(Quito) La Red de Mujeres Rurales del Ecuador y FIAN Ecuador se reunieron con Olivier De Schutter, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el marco de su visita oficial a Ecuador.
Durante el evento, la RED entregó un informe que recoge varios casos y temáticas donde se identifican vulneraciones a los derechos de las mujeres campesinas indígenas y afro, y cómo estos ahondan la problemática de la extrema pobreza en las áreas rurales.
El Relator Especial de la ONU continuará sus reuniones con diferentes organizaciones sociales para examinar la situación en el país hasta el 8 de septiembre. La visita oficial de De Schutter ofrece la oportunidad de proporcionar al nuevo gobierno una evaluación independiente de la #pobreza y su erradicación.
El informe está disponible para su descarga: Clic aqui
Las comunidades rurales que conviven con el Páramo de Kimsakocha, en la provincia de Azuay, recibieron el lunes 28 de agosto de 2023 la aceptación de la acción de protección que prohíbe las actividades mineras dentro de este territorio.
La demanda, presentada por las comunidades de Girón, Victoria del Portete, Tarqui y San Pedro de Escaleras, con el apoyo de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), fue resuelta en un plazo de casi un año. Durante ese tiempo, las comunidades realizaron una serie de plantones y acciones lúdicas en la ciudad de Cuenca para defender el agua de Kimsakocha.
En rueda de prensa, Arariwa Sigcha, presidente de la FOA, destacó que esta decisión hace que la justicia en el Azuay haya reconocido la lucha que las comunidades llevan librando desde hace 30 años. “Nuestro sueño es erradicar de una vez por todas el extractivismo minero de nuestros páramos”, señaló Sigcha.
La Corte Provincial de Azuay consideró las vulneraciones al derecho a la consulta previa, libre e informada, a la consulta ambiental, así como al derecho al agua y a la naturaleza. Yaku Pérez, abogado patrocinador y parte de la FOA, explicó que la sentencia determina la suspensión de la actividad minera hasta que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) cumpla con la realización de una consulta previa libre e informada, así como la consulta ambiental. Asimismo, el MAATE y la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento y Gestión Ambiental del cantón Cuenca (ETAPA) deberán informar periódicamente del estado de la flora y fauna, así como de la calidad del agua.
Foto Archivo FOA
Las mujeres que participaron de la rueda de prensa coincidieron en que la lucha por la defensa de Kimsakocha continuará y que ellas permanecerán en resistencia defendiendo el agua y la vida. Míriam Chuchuca, de la FOA, señaló: “Ganamos una demanda vital para la supervivencia de nuestras comunidades, porque somos agua y si nos contaminamos es la muerte de nuestros pueblos”.
Para las comunidades que han llevado históricamente la defensa de Kimsakocha, este es un hito importante que se suma a los triunfos en las urnas del Chocó Andino y del Yasuní del pasado 20 de agosto, y que es un avance en la lucha anti-minera en el ámbito nacional.
Como FIAN Ecuador compartimos la alegría por esta noticia y saludamos el esfuerzo que las comunidades llevan librando desde hace 30 años en la defensa de su derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada. Además, esperamos que, en el marco del Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal de las Nacionales Unidas para la República de Canadá, tanto empresas como el gobierno canadiense, respeten esta resolución que pone como prioridad el derecho a la consulta previa libre e informada.
En los últimos años, hemos sido testigos de fenómenos climáticos extremos que han impactado a comunidades enteras y desafiado nuestras capacidades de adaptación. Uno de los eventos más conocidos es el fenómeno de El Niño, un acontecimiento natural que trae consigo inmensos cambios en el clima y afecta la vida en todo el planeta. A medida que enfrentamos una creciente incertidumbre climática, resulta fundamental comprender y actuar frente a fenómenos como El Niño. Es aquí donde entra en juego un elemento clave: la preservación de los humedales.
El Niño es un fenómeno climático que ocurre en la región ecuatorial del Océano Pacífico, caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del mar. Las autoridades internacionales advierten su llegada para el ultimo trimestre del 2023 y esperan que se mantenga hasta marzo del siguiente año.
Las consecuencias de este fenómeno climático son diversas y devastadoras, ya que afecta la distribución de las precipitaciones y las temperaturas en todo el mundo. Algunas regiones sufren sequías extremas, mientras que otras se ven inundadas por fuertes lluvias e inundaciones, lo que afecta a la disponibilidad de alimentos en Ecuador poniendo en riesgo el Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuada (DHANA). Ecuador ha sido afectado en 1982 y 1997 por este fenómeno, que cobró decenas de vidas y destruyó gran parte de los cultivos[1], así como de la infraestructura vial, que sumaron millonarias pérdidas económicas para la época.
