El predio Los Ángeles está ubicado en el cantón Durán y cuenta con 94 hectáreas. Este predio está en posesión de treinta y un familias que han participado como socias de la Asociación Ni Un Paso Atrás y la Asociación Unidos Venceremos. En este predio viven cerca de trescientas personas –adultas mayores, juventudes e infancias–, muchas de ellas han vivido allí toda su vida. Cada familia cuenta con una hectárea aproximadamente, se dedica al cultivo de arroz y a la producción de alimentos para el autoconsumo; estas actividades las combinan con la pesca artesanal desde hace veinte y seis años. En este predio no se puede cambiar el uso de suelo porque las labores agrícolas están dedicadas a la producción de arroz para la soberanía alimentaria.

Frente al predio Los Ángeles se encuentra la Isla Mocolí, una isla que se destaca por su infraestructura urbanística opulenta, con conjuntos residenciales de alto nivel, lagos artificiales, extensos jardines y áreas verdes, con terrenos de 2,500m² y servicios exclusivos que incluyen muelle y campo de golf. Mocolí es la isla privada cinco estrellas donde se vive una vida que se contrapone a la realidad del predio Los Ángeles, cuyos despojos, acaparamientos de tierras y de derechos irrumpen los proyectos de vida de las familias campesinas.

Los Ángeles está ubicado en un lugar estratégico porque tiene acceso al Río Babahoyo y, por lo tanto, también tiene conexión con el Río Guayas. Por esta razón, este predio genera interés para quienes realizan distintos tipos de actividades comerciales. Desde la época de la pandemia, las empresas camaroneras de tierras altas mostraron interés en poseer este predio. Frente a la negativa de vender las tierras por parte de las familias campesinas, la estrategia de una empresa camaronera en particular encauzó divisiones organizacionales internas, y direccionó cambios en las directivas de las asociaciones por medio de manipulaciones.

Tras la elección de nuevas directivas, se generaron formas para excluir a las personas asociadas que no estaban de acuerdo con la venta del predio a la empresa camaronera. Es así que, el 1 de noviembre del 2023, se realizó la exclusión de veinte y cinco personas asociadas por oponerse a la venta de las tierras.

Para concretar la compra del predio, la empresa camaronera realizó una compra anticipada de producción de arroz por diez años en beneficio de la Asociación Unidos Venceremos por lo que realizó un pagó de 480.000usd en efectivo. Con ese dinero, la Asociación Unidos Venceremos canceló de contado la adjudicación del predio Los Ángeles al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

De esta manera, el 22 de noviembre del mismo año –el último día de gobierno de Guillermo Lasso–, el MAG, que suele tomarse años en resolver conflictos de tierras, esta vez operó con rapidez y eficacia, e hizo efectiva la adjudicación del predio a la Asociación Unidos Venceremos, integrada en esta ocasión solo por las personas socias que estuvieron de acuerdo en vender las tierras. Esta ágil operación del MAG permitió que el 13 de diciembre del 2023 se efectivice la venta ilegal del predio Los Ángeles a la empresa camaronera. La ilegalidad de la venta radica en que, de acuerdo con el Artículo 40 de la Ley Orgánica de Tierras y Territorios Ancestrales,  luego de cualquier adjudicación de tierras se debe esperar como mínimo 15 años para comercializar los predios, luego de haber cumplido con el Plan de Trabajo o plan de  Manejo aprobado por el MAG:

“Las tierras adquiridas y adjudicadas a las organizaciones campesinas por la Autoridad Agraria Nacional, a través de los recursos del Fondo Nacional de Tierra, no podrán ser enajenadas durante quince años contados desde el día de su inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente”. Paradójicamente, para este caso, la venta fue realizada en menos de 30 días, sin recibir observación alguna de la autoridad estatal.

Desde principios del 2025, las amenazas a las familias campesinas que habitan en el predio Los Ángeles se han ido incrementando. Por ejemplo, a mediados del mes de febrero, el gerente de la empresa camaronera denunció a las familias de Los Ángeles por supuestamente haber invadido los predios de la camaronera. El texto de la denuncia recoge lo siguiente:

“Desde el día 15 de febrero del 2025, personas desconocidas, las cuales rehúsan a identificarse, sin ningún título habilitante, se han apoderado arbitrariamente al predio rural de propiedad de mi representada, efectuando actividades agrícolas de manera indebida, antitécnica e ilegal, sin contar con autorización alguna por parte de mi representada”.  

Aun cuando las familias de Los Ángeles tienen una presencia histórica previa y consolidada en el territorio, frente a actores como la camaronera que se instaló de forma reciente, son tratados como “extraños”, y su presencia y acciones son vistas como “ilegales”.

Recientemente, el día 24 de mayo del 2025, la empresa camaronera profundizó los actos de presión, y procedió a colocar una puerta de acceso en el camino. Este acto invasivo es una clara vulneración al derecho a la libre circulación de las 60 familias campesinas, las cuales se ven impedidas de poder acceder libremente a sus predios a realizar sus labores agrícolas, violentando su derecho a la tierra, a la soberanía alimentaria y al DHANA puesto que no están logrando acceder a sus medios de producción de los cuales dependen para sobrevivir. Sumado a esto, en horas de la mañana del 6 de junio, por orden de la empresa camaronera y con resguardo de guardias privados, una maquinaria pesada ingresó al predio a realizar un canal en una de las parcelas de una compañera campesina.

