(Quito). El martes, 25 de agosto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó el proceso de verificación de firmas que respaldan el pedido de consulta popular propuesto por la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón (UNAGUA – Girón) para impedir el desarrollo del proyecto minero Loma Larga, ubicado en sector Kimsakocha, provincia del Azuay.

Al inicio de la jornada, el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo explicó a representantes de UNAGUA-Girón que se han realizado mejoras al mecanismo de verificación de firmas para que el proceso esté apegado a los principios de “pro-participación” y “pro-democracia”.

“Queremos que este proceso llegue a feliz término, queremos que se tome en cuenta esta petición ya que está en juego nuestra agua” expresó Virgilio Ramón, presidente de UNAGUA-Girón.

Por su parte, Pablo Piedra, abogado del Colectivo YASunidos, pidió que la verificación de firmas esté apegada a las normas constitucionales y que se apruebe la consulta para que sea la gente quien decida sobre este tema”.

A las 15H00, el CNE dio a conocer los resultados a representantes de UNAGUA-Girón y miembros del Colectivo YASunidos que participaron como “observadores”. De los 2184 registros (firmas), calificaron 1577 firmas, cifra superior a la mínima requerida.

Hasta la próxima semana, el CNE deberá enviar un informe de legitimidad a la Corte Constitucional quien a su vez, en un tiempo razonable, deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsakocha (Quimsacocha)?”.

De darse esta consulta popular, sería la primera en el país sobre extractivismo, pero también podría ser la última si la Asamblea Nacional aprueba el paquete de enmiendas constitucionales que, entre otras, limita la iniciativa ciudadana para proponer consultas “sobre cualquier asunto”.

Al finalizar la jornada, miembro de UNAGUA y YASunidos mostraron satisfacción en el proceso de revisión y festejaron los resultados con consignas como: Viva Kimsakocha, viva el agua, fuera la minería!!

Antecedentes

Kimsakocha está localizado en la Cordillera Occidental de los Andes, al sur de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay. Comprende una superficie de 10.226,85 hectáreas, ubicada en la divisoria de dos grandes cuencas hidrográficas (Río Jubones y Río Santiago). Las extensas zonas de páramo que cubren este territorio lo convierten en fuente de agua para los cantones Cuenca, San Fernando, Girón y Santa Isabel.

En la zona existen 8.030 hectáreas concesionadas para el proyecto minero “Loma Larga” a cargo de la empresa canadiense INV Metals. La empresa canadiense IAMGOLD fue dueña original del proyecto y aún mantiene un interés en el mismo debido a que controla el 47% de las acciones de la empresa INV Metals.

En abril del 2012, habitantes del cantón Girón iniciaron un proceso de solicitud para convocar a consulta sobre minería ante la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral. El 29 de enero de 2015, más de dos años y medio después de ser entregada la solicitud, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó a las comunidades los formularios para que inicien con la recolección del 10% de las firmas del registro electoral de este cantón para dar paso a la consulta, tal como establece la ley.

El 29 de julio las organizaciones involucradas entregaron los formularios que contenían las firmas de respaldo a la autoridad electoral para la verificación.

Monitoreo de medios

Diario La Hora. CNE califica firmas para consulta en Quimsacocha. Disponible en:

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101856681/-1/CNE_califica_firmas_para_consulta_en_Quimsacocha.html#.Vd4hMyVVikq

Ecuavisa. CNE analiza firmas para aprobar consulta popular en Quimsacocha. Disponible en: http://www.ecuavisa.com/video/1-minuto/noticias-1-minuto-9

Diario El Mercurio. Validan 1.577 firmas para consulta minera. Disponible en:

http://www.elmercurio.com.ec/492747-validan-1-577-firmas-para-consulta-minera/#.Vd4hliVVikp

Diario El Tiempo. CNE aprueba firmas para consulta en Quimsacocha. Disponible en:

http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/167252-cne-aprueba-firmas-para-consulta-en-quimsacocha/

“Como dejan bien claro las autoras y los autores de esta reveladora edición del  Observatorio, la adecuación nutricional y el bienestar son dimensiones integrales del derecho a una alimentación adecuada –y deben abordarse como tal. La nutrición de los pueblos y la soberanía alimentaria corren el riesgo de ser socavadas por las prácticas depredadoras de los agronegocios que incansablemente buscan el máximo beneficio a todo coste”.

