FIAN Ecuador, en su trabajo por la defensa y promoción del Derecho a la Alimentación –DaA– en el país, contempla diversas acciones que permitan la vigilancia y exigibilidad del mismo desde las propias organizaciones.
Con este propósito, el presente Informe del Derecho a la Alimentación es parte del Programa de Exigibilidad y Monitoreo, a partir del cual se realiza un seguimiento a las políticas que el Estado ecuatoriano implementa para el efectivo cumplimiento del Derecho a la Alimentación, ya contemplado en la Constitución actual en su art. 13.
A partir del trabajo que se viene desarrollando con las organizaciones campesinas e indígenas, se evidencia que el papel de las mujeres en la construcción y defensa de la soberanía alimentaria es permanente y muy importante, porque son ellas quienes producen, preparan y permiten el acceso a los alimentos, para el consumo familiar y el de la sociedad, como forma de sostenimiento de la vida. Asimismo, se observa que las organizaciones de mujeres han incluido temas como el combate a la violen- cia machista, y el cuestionamiento a las relaciones de poder entre hombres y muje- res. Estos aspectos muestran que las mujeres han ido asumiéndose como sujetas políticas; por ello, se ve la necesidad de visibilizar las acciones y participación de las mujeres en las diferentes luchas de sus localidades. Entre las más permanentes se encuentra la defensa de la soberanía alimentaria