Esta realidad adversa se vive en el predio Los Ángeles aun cuando la Constitución del Ecuador garantiza sus derechos fundamentales como el derecho al agua, la tierra, la alimentación, la soberanía alimentaria y la libre circulación. Asimismo, las personas que habitan Los Ángeles, se ven protegidas por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Campesinas, Campesinos y de otras personas que trabajan en Zonas Rurales (UNDROP), en su Artículo 17 establece que:

“Las personas campesinas y quienes trabajan en zonas rurales que hayan sido privados arbitraria o ilegalmente de su tierra tienen derecho, individual o colectivamente, en asociación con otras personas o como comunidad, a regresar a la tierra de que hayan sido privados arbitraria o ilegalmente”.

Las familias campesinas del predio Los Ángeles no pueden ser consideradas invasoras en sus propios predios, porque esas tierras les pertenecen. No aspiran a lujos ni a urbanizaciones amuralladas como sus vecinos de la Isla Mocolí; su anhelo es mucho más profundo. La tierra, para ellas, no es un bien negociable: es su raíz, su casa y su futuro. Lo que reclaman es el derecho elemental a sembrar y cosechar dignidad, a habitar y cuidar el suelo que, generación tras generación, ha cuidado de ellas.

Editorial por el Día de las Luchas Campesinas

Cada 17 de abril, las organizaciones campesinas de todo el mundo conmemoran las luchas históricas por la tierra, el agua y la vida digna. En Ecuador, esta fecha nos invita a revisar las obligaciones del Estado frente a la población rural y, a vísperas del inicio del nuevo ciclo presidencial, a preguntarnos: ¿la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Campesinos, Campesinas y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP) es realmente vinculante? La respuesta, tanto jurídica como ética, es un rotundo sí.

El bloque de constitucionalidad: puerta de entrada a la UNDROP

El art. 424 de la Constitución ecuatoriana dispone que los tratados internacionales de derechos humanos ―cuando reconozcan derechos más favorables que los ya contemplados en la Carta Magna― prevalecen sobre cualquier otra norma. A ello se suma el art. 425, que sitúa a los tratados de derechos humanos inmediatamente después de la Constitución en la jerarquía normativa, y el art. 426, que obliga a jueces y autoridades a aplicar de manera directa e inmediata esos instrumentos, incluso si las partes no los invocan.

Aunque la UNDROP no es un tratado sino una declaración, la propia Corte Constitucional ha dejado claro, en la sentencia 11‑18‑CN/19, que los derechos pueden derivarse también de “otros instrumentos internacionales” siempre que sean necesarios para garantizar la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Es decir, el reconocimiento de la UNDROP encaja en el bloque de constitucionalidad y puede aplicarse directamente cuando amplía o desarrolla derechos ya consagrados en la Constitución.

Convergencias entre la UNDROP y la Constitución ecuatoriana

La Carta Magna de 2008 reconoce, por ejemplo, el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada (DHANA) (art. 13), la soberanía alimentaria (art. 281), el derecho al agua (art. 12) y la protección de la biodiversidad (art. 14). La UNDROP profundiza estos mandatos:

• Art. 15: derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria
• Art. 17 y 21: derecho al agua.
• Art. 18: derecho a un ambiente sano y biodiverso.
• Art. 19: derecho a las semillas
• Art. 20: derecho a la diversidad biológica

Estas coincidencias evidencian que la UNDROP no introduce “nuevos” derechos ajenos al sistema jurídico ecuatoriano; más bien fortalece y detalla obligaciones ya asumidas por el Estado.

En conjunto, tanto la Constitución como sentencia 11‑18‑CN/19 de la Corte Constitucional, refuerzan las obligaciones del Estado ecuatoriano de garantizar y proteger los  derechos humanos, especialmente los de los grupos más vulnerables.

De la norma a la acción

Reconocer lo vinculante de la UNDROP no es un ejercicio académico: implica legislar, presupuestar y ejecutar políticas públicas que garanticen la tierra, el agua, la agrobiodiversidad y la participación efectiva de las comunidades campesinas en las políticas públicas. Significa, además, que los jueces pueden y deben citar la UNDROP al resolver casos donde se vulneren los derechos de las personas que habitan las áreas rurales.

Un llamado en el Día de las Luchas Campesinas

Ecuador fue uno de los países impulsores de esta importante Declaración. Es por ello que la implementación de UNDROP debería ser considerada una prioridad para el recién electo presidente del Ecuador y para quienes ocuparán cargos importantes en la nueva Asamblea Nacional. Garantizar el respeto, protección y realización de los derechos que se reconocen en la UNDROP insta a:

1. Incorporar explícitamente la UNDROP en leyes agrarias, ambientales y de soberanía alimentaria.
2. Asignar recursos para la transición agroecológica y la protección de defensores y defensoras de la tierra.
3. Capacitar a la judicatura para aplicar la UNDROP en procesos judiciales y administrativos.
4. Rendir cuentas periódicas sobre el avance de estas obligaciones ante la sociedad civil.
5. Instar en la Asamblea Nacional a que ratifique cada uno de los derechos consagrados en la UNDROP, y se reconozca explícitamente que el campesinado es sujeto de derechos y de especial protección.

La UNDROP no es un anhelo distante ni un texto simbólico: es un compromiso jurídico que puede transformar la realidad de quienes siembran, cosechan y sostienen la alimentación del país. Este 17 de abril recordemos que las luchas campesinas no buscan caridad, sino el cumplimiento pleno de derechos que ya son vinculantes. Implementarlos es cuestión de justicia y, sobre todo, de dignidad.

#DerechosCampesinosYA