 Hilal Elver, actual Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación

La nutrición de los pueblos no es un negocio

El creciente control de las empresas sobre los sistemas y recursos alimentarios, las instituciones, los espacios de políticas y las estructuras de gobernanza, al que comúnmente se hace referencia como “captura corporativa”, supone un gran riesgo para los derechos humanos. El mundo está siendo testigo de esta realidad desde América hasta Asia, en particular desde la crisis alimentaria mundial de 2008 que azotó a las sociedades en todos los rincones del planeta. Está claro que el modelo económico actual no puede asegurar las condiciones para que los gobiernos nacionales cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluido el derecho a una alimentación adecuada y a la nutrición.

Los enfoques corporativos han llevado a una separación artificial de la nutrición y los sistemas alimentarios sostenibles, resultando en soluciones verticales, técnicas y basadas en productos que ignoran los determinantes sociales, económicos, políticos, ambientales, culturales y de salud. En un mundo en el que cientos de millones de personas están subalimentadas y en el que 500 millones padecen obesidad, las comunidades de todo el mundo consideran que evitar la captura corporativa es una cuestión crítica. La soberanía nutricional de los pueblos y los principios fundamentales de derechos humanos son pilares inalienables para hacer frente a la desigualdad, la opresión y la discriminación, y es clave democratizar las sociedades nacionales y mundiales.

La edición de 2015 del Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición pone el foco en la nutrición y revela los impactos de las operaciones empresariales en los medios de vida de los pueblos. El concepto de nutrición se evalúa desde una perspectiva de derechos humanos, yendo más allá de la mera medición de nutrientes en los alimentos y los cuerpos humanos para considerar el contexto socioeconómico y cultural en el que se alimentan los seres humanos. "La nutrición de los pueblos no es un negocio" explora las visiones de la nutrición en conflicto, las causas de la malnutrición y las respuestas de políticas, que a menudo afectan a las mujeres de forma desproporcionada, entre bastidores y en la esfera pública. Deja al descubierto los abusos y la impunidad corporativos generalizados, y presenta recomendaciones para que los Estados prevengan y castiguen las iniciativas que obstaculizan el disfrute del derecho a una alimentación adecuada y a la nutrición.

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Fuente: Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición

El 15 de octubre de 2015, en la Ciudad de Guayaquil, se desarrolló el “Encuentro Nacional de Mujeres Rurales por el Derecho a la Alimentación”, evento que contó con la participación de representantes de organizaciones campesinas de la Costa, Sierra y Amazonía[1]. Este evento organizado por FIAN Ecuador, contó además con el respaldo del Observatorio de Cambio Rural (OCARU), Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE), Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones Campesinas del Litoral (FECAOL) y FIAN Suecia.

Este encuentro, que se desarrolló en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural y el Día Mundial de la Alimentación[2], tuvo como objetivo fomentar el intercambio de experiencias de lucha por los recursos naturales, la protección de la naturaleza y los roles de las mujeres rurales en la construcción de la soberanía alimentaria desde el ejercicio del derecho a la alimentación; realizar un primer balance de la situación alimentaria en Ecuador; y, establecer un articulación de las mujeres rurales para la consolidación de una agenda de incidencia en las políticas públicas relativas a la soberanía alimentaria.

Monitoreo del derecho a la alimentación desde las mujeres rurales: Avances y limitaciones para la soberanía alimentaria

Las mujeres rurales indígenas y campesinas han tenido un papel importante para el desarrollo de la propuesta de la soberanía alimentaria y en la lucha por el derecho a la alimentación. Según la FAO, en los países en desarrollo, las mujeres rurales suponen aproximadamente el 43 por ciento de la mano de obra agrícola y producen, procesan y preparan gran parte de los alimentos disponibles (Organización de Naciones Unidas Disponible enhttp://www.un.org/es/events/ruralwomenday/). Sin embargo, persiste la discriminación y desigualdades de género en el sector rural.

En las jornadas nacionales por el Derecho a la Alimentación, las mujeres rurales del Ecuador evaluaron la situación alimentaria, acceso a tierra y agua y los impactos de las políticas de desarrollo en los territorios y vida de las mujeres.

• Conservación de semillas nativas, situación alimentaria y nutrición en el sector rural

En Ecuador, el 61% de las mujeres del área rural se dedican a actividades de agro producción en el país, a través del aporte de mano de obra calificada, no calificada y trabajo productivo no remunerado (Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017). De acuerdo a esta información, las mujeres son las que en mayor medida aportan a la soberanía alimentaria, no sólo por la producción de bienes agrícolas, crianza de animales menores y aves de corral, sino por el aporte que realizan con mano de obra no remunerada en procesos productivos y trabajo doméstico no remunerado y de cuidados (Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017).

