentran: a) la falta de obligaciones jurídicas directas para las empresas en materia de derechos humanos; b) la decisión de incluir todo tipo de empresas o, en el espíritu de la Resolución 26/9, solo las transnacionales y sus cadenas de suministro, y c) la amenaza de desprotección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Otros temas de preocupación tienen que ver con la posición del Reino Unido y de Estados Unidos de quitar el acento del borrador en las transnacionales, la demanda de utilizar la categoría “abuso de derechos humanos” en lugar de “violaciones de derechos humanos”, y el uso de la palabra “responsabilidad” de las empresas en lugar de “obligaciones”.

Las organizaciones de la sociedad civil participantes apuntaron que el proceso de negociación y la conducción realizada por diplomáticos ecuatorianos, evidencian una creciente influencia de las transnacionales y ciertos Estados del Norte, lo que subraya la necesidad de una coordinación global de la sociedad civil para defender el avance del proceso de adopción de un instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos. Estos hechos demuestran que el Gobierno de Guillermo Lasso ha fracasado en materia de Derechos Humanos. Se espera que la administración del Presidente Daniel Noboa, asuma con responsabilidad este proceso y se impuse la creación de un instrumento jurídicamente vinculante en materia de Derechos Humanos y empresas Transnacionales.

(Bruselas) Este lunes 23 de octubre, en el corazón de Bruselas, se llevó a cabo una destacada conferencia que reunió a jóvenes activistas y representantes de la sociedad civil de todo el mundo en el Parlamento Europeo. El evento, que marcó el Día 1 de la conferencia, tenía como objetivo resaltar la importancia de la participación activa de las instituciones europeas en el desarrollo de negociaciones para un tratado global vinculante sobre empresas y derechos humanos.

Durante la conferencia, se expusieron preocupantes casos de impunidad y abuso corporativo en diferentes partes del mundo. Se destacaron ejemplos impactantes, como el de la Provincia de Jujuy en Argentina, donde la reforma del código de los recursos naturales se realizó sin consulta previa, libre e informada, resultando en despojo, enfermedades y pobreza en las comunidades indígenas afectadas por la extracción de litio.

Tras explicar los casos de Camerún, se abordaron serias afectaciones a los derechos a un ambiente sano y la alimentación debido a las operaciones de empresas palmeras, como SOCAPALMA, que han provocado la contaminación de ríos y el acaparamiento de agua y tierra. Además, se destacaron los conflictos de tierras en Ndiaël, en Saint-Louis, Senegal, donde la empresa African Agriculture Inc., del sector agroindustrial, ha explotado 20,000 hectáreas de tierras expropiadas a más de 37 aldeas y pueblos campesinos. Esto ha llevado al empobrecimiento y la migración de los jóvenes en busca de mejores oportunidades, socavando su soberanía alimentaria y medicinal.

Por último, se analizó el caso de Indonesia, donde la intensa actividad minera y metalúrgica ha generado la privatización y contaminación del agua, accidentes con represas y la explotación del níquel, a menudo relacionada con la explotación de carbón. Estos acontecimientos plantean interrogantes sobre la verdadera intención de la descarbonización y cuestionan la transición energética.

Los asistentes reflexionaron sobre la necesidad urgente de responsabilizar a estas empresas, dada la falta de marcos normativos sólidos en el sistema actual.

Como parte del evento, se presentó el documental "The Illusion of Abundance" [La Ilusión de la Abundancia], que aborda estas problemáticas de manera detallada. 

La conferencia concluyó con dos paneles, uno sobre marcos regulatorios relacionados con empresas y derechos humanos, y otro sobre el tratado vinculante. En el panel sobre marcos regulatorios, FIAN Ecuador presentó una ponencia relacionada a la urgente necesidad de contar con marcos normativos vinculantes que vayan más allá de la debida diligencia y aborden eficazmente la impunidad corporativa.

Este evento ha demostrado el compromiso de los jóvenes y la sociedad civil en la lucha por la justicia y los derechos humanos en el ámbito empresarial, y su determinación de trabajar en conjunto para lograr un tratado global que garantice la responsabilidad de las empresas en relación con los derechos humanos.