Humedal Las Garzas (Palenque)
Ante este panorama, los humedales emergen como auténticos guardianes naturales que desempeñan un papel esencial en la regulación hídrica. Los humedales, como los manglares, marismas, lagunas y pantanos, tienen la capacidad de actuar como esponjas gigantes que absorben y almacenan agua durante los períodos de lluvia intensa. Así, actúan como barreras naturales que mitigan el impacto de las inundaciones, protegiendo a las comunidades cercanas y reduciendo los riesgos para la vida y la infraestructura.
Pero la función de los humedales no se limita solo a la absorción del exceso de agua. En los momentos de sequía y escasez de lluvias, liberan gradualmente el agua almacenada, manteniendo el caudal de los ríos y los niveles freáticos estables. Esta regulación hídrica es crucial para asegurar un suministro sostenible de agua para la agricultura, el consumo humano y la conservación de la biodiversidad.
Desafortunadamente, la degradación y la pérdida acelerada de los humedales son una realidad preocupante en muchos lugares del mundo, pero sobre todo en Ecuador. Reportó el portal digital Mongabay en 2021 que, desde 1995 hasta la actualidad el país ha perdido más de 2 millones de hectáreas de bosque tropical, es decir, cerca del 7,8 % de la superficie total del Ecuador, una cifra conservadora, a sabiendas que no existe un sistema que monitoree a las decenas de humedales que hay en el país que son catalogados en muchos casos como pajonales sin un valor agrícola o también como ‘zonas de sacrificio”.
Humedal Las Garzas (Palenque)
Este fue el caso del sistema de humedales Las Garzas, localizado al nororiente del cantón Palenque. En un cantón cuyo principal problema es la falta de agua para riego, la existencia de este humedal, dicho por quienes conviven con este ecosistema, es un privilegio que garantiza la producción de alimentos, tanto para el auto consumo como para la venta. No obstante, desde el 2021 se pretende implementar una bananera en la zona sur del humedal cuya propiedad traslapa el humedal en una superficie aproximada de 40 hectáreas. Para este fin la bananera ha realizado varias acciones con la finalidad de drenar el humedal afectando a las especies animales y vegetales y a las funciones ecológicas de este ecosistema. Una acción negativa que persiste y que aún no ha sido sancionada por las autoridades ambientales competentes, a sabiendas que los humedales han sido declarados ecosistemas frágiles en el Art. 406 de la constitución, y que según el Art. 471 del COOTAD se establece que “(…) de ninguna manera se podrá fraccionar bosques, humedales y otras áreas consideradas ecológicamente sensibles de conformidad con la ley”.
En este caso, conservar el Humedal Las Garzas, en el marco del fenómeno del Niño constituye un ahorro en términos de infraestructura[2]. Acaso, ¿no es mejor conservar el humedal como protección para futuras afectaciones por cambios climáticos de esta naturaleza, en lugar de convertirlo en una bananera?
La pérdida de humedales como Las Garzas, significa una mayor vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático, incluyendo el aumento de la intensidad y frecuencia de fenómenos como El Niño y por ende pone en riesgo el acceso a alimentos sanos de las comunidades afectadas.
Por tanto, es imperativo tomar medidas urgentes para preservar y restaurar los humedales, empezando por el Sistema de Humedales Las Garzas. Aun cuando existen 18 humedales protegidos en Ecuador bajo convenio RAMSAR, es necesario que las autoridades nacionales y locales, las organizaciones sociales y la sociedad en su conjunto se unan en un esfuerzo coordinado para proteger estos ecosistemas vitales, permanentemente amenazados. Esto implica establecer áreas protegidas, incorporar en los PDOT[3] de los GAD[4] la categoría de “ecosistemas frágiles”, aplicar políticas de uso sustentable del agua con prelación de uso en el consumo humano y el riego que garantice la soberanía alimentaria sobre otras actividades, como dicta la ley, además de fomentar prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente.
Drenado del Humedal Las Garzas para la implementación de una bananera
El fenómeno de El Niño nos recuerda la fragilidad y complejidad de nuestro sistema climático global. Si deseamos enfrentar los desafíos climáticos venideros, debemos reconocer la importancia crítica de los humedales como reguladores hídricos. Conservar estos ecosistemas no solo protege a las comunidades rurales, sino que también contribuye a la mitigación de los efectos del cambio climático. Es nuestra responsabilidad actuar con determinación y cuidado, para garantizar un futuro para las generaciones venideras donde prime el Derecho a una Alimentación y Nutrición Adecuada y los Derechos de la Naturaleza.
[2] A inicios de agosto del 2023, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de USD 500 millones para Ecuador para enfrentar el fenomeno del Niño, y será reembolsado a lo largo de 19 años.