Las mujeres rurales a nivel nacional cuentan con proyectos e iniciativas que promueven la soberanía alimentaria, fortalecen las expresiones culturales alimentarias, promueven la protección y conservación de semillas nativas, producción ancestral libre de agroquímicos y comercialización del productor al consumidor. En la jornada del “Encuentro Nacional de Mujeres Rurales” se resaltó la experiencia del Comité Central de Mujeres de la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi (UNORCAC) que cuentan con pequeñas áreas para la producción de hortalizas, tubérculos, frutas, así como en la producción de los cultivos que tradicionalmente realizan las familias como: maíz, fréjol, arveja, cochos, habas, papas, mellocos, ocas, zambo, quinua, amaranto, jicama, camote entre otros, con enfoque agro ecológico; cuentan, además, con la feria agroecológica “La Pachamama nos Alimenta” en donde se comercializa la “producción sana y nutritiva de las comunidades” (Luz Andrade-UNORCAC).

Esta feria funciona todos los domingos donde participan alrededor de 80 a 150 familias de las comunidades. El Comité Central de Mujeres-UNORCAC también realiza “Ferias de Gastronomía Andina” para rescatar la alimentación sana y crear un ingreso económico para los grupos de mujeres. Mediante la “Feria de Semillas” se visibiliza la biodiversidad y se intercambia o compra semillas nativas entre las participantes. Todas estas actividades, entre otras, sirven para que las mujeres rurales y urbanas realizan incidencia para que se reconozca la agro-biodiversidad y la gastronomía del cantón Cotacachi como patrimonio cultural. Por su parte, la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (AMWAE) desarrolla prácticas productivas sostenibles como la producción de cacao para la elaboración del “chocolate WAO” y el tejido de artesanías con fibra de chambira. Por este tipo de actividades, la Asociación fue reconocida a nivel internacional por desarrollar activas amigables con el medio ambiente y que aportan al desarrollo de las comunidades amazónicas.

También se destacaron las experiencias de las mujeres agrupadas en el Centro de Sanación Casaloma (Azuay) que desarrollan actividades para la recuperación de saberes medicinales ancestrales, las mujeres de la Comunidad Indígena La Toglla con la elaboración de cedazos en base a pelo de caballo y artesanías, la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas (UOCE) que ha puesto a funcionamiento la Escuela de Agroecología y Formación Política “Justina Quiñonez” para fomentar y elaborar fincas de producción agroecológica.

 Sin embargo, las mujeres rurales consideran que existen programas estatales que van en contra de la soberanía alimentaria. Por ejemplo, desde instituciones gubernamentales se “oferta y promueven el uso de semillas certificadas que es una forma de inducir a las comunidades y el sector rural que se vuelvan dependiente de insumos que no son locales y de ciertos cultivos de alimentos”.  En cuanto a la nutrición, se señala que, “las intervenciones del Estado en las comunidades rurales se basan en charlas de alimentación y nutrición pero no se realiza charlas ni capacitaciones sobre prevención de enfermedades. Los problemas de salud pública en el sector rural como diabetes, hipertensión y colesterol siguen siendo enfermedades persistes en los adultos, mientras que, la anemia, hepatitis y obesidad son enfermedades frecuentes en niños”.

• El derecho a la tierra y agua

Pese a la importante participación en la producción agrícola, la mayoría de mujeres indígenas y campesinas tienen limitado acceso a recursos productivos como tierra, agua, créditos. Según el III Censo Nacional Agropecuario, de las 842.882 unidades de producción agrícola –UPAS, que existen en el país, el 25,4% están en manos de mujeres productoras y el 74,6% de los hombres. Del total de UPAS que están a cargo de las mujeres, el 46,7% tienen una extensión menor a 1 ha. y el 16,1% menos de 2 has, es decir, el 62,8% de mujeres producen en UPAS menores a 2 has (III Censo Nacional Agropecuario INEC, 2000 en Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017). Estos datos reflejan las desigualdades y discriminación de género en el derecho al acceso a tierra, que según las mujeres rurales, esta situación se agrava por el avance del modelo de producción agrario y rural basado en la expansión de la agroindustria, monocultivos (palma africana, teca) y camaroneras (Esmeraldas y Los Ríos); presión por la expansión inmobiliaria (Pichincha), expansión de la frontera petrolera (Pastaza y Orellana) y apertura minera (Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe). Pero también en zonas como Cotacachi (Imbabura), existe la extranjerización de la tierra que generan procesos de invasión y destrucción de propiedad comunal y asociativa y el incremento y especulación con los precios de las tierras productivas.

Existe también una preocupación de los impactos del Acuerdo Comercial entre Ecuador y la Unión Europea debido a la apertura de la inversión extranjera en la compra de tierras productivas.

