El principio de indivisibilidad de la Pachamama y la correlación de todo ser vivo con ella, es el pilar fundamental del pensamiento y la forma de vida de los pueblos indígenas. Este es hoy el argumento básico para la defensa del Planeta, de la Humanidad y de la Vida y uno de los principios fundamentales milenarios que perviven a pesar de la universalidad y el sometimiento del pensamiento occidental.
La nueva Constitución del Ecuador reconoce este principio como el del Sumak Kawsay o el Buen Vivir. Sin embargo, dicho reconocimiento constitucional dista mucho aún de la transformación real del modelo económico y de sociedad que brote de profundos cambios socioeconómicos, de género, de los sentidos y de los proyectos colectivos.
En la perspectiva de las transformaciones que deben impulsarse para empezar el camino hacia el Sumak Kawsay, la Soberanía Alimentaria y el Derecho a la Alimentación, resultan imperativos:
La re-significación de la comunidad como modelo colectivo de producción y reproducción de la vida en el que se plasma la integralidad, la inter-relacionalidad y la complementariedad entre toda forma de vida.
La re-significación de la Madre Tierra como fuente de interrelaciones vitales, diferentes de las asignadas por el mercado y el capital.
La defensa de la tierra y el agua, como centro de la conformación de un espacio vivido y sentido que da lógica al territorio.
La re-significación de la ruralidad como espacio de vida, que no se constriñe a lo productivo, ni a lo agrícola o pecuario. El campo adquiere su sentido, pues, no solo como una parte de la tierra, sino de la Naturaleza.
Y la re-significación de lo urbano, que no debe proyectarse únicamente desde el consumo.
Es en ese nuevo contexto de re-significaciones necesarias en el que debe inscribirse la lucha por la tierra, por la Soberanía Alimentaria y el Derecho a la Alimentación: es decir, la defensa de un espacio de vida que incluya el acceso equitativo a los medios de producción.
Las políticas de Estado deben estar dirigidas, entonces, a lograr la eliminación de la desigualdad en el acceso a los factores de producción. Por tanto, dichas políticas deben reconocer las diversas formas de propiedad y de producción para romper con la visión de derechos de propiedad absoluta y/o individual y transitar hacia gestiones colectivas, definidas en torno al interés social común y los Derechos de la Naturaleza.
Dicha situación se ha visto agravada por la falta de decisión política del gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado, para ejecutar de una vez por todas el “Plan de Fomento del acceso a tierras a los productores familiares en el Ecuador”, más comúnmente conocido como el “Plan Tierras y Territorios”. Mediante este Plan, el Gobierno se propuso reducir la absoluta inequidad existente en el Ecuador en la distribución de la tierra, capaz de abatir incluso el coeficiente de Gini de 0.8 a 0.7.
El caso de los afectados por la represa Daule Peripa es una demostración evidente de injusticia que ha cometido el Estado Ecuatoriano contra una población que por mas de 20 años ha quedado abandonada de toda posibilidad de desarrollo y enfrentando sola graves problemas de vialidad, salud, educacion, productividad, trnasformacion de estilo de vida, cultura y valores de los campesinos y campesinas de la región.
FIAN Internacional participó en la elaboración de la Observación General No. 12 sobre el Derecho a la Alimentación del Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Fue una de las organizaciones que promovió la implementación de las Directrices Voluntarias de la FAO para el DaA aceptadas en 2004. Ha apoyado a las organizaciones sociales desde los años 90 en sus demandas políticas, en particular a la Vía Campesina en su lucha por la Soberanía Alimentaria. Actualmente, participa en el debate de una nueva estructura de la FAO que contemple mecanismos más participativos donde se escuche la voz de la mayoría.
Varias organizaciones sociales en todo el mundo están empezando a aplicar el enfoque de Derechos Humanos en políticas públicas relacionadas con la tierra. La Conferencia Internacional sobre la reforma agraria y el desarrollo rural (ICCARD por sus siglas en inglés) organizada por los Estados miembros de la FAO en colaboración con el gobierno de Brasil en marzo de 2006 despertó un gran interés en la implementación de programas de acceso amplio, seguro y sostenible a la tierra, agua y demás recursos naturales dirigidos a combatir la pobreza y desnutrición y promover los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en particular de mujeres y grupos más marginalizados. Recientemente, la FAO - dando seguimiento a la ICCARD - inició un proceso de discusión y participación para la adopción de las directrices voluntarias para la tenencia de la tierra y otros recursos naturales. El Comité de Planificación Internacional (CIP) – red global de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que trabaja por la soberanía alimentaria - considera que es importante que la FAO aplique un enfoque de derechos humanos no solo en su trabajo sobre acceso a la tierra y recursos naturales para la producción de alimentos, sino también como parte de su marco estratégico de acción.
La primera parte de esta cartilla presenta una reseña sobre cómo el hambre continúa siendo un problema para la humanidad, con referencias de datos sobre el aumento paulatino del hambre en el mundo y, específicamente, en el Ecuador. Al mismo tiempo, aborda las razones estructurales de la crisis del sistema agroalimentario.