[3] Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Es indignante que, en medio de la grave crisis ocasionada por las inundaciones en la provincia de Esmeraldas, se haya sumado un derrame de petróleo que obligó a suspender el servicio de agua en tres cantones cuando más se necesitaba de la misma para las labores de limpieza y recuperación de viviendas y espacios públicos.
Pese a contar con la refinería petrolera desde el año 1977, la bonanza prometida del petróleo no ha repercutido en la vida digna de la población esmeraldeña. El 51% de la población de la provincia de Esmeraldas vive en situación de pobreza según el INEC. Mientras tanto, los impactos de la industria petrolera en el cantón y en la provincia se traducen en daños y graves afectaciones en la vida cotidiana de sus habitantes, sobre todo quienes están alrededor de la misma. En la actualidad los sectores del sur cercanos a la refinería de Esmeraldas, reportan olores fuertes a gas y diesel en las mañanas y en la noche, asunto directamente relacionado con la operación de la refinería y que tiene consecuencias negativas sobre la salud humana.
No podemos olvidar tampoco el incendio del 26 de febrero de 1998, considerada la mayor catástrofe de la refinería, produciendo más de 40 muertes y cientos de personas heridas. Además, el derrame registrado en medio de la inundación no es el primero, se han registrado derrames de magnitud similar en los años 2003, 2017 y 2018, sobre los cuales no ha habido ningún tipo de reparación.
La realidad de Esmeraldas es una situación de injusticia social, ambiental y económica. Al igual que en la Amazonía en Esmeraldas el Estado implementa sus grandes proyectos sin ningún tipo de precaución ni reparación a la población, como si se tratara de territorios y pueblos que pueden ser contaminados, desechados y sacrificados para el bienestar de otros. Es un acto de racismo ambiental que no lo podemos pasar por alto y que denunciamos.
Habiendo pasado ya un mes desde las inundaciones y del derrame de petróleo, se han tomado pocas medidas concretas y está la amenaza de cerrar los albergues, a pesar de que las personas aún no recuperan sus viviendas ni medios de vida. Un ejemplo de la indignación y desesperación de la población se evidenció el pasado 3 de julio cuando moradores del sector “50 casas”, cerraron la vía principal del sur de Esmeraldas para exigir atención por parte de las autoridades. La inseguridad y altos índices de delincuencia, que en gran parte es fruto de la injusticia social acumulada que vive la provincia, es otra situación que no da tregua ya que, además de las pérdidas por la inundación, también hay que estar alerta para no perder las pocas pertenencias que todavía les queda, ante el peligro de la delincuencia.
Rechazamos las declaraciones de varias autoridades de gobierno que, por buscar deslindarse de sus responsabilidades históricas y actuales con la provincia de Esmeraldas, han catalogado a estos hechos como consecuencia exclusiva e inevitable del cambio climático pretendiendo desconocer que el mismo cambio climático es consecuencia de un modelo depredador de la Naturaleza que este gobierno ha profundizado. Esta situación pudo haberse evitado si las autoridades contaran con un sistema de prevención ya que no es la primera vez que ocurre este tipo de daños en la ciudad y en la provincia. Así, la falta de acciones concretas de las autoridades seccionales y el silencio del gobierno Nacional frente a las demandas de la población, prolongan y agravan la injusticia social en la provincia y empujan a la población a vivir en mayores escenarios de violencia y afectaciones de manera sistemática al buen vivir en la provincia de Esmeraldas.
Por lo antes expuesto, los distintos colectivos sociales del Ecuador, que abogamos por desarrollar reglas claras para frenar el abuso corporativo, y una tutela eficaz de los Derechos Humanos, exhortamos:
Al Gobierno Nacional. -
Generar y aplicar políticas públicas claras de prevención y gestión de riesgos, tendientes a evitar nuevos desastres como consecuencia de los fenómenos naturales y meteorológicos extremos derivados de la crisis climática, que afectan a la salud, a las fuentes de agua, al ambiente de la población de la provincia de Esmeraldas.
Los distintos derrames de crudo que se han producido en la Refinería de Esmeraldas, demuestran que la empresa PETROECUADOR, no ha implementado ninguna medida adecuada de prevención. Por ende, la empresa y sus operadores son responsables tanto administrativa como penalmente por el daño causado a la naturaleza y a la población. Pese a esa responsabilidad, hasta este día no conocemos que el MAATE ni la Fiscalía hayan implementado procesos reales y transparentes de investigación y sanción a los responsables. Por tanto, exhortamos y exigimos a implementar todas las acciones pertinentes a fin de garantizar que estos desastres no se vuelvan a repetir y a realizar una reparación integral frente al daño causado.