En cuanto al acceso al agua, la Constitución del 2008 garantiza el acceso al agua para las comunidades tanto para consumo humano como para riego, pero las mujeres rurales consideran que el agua está acaparada en las florícolas, bananeras y las grandes haciendas. Otra situación de preocupación es la ubicación de proyectos mineros en fuentes hídricas como el caso Quimsacocha que amenaza con la dotación de agua para las futuras generaciones. También consideran que la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento se aprobaron en favor de los grupos de poder ya que limita la gestión comunitaria y participación de los usuarios del agua tanto en la administración, uso y gestión de este recurso.

• Impactos de las políticas de desarrollo en las mujeres rurales

Para las mujeres rurales, el modelo productivo en el sector rural, ligado al cambio de la matriz productiva, no tiene la noción de la soberanía alimentaria. Si bien existen programas para la agricultura familiar y campesina a pequeña escala, como préstamos por parte del Banco del Fomento, capacitación para las mujeres en la producción artesanal y comercialización por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social (Amazonía), entrega de plantas frutales y maderables por parte del MAGAP (Esmeraldas, Azuay), el apoyo que se brinda a la explotación petrolera, agroindustria y minería es mucho mayor, mostrando así, los grandes privilegios que gozan los grupos de poder, especialmente las grandes empresas transnacionales, frente a la economía campesina y rural de pequeña escala. Por ejemplo, las mujeres de la Amazonía manifestaron que actualmente se está impulsando las actividades petroleras en las provincias de Pastaza y Orellana, que avanzan hacia el territorio Waorani y una parte Yasuní. Las mujeres waoranis han impulsado una lucha para que no avance la explotación petrolera a su territorio porque conocen como esta actividad ha causado enfermedades, contaminación ambiental y varios problemas sociales en otros lugares de la Amazonía. Igualmente, en el caso de la minera amenaza las fuentes de agua para la producción agrícola y ganadera.

El modelo agroexportador y agricultura intensiva basada en los agro-negocios promueve la producción de alimentos de baja calidad por la utilización de productos químicos. Según las mujeres rurales, este tipo de agricultura “produce comida y alimentos envenenados por la tecnología que vulneran el derecho humano a un alimentación y nutrición adecuada”.

Las mujeres rurales señalan que el modelo de desarrollo basado en el extractivismo les despoja de los territorios y afecta a su vida en particular ya que los proyectos que se implementan en sus comunidades promueven la precariedad de las actividades económicas locales, contaminan y acaparan los recursos productivos, atentan contra la salud física y emocional y aumentan la violencia física y psicológica en las comunidades.

Hacia una agenda nacional de las mujeres rurales

Frente a la situación descrita anteriormente, las mujeres rurales de la Sierra, Costa y Amazonía realizaron propuestas que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres para alcanzar la soberanía alimentaria y el Buen Vivir. Los principales cambios que proponen son:

• Reconocimiento de las mujeres campesinas e indígenas productoras como actoras económicas y sujetos políticos, que contribuyen a la soberanía alimentaria y la realización del derecho a la alimentación adecuada.
• Acceso de las mujeres rurales a los recursos productivos —tierra, agua, semillas—, crédito e insumos para la producción y comercialización. Realización y disputa del uso y propiedad de la tierra, en forma compartida o directamente. Control de los precios de la tierra y toma de decisiones sobre la venta de tierra por parte de las comunas y no de forma individual para evitar la especulación por fines comerciales.
• Valoración de los conocimientos ancestrales de las comunidades, y en particular de las mujeres. Fomentar la agricultura ancestral, conocida actualmente como agroecología, la protección de semillas nativas para el cultivo de productos sanos y respetuosos con la “pachamama”. Reconocimiento de estas prácticas para garantizar  el derecho a la alimentación y nutrición adecuada.
• Rechazar las políticas públicas que atentan contra las mujeres rurales y urbanas y contra la soberanía alimentaria. Exigir la aplicación de la consulta previa y prelegislativa efectiva ante propuestas legislativas y proyectos extractivos.
• Políticas de comercialización directa de las productoras y acceso al mercado para asegurar que se consuma alimentos sanos sin químicos y productos del campo.
• Fortalecer la organización campesinas y las decisiones de los consejos comunales. Mayor participación de las mujeres para el desarrollo de políticas a favor de  pequeños productores y productoras.

Para dar seguimiento a estas propuestas y en la perspectiva de establecer una agenda para la incidencia y exigibilidad de construcción y cumplimiento de las políticas públicas y realizar procesos de veeduría, las mujeres que participaron de la jornada decidieron desarrollar un nuevo encuentro en los próximos meses en la ciudad de Cotacachi.