Exhortamos a la empresa Petroecuador a aprovechar adecuadamente el gas que hoy quema en los mecheros o teas, para evitar futuros accidentes y no contaminar el aire, agua y cultivos de las áreas circundantes.
Implementar planes y programas reales que impulsen el desarrollo económico integral y prioritario de la población esmeraldeña. De tal forma, que se reduzcan los niveles de pobreza y extrema pobreza.
Exigimos que se realicen brigadas de salud con especialistas para atender a la población afectada y prevenir futuras enfermedades.
A los Gobiernos Autónomos Descentralizados . –
Definir con claridad el plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Esmeraldas que incluya un plan de reubicación de todos los barrios aledaños a la refinería de Esmeraldas para evitar nuevos desastres.
Realizar controles permanentes de la calidad de aire, agua y suelo en los barrios circundantes a la Refinería de Esmeraldas.
Implementar sistemas de captación de agua, de lugares completamente seguros, y que no estén expuestos ni en riesgo de ser contaminados por hidrocarburos.
(Quito) La Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas (UOCE), visitó la ciudad de Quito junto a sus comunidades de base y varios representantes de los gobiernos parroquiales del Cantón Muisne, para denunciar la emergencia sanitaria que viven en las zonas rurales de Esmeraldas afectadas por las inundaciones.
Esta mañana en rueda de prensa realizada en los bajos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los dirigentes exigieron la urgente reparación de las vías que conectan sus territorios, dado que la problemática vial ahonda en la crisis sanitaria y alimentaria sobre todo de las zonas rurales.
Para Ángel Arias, Presidente del GAD Cabo San Francisco, el daño de la vía, sumado al deterioro del puente, mantienen incomunicadas a las familias de Cabo San Francisco, Galera, San Gregorio y Quingue, lo que dificulta la llegada de la ayuda humanitaria y transporte de alimentos desde y hacia las comunidades. “Declararon en emergencia la red vial de la provincia, pero no se toman en cuenta nuestras vías que también son de primer orden”, señaló Arias.
Al problema vial, se suma el problema sanitario. Nancy Bedón de la UOCE, recalcó la premura de construir un plan de contingencia para la emergencia sanitaria, debido a que empiezan a incrementarse los casos de dengue, problemas pulmonares e intestinales en las zonas rurales.
Para Bedón, es importante que el plan se lo construya con un componente de mediano y largo plazo que incorpore los futuros impactos de fenómeno del Niño y sobre todo en el ámbito productivo, dado que muchas familias han perdido sus cosechas producto de la inundación. Es el caso de la Parroquia San Gregorio donde la inundación alcanzó los tres metros de altura, cubriendo los cultivos de cacao y frutales en su totalidad, afectándolos permanentemente.
El recorrido de la delegación que inició a las 8 am en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se trasladó en horas de la mañana hacia el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, para luego finalizar en la Presidencia de la Republica. Con la consigna de: “Muisne está inundado, y nadie lo ha escuchado”, caminaron por las avenidas principales de la Capital, resaltando su problema actual. La delegación prevé varias visitas en los próximos días para establecer diálogos con las autoridades nacionales y trasladar apoyos solidarios desde la ciudad capital hacia las comunidades afectadas.
Nota: Compartimos la Propuesta campesina para la superación de la emergencia junio 2023, realizado por la UOCE donde se muestra un diagnostico situacional de la población rural afectada por las inundaciones recientes realizado por la UOCE y las propuestas nacidas desde las comunidades para resolver esta problemática.
En la mañana del 18 de abril, organizaciones sociales pertenecientes a la Vía campesina y al Comité de Agricultura Familiar Campesina, se citaron en el pleno de la Asamblea Nacional a exigir la ratificación de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP).
Exposición de Romelio Gualán CNC Eloy Alfaro
Las organizaciones sociales, subrayaron la oportunidad que significa la UNDROP en la construcción de condiciones de igualdad y justicia social en las áreas rurales. Pacha Terán, representante del Comité de Agricultura Familiar Campesina, rescató el papel de la mujer rural en el trabajo del cuidado y en la producción de alimentos: “Es un acto de justicia básica para el sector campesino, (…) Respeten las realidades de los campesinos y campesinas”, señaló Terán.
Foto: Comunicación Asamblea Nacional
Romelio Gualán, vocero de la CNC Eloy Alfaro, insistió en la urgencia de la ratificación señalando las múltiples vulneraciones a los derechos de los pueblos campesinos: “acabaron con nuestras semillas, contaminaron los ríos y nadie ha dicho nada. (…). Han pasado 5 años y parece que se olvidaron de quienes damos de comer al pueblo ecuatoriano”. Para Gualán, la ratificación es un nuevo camino que se abre para las comunidades y organizaciones campesinas en la construcción de políticas publicas y en la exigibilidad de sus derechos.
Tras las exposiciones, se dio lectura a la petición del Asambleísta Xavier Santos, en cuyo documento se colocaron los cinco elementos en los que se enmarca esta ratificación, donde constan:
Ratificar la importancia y la transversalidad de la UNDROP para los pueblos campesinos del Ecuador y del mundo.
Velar por el cumplimiento a través de sus órganos y de las unidades técnicas de asesoría de las Comisiones permanentes y ocasionales para impulsar en estricto apego a los plazos y procesos establecidos en la Constitución y la ley orgánica de la función legislativa iniciativas que promuevan los derechos de las y los campesinos del país establecidos en la declaratoria, especialmente los relacionados a crédito ágil, oportuno, tasa de interés y períodos de gracia preferentes para salud, educación y seguridad social.
Declarar que UNDROP se convierta en un insumo prioritario para la creación, reforma y propuestas de ley generadas en la Asamblea Nacional de Ecuador.
Instar a todas las instituciones del Estado al cumplimiento de la Declaración transversalizando los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales en todas las políticas y programas públicos que estén vigentes o se generen por el Estado Ecuatoriano.
Notificar con el contenido de la presente resolución a los titulares de las funciones ejecutiva, judicial, electoral y de transparencia y control social.
Foto: Comunicación Asamblea Nacional
Con 102 votos, y 4 abstenciones en la Sesión 864, la Asamblea Nacional ratifica el compromiso con la realización de los derechos campesinos, asumido por el Estado Ecuatoriano en diciembre del 2018, siendo este un acto coherente con el comportamiento internacional del Estado. Para las organizaciones campesinas, el camino recién empieza, ya que se prevé un gran trabajo con las bases de las organizaciones para demandar la implementación de los 24 derechos que contiene UNDROP y que esto permita construir verdaderas políticas públicas pensadas desde la justicia social y la dignidad de quienes habitan los territorios campesinos.
Foto: Comunicación Presidente Asamblea Nacional
Más sobre la Declaración
La Declaración fue escrita por campesinas para campesinas. Está basada en nuestras realidades y experiencias en el territorio. Da cuenta de las relaciones que tenemos con la tierra, así como también de las opresiones que compartimos por parte de las compañías transnacionales y el agronegocio, y el daño que sufrimos como consecuencia del capitalismo ilimitado, el libre comercio y las estructuras patriarcales.
Podemos usar la Declaración como una caja de herramientas para enfrentar la discriminación y la opresión. Tiene el potencial de protegernos a través de políticas nacionales y regionales, defendernos en la justicia, informarnos a través de la educación popular y asistirnos en nuestras comunicaciones con los medios.
UNDROP es una Declaración de ONU sobre los Derechos Humanos. Aunque una firma no es en sí misma jurídicamente vinculante para los Estados, su contenido es, a menudo, un reflejo de las obligaciones internacionales de derechos humanos jurídicamente vinculantes.
Es la primera vez en la historia que una Declaración aborda las realidades y necesidades específicas de campesinos, campesinas y comunidades rurales en forma de derechos humanos y obligaciones de los Estados.
La Declaración fue escrita por campesinas para campesinas. Está basada en nuestras realidades y experiencias en el territorio. Está basada en nuestras realidades y experiencias en el territorio. Da cuenta de las relaciones que tenemos con la tierra, así́ como también de las opresiones que compartimos por parte de las compañías transnacionales y el agronegocio, y el daño que sufrimos como consecuencia del capitalismo ilimitado, el libre comercio y las estructuras patriarcales.
Pensemos en la Declaración como una caja de herramientas que podemos usar cuando nos enfrentemos con la discriminación y vulnerabilidad de campesinos y campesinas, como:
Expropiación de la tierra, desalojos y desplazamientos forzados;
Discriminación de género
Ausencia de reforma agraria y de un avance en políticas de desarrollo;
Ausencias de salarios mínimos y protección social;
Criminalización de los movimientos y de las personas que defienden los derechos humanos.
La Declaración fue finalmente aprobada por la Asamblea General de la ONU el 17 de diciembre de 2018 después de cinco sesiones de negociaciones en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) en Ginebra. La Declaración fue adoptada por 121 Estados.
Ecuador fue parte del grupo central de negociación de la Declaración, incluso actuó como presidente en algunas de las sesiones. la no implementación de UNDROP sería una acción incoherente con el comportamiento internacional del Estado, afectando su reputación en cuanto a la seriedad con la que el ECUADOR asume su rol en las negociaciones internacionales.
Cuanto más compartamos la información sobre la Declaración en nuestras comunidades y organizaciones, más protegidos estaremos en los canales legales y políticos. Compartir información y diseminar la educación popular son los primeros pasos importantes para implementarla.
Es por ello que compartimos, documentos comunicativos importantes al momento de diseminar los derechos colectivos en nuestras comunidades rurales. Esta lista seguirá creciendo en la medida que vayan apareciendo nuevos materiales comunicativos:
Cuadernillos para personas defensoras de derechos (2025): Tres guías didácticas que forman parte del Curso-Taller de capacitación y actualización “Defensoras y Defensores de Derechos”, un proceso pedagógico desarrollado en conjunto con el Área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar- Sede Ecuador, cuyo contenido reúne las principales temáticas abordadas durante este proceso, enfocándose en la promoción de los derechos humanos, colectivos y la protección de las comunidades rurales a través de los derechos consagrados en la UNDROP.
Cartilla educativa sobre Derechos campesinos y de otras personas que trabajan en el campo (2020): Esta cartilla es un esfuerzo para que las organizaciones indígenas campesinas conozcan esta hazaña de su historia, la importancia de los derechos para sus vidas y lo que implica que existe una declaración de las Naciones Unidas para la exigencia de sus derechos. Coordinación: IEE y FIAN Ecuador
Para seguir avanzando en camino de esta lucha, La Vía Campesina y sus aliados Fian, Cetim y la Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, se han unido para crear un sitio web dedicado a la aplicación de la la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de lxs campesinxs y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP). El objetivo de este sitio web es ser una herramienta colectiva de promoción de la DDC para que todo el mundo se apropie de ella y la utilice. Será un lugar de información y formación, como para compartir las actuales iniciativas alrededor del mundo, ya sea en los tribunales, a través de las políticas o en las calles. El sitio tejerá puentes entre la información y la acción.
Hoy, 17 de abril se cumplen 2572 días de la expedición de la sentencia del Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil (2016), que da la razón a los 44 personas integrantes de la Asociación de Montubios Autónomos de Colimes (ASOMAC), respecto al violento despojo de su tierra sufrido en 2015. Y aun cuando ha pasado demasiado tiempo para hacer efectiva esta sentencia, las autoridades y funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), sin ninguna otra razón que favorecer a quien no le asiste el derecho, se niegan caprichosamente a cumplirla.
Desde su conformación, ASOMAC está gestionando la legalización de la tenencia de la tierra, pero las acciones clientelares de los gobiernos de turno han entorpecido este proceso, de forma violenta han reducido su territorio, y aun cuando cuentan con varias acciones judiciales y administrativas desplegadas para reconocer el derecho a sus tierras, la respuesta desde el Estado no llega.
Es necesario recordar que los campesinos, las campesinas y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a acceder a la tierra, las masas de agua, los pastos y los bosques, así como a utilizarlos y gestionarlos de manera sostenible para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar en el que vivir con seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura.
Esa paz y dignidad que plantea la Declaración de los Derechos campesinos, solo se puede conseguir cuando el MAG adopte todas las medidas urgentes y necesarias para ejecutar la sentencia judicial; revertir la adjudicación a favor de terceros sin derechos a la tierra; adoptar medidas de reparación urgentes para las más de 100 familias integrantes de ASOMAC; y por último que se lleve un adecuado proceso de titulación a favor de ellos en el menor plazo posible.
Hoy 17 de abril, si el Estado ecuatoriano quiere rendir homenaje a las luchas históricas de quienes nos alimentan, es urgente su respuesta favorable sobre este caso. Mientras, seguiremos exigiendo:
¡ #JusticiaParaASOMAC !
Los links que están distribuidos en el documento son parte de la Campaña #CampesinosPorDerechosDeAsociación, producida por el Colectivo PRODH, CoopDocs y FIAN Ecuador en 2022
La crisis actual por el aumento en el costo de vida afecta especialmente a las mujeres y en particular a aquellas que habitan las áreas rurales, quienes enfrentan obstáculos adicionales para ejercer sus derechos desde los más básicos.
En las crisis económicas, sociales y ambientales, son las mujeres rurales las más afectadas, por la falta de acceso a los recursos productivos, servicios e información, la carga de tareas domésticas y de cuidados no remunerados, entre otros, además de la discriminación social tradicional. A esto hay que sumarle la expansión de las industrias extractivas como la minería, el petróleo y la agroindustria, la cual, tiene como consecuencia la vulneración de su derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada.
La autonomía de las mujeres es un factor esencial para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos. El control sobre su cuerpo, su salud integral, el derecho a una vida libre de violencia, el acceso a la tierra y la capacidad de generar recursos propios y la plena participación en la toma de decisiones que afectan su vida y su colectividad, constituyen pilares fundamentales para lograr una mayor igualdad de género. No obstante, la situación no ha cambiado mucho y en la crisis actual las mujeres rurales siguen siendo las más afectadas.