Finalmente, el día 16 de octubre, las mujeres rurales participaron del festival agroalimentario más importante del país, “Festival Nacional por la Soberanía Alimentaria”, organizado por la Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones Campesinas del Litoral (FECAOL), en donde dieron a conocer los alimentos, semillas y artesanías que elaboran[3].

Elaboración: Nataly Torres
Fotografía: OCARU

[1] Unión Tierra y Vida (Guayas y Los Ríos), Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras – FENOCIN (Guayas e Imbabura), Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas – UOCE (Esmeraldas), Centro de Sanación Casaloma/Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay – FOA  (Azuay), Corporación de Organizaciones Campesinas Indígenas de Flores – COCIF (Chimborazo), Comunidad Indígena La Toglla (Pichincha), Comité Central de Mujeres de la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi – UNORCAC (Imbabura) y la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana – AMWAE (Pastaza).

[2] En el 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el día 15 de octubre como Día Internacional de las Mujeres Rurales para reconocer “la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural” (Organización de Naciones Unidas Disponible enhttp://www.un.org/es/events/ruralwomenday/). Mientras que, el 16 de octubre de cada año, se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

[3] Ver nota de prensa de Diario El Universo: “Festival Nacional por la Soberanía Alimentaria sirvió para transmitir saber ancestral”. Disponible en

http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2015/10/17/nota/5186390/festival-sirvio-transmitir saberancestral?&utm_source=facebook&utm_medium=social-media&utm_campaign=addtoany

La comunidad ancestral La Toglla está ubicada al nororiente del cantón Quito, en el valle de los Chillos, de la parroquia Guangopolo, provincia de Pichincha; cuenta con 700 habitantes y la extensión de sus tierras comunitarias es de 551 hectáreas. Desde 1839, se reconoció el carácter colectivo de la posesión ancestral de los terrenos mediante mandamiento restitutivo emitido por el alcalde municipal de Quito. En 1923 el Alcalde tercero cantonal de Quito en común acuerdo con la comunidad, adjudicó comunalmente estos terrenos a 276 familias de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política entonces vigente.

Durante un acompañamiento realizado por FIAN Ecuador miembros de la comunidad han expresado que a pesar del reconocimiento legal de las tierras comunales a favor de la comunidad, a partir de 1970 y hasta la fecha, terceros privados ajenos a la comunidad han aparecido con escrituras de propiedad sobre terrenos que se encuentran dentro del territorio de la comunidad, en clara contradicción con las disposiciones del ordenamiento legal ecuatoriano que limita la venta de territorios ancestrales.

Esta situación es recurrente, así nos contó Darío, miembro de la comunidad que relata:

“Algún momento hubo un Comité Pro mejoras que se dedicó a vender terrenos y hay dos grupos responsables de esto, una es la familia Campaña Zurita y la otra es la Cooperativa de Vivienda Hermano Miguel, estas personas ponen oficinas en algunos lugres de Quito y empiezan a ofrecer lotes a gente ingenua. Como cualquier persona que quiere comprar un terreno da una entrada y vienen en algún momento a ver, algunas también a averiguar. También viene gente contratada para ver más o menos en qué condiciones está la gente de la comunidad, para saber si habrá resistencias o no. Por ejemplo esto pasó hoy, un señor llega, me dice que ha visto una publicación en el Internet de la Cooperativa Hermano Miguel y le dijimos que nosotros hacemos monitoreo en Internet y que no hay ninguna publicación de la Cooperativa Hermano Miguel. El señor se quedó callado le dije que el artículo 56 y 57 habla de los derechos colectivos y que esto es una comuna, que tenemos una escritura madre desde 1923. Pero me dice que si no podría entrar de alguna manera y le dije que no, que si algún momento llega a desmembrarse la comuna deja de ser comuna y le dije que será muy difícil que entre a la comuna, aunque pague.

El señor vino a averiguar pero con una intención detrás: saber si la gente tiene conocimiento de por qué defiende la tierra. Esto ocurre continuamente, mínimo unas dos veces al mes.

Hace un mes vino un joven, dijo que se llamaba Milton. Yo le dije que no le creía nada de lo que me había dicho, ni su nombre porque yo le decía que esos son terrenos comunales y él decía que había dado 300 dólares de adelanto y le dije lo que pasaba y que debería avisar a las otras personas que están interesadas en comprar para así evitar estafas.

Yo le dije que averigüe en el Municipio si la Cooperativa está registrada, pero no sabía ni el nombre del vendedor y le dije cómo va a comprar algo que no sabe quién es el dueño.

Si algún momento una persona llega a vender el comprador no va a poder entrar porque son ilegales todos los papeles.”