Y es que la implementación de políticas de características neoliberales, ahondaron los problemas estructurales de las mujeres del campo. El endeudamiento, la falta de acceso a bienes naturales, y las crisis del trabajo del cuidado que se intensificó tras la pandemia, fueron algunos de los detonantes para que en junio 2022, se conviertan en parte de las demandas presentadas en el marco del Paro Nacional, donde por 18 días, el movimiento indígena, sectores de trabajadores, trabajadoras, docentes, estudiantes, campesinos, campesinas, mujeres y disidencias y otras expresiones de la sociedad civil se movilizaron para exigir, entre otros, la condonación de deuda de las productoras a pequeña y mediana escala, precios justos en los productos del campo, la no ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera y el respeto de los 21 derechos colectivos[1].
En este contexto del Paro Nacional fueron las mujeres principalmente quienes activaron y sostuvieron las ollas comunitarias como expresión de una economía política de los cuidados en momentos de resistencia y lucha social por demandas que aparecen como coyunturales pero que movilizan demandas estructurales. Fueron las ollas comunitarias las que se convirtieron en espacios de reunión y asamblea, permitiendo alimentar debates sobre las dinámicas sociales, económicas y culturales que afectan a los territorios y fueron las ollas comunitarias las que también se convirtieron en espacios de esperanza permitiéndoles pensar en los sueños, en autonomías, en una vida con dignidad dando cuenta de la importancia de la alianza campo/cuidad y la necesidad de transitar hacia la autogestión, la soberanía alimentaria y la reivindicación de los saberes populares.
Así como las mujeres con las ollas comunitarias sostuvieron el Paro Nacional las mujeres rurales resisten, defienden y sostienen los territorios amenazados a diario por el avance del modelo neoliberal. Ejemplo de lucha y resistencia han sido las mujeres Saraguro en Gualel el pasado 23 de febrero. Ante el intento de ingreso al territorio de la minera Guayacan Gold respaldados por la fuerza pública, las mujeres Saraguro se tomaron el sector “Loma del Oro”, y con dignidad defendieron su páramo de la megaminería.
Esta al igual que otras muchas luchas tiene características de feminismo comunitario[2] que va recorriendo el continente. Éste integra la lucha histórica y cotidiana de los pueblos para la recuperación y defensa del territorio tierra, como una garantía de espacio concreto territorial donde se manifiesta la vida de los cuerpos. Desde ese lugar se organiza, primero la defensa de su territorio cuerpo, en la comunidad en contra de las violencias de género y luego, en el territorio por la defensa frente a proyectos extractivos como la minería.
Es una apuesta que busca revertir el proceso histórico de opresión contra la naturaleza y sus bienes, donde el actual sistema extractivista neoliberal, desde su visión de desarrollo pretende “mejorar la vida de los pueblos”, con estrategias de participación en involucramiento de las comunidades en el trabajo extractivista para mejorar su condición de pobreza. Una contagiosa apuesta desde la recuperación y defensa de nuestro territorio cuerpo – tierra para generarle vida, alegría, vitalidad, placeres y construcción de saberes liberadores para la toma de decisiones y la dignidad a sus territorios. Es una apuesta que nos muestra un camino hacia una vida con dignidad para todas y todos, incluyendo los que aún están por venir y la naturaleza.
“Cuentan nuestros ancestros que, desde que llegaron a las montañas de Palenque, el humedal Las Garzas siempre fue una fuente de agua y mucha biodiversidad, que jamás lo agredieron porque era y hasta los actuales momentos es fuente de sustento para la soberanía alimentaria”.
Manifiesto de la Coordinadora en Defensa del Agua para la Vida “Humedal Garzas Grandes” 2 de enero 2022
La cuenca baja del Río Guayas, es una región que ocupa gran parte de la provincia del Guayas y Los Ríos. Esta es una de las zonas más fértiles del país, su por lo que, desde hace décadas, ha sido un sitio de disputa para los capitales agroindustriales. Durante este tiempo, el modelo agrícola industrial, ha venido transformado el paisaje agrario, la agricultura campesina diversificada ha sido reemplazada por agricultura bajo contrato o por grandes extensiones de monocultivos de cacao, caña, banano, palma aceitera, entre otras.
La ampliación descontrolada de la frontera agrícola ha alcanzado incluso a las zonas de ecosistemas frágiles y amenazados, como son los humedales y otras fuentes de agua, provocando paulatinamente su desaparición o condicionamiento en sus procesos ecológicos generando impactos negativos tanto para la naturaleza como para las poblaciones campesinas que interactúan con ellos y que gracias a ellos garantizan su derecho a la Alimentación.
Dentro de la Provincia de Los Ríos, existe un gran sistema de humedales y ríos interconectados por aguas subterráneas que sirven como remanentes de agua dulce, pues los humedales son entornos caracterizados por el almacenamiento natural de agua, aportando resiliencia contra la sequía, brindando protección contra las crecidas y los impactos de las tormentas, proporcionando alimentos y ofreciendo hábitats diversos que apoyan la biodiversidad genética de especies animales y vegetales. Uno de los humedales más importantes de este sistema está ubicado en el Cantón Palenque y se lo conoce como “Las Garzas”.
El 9 de diciembre 2021, pobladores de la zona de influencia del Humedal Las Garzas, denunciaron el ingreso de maquinaria de la empresa Export Jaime S.A. con la intención de iniciar trabajos de remoción de cobertura vegetal, acarreo de tierras, construcción de muros de tierras y un canal de drenaje de agua para drenar las aguas del humedal con el fin de implementar una plantación de banano a gran escala. Dicho drenaje disminuyó el acceso al agua en más de 10 comunidades que conviven con el humedal. Cabe señala que los trabajos iniciaron sin contar con los permisos ambientales y sin que se haya realizado una consulta ambiental como lo expresa el Art. 184 del Código Orgánico Ambiental.
A partir de este hecho, las comunidades afectadas formaron la Coordinadora en Defensa del Agua para la Vida “Humedal Garzas Grandes” (en adelante CDAHG), y comenzaron un proceso de cabildeo respecto a la protección del Humedal orientado al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (en adelante MAATE), al Municipio de Palenque, la Dirección de Derechos de la Naturaleza de la la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE) y la Contraloría General del Estado del Ecuador. Este acontecimiento llamó la atención de varios medios de comunicación y levantó la solidaridad no solo de organizaciones cercanas al sitio, sino que a nivel nacional convocó a un sinnúmero de organizaciones a pronunciarse en solidaridad con las demandas de la CDAHG y expresando su preocupación ante el impacto socio ambiental, por la vulneración del derecho a la alimentación, los derechos de la naturaleza y sobre aquellos que forman parte de la Declaración de derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (en adelante UNDROP) que están sufriendo tanto el Humedal “Las Garzas” como las familias campesinas.
Desde entonces, la DPE inició una Investigación Defensoría, la cual desembocó en una visita al sitio el 25 de mayo 2022, que contó con la presencia de trabajadores de la futura bananera, abogada de la empresa ExportJaime S.A., y más de 60 comuneros afectados que explicaron los problemas ocasionados por el drenaje del humedal. La visita recogió la demanda de las comunidades de parar el drenado del humedal por ser un sitio ecológico donde habitan numerosas especies, y de donde se sirven de agua para el consumo y para las actividades agrícolas; no obstante, en el documento de la DPE respecto a la visita, los acuerdos recogidos fueron diferentes, lo cual exigió un llamado de atención de la CDAHG.
A pesar de estar en el sitio y de presenciar el drenado del humedal, la DPE decidió cerrar el caso por considerar que no hay vulneración de derechos. Según la Providencia emitida por la DPE:
“no se observó afectación alguna a la naturaleza o algún ciudadano en dicha inspección. Tampoco se observó habitantes cerca al predio o caseríos y en la misma diligencia se recibió documentación de habitantes del Recinto La Libertad (ubicado a 3 km. del predio aprox.), quienes respaldaban la ejecución del proyecto de una empresa privada”;
y se estableció:
“la improcedencia de continuar con el presente trámite acorde con las competencias de la Defensoría del Pueblo”, con ello el archivo del expediente del Humedal.
Frente a ello, las organizaciones: Acción Ecológica, FIAN Ecuador, Oficina Pro defensa de la Naturaleza y sus derechos, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Colectivo Pro Derechos Humanos (ProDH), Unión Tierra y Vida, Centro Agrícola Cantonal del Quevedo y la Agencia Ecologista de Información Tegantai, nos convocamos el viernes 15 de julio 2022 para realizar una misión de verificación al Humedal Las Garzas. El objetivo de la misión fue recrear el recorrido realizado con la DPE el 25 de mayo 2022, así como visitar otros sitios que la comunidad consideró importantes para recoger material cualitativo de las afectaciones al humedal y escuchar los testimonios de las personas de la comunidad a través de entrevistas y conversaciones grupales. Esto, con la finalidad de establecer los impactos socio-ambientales respecto al déficit hídrico constante producido por el drenado del humedal, hallazgos que forman parte del presente informe.
Durante el evento, la RED entregó un informe que recoge varios casos y temáticas donde se identifican vulneraciones a los derechos de las mujeres campesinas indígenas y afro, y cómo estos ahondan la problemática de la extrema pobreza en las áreas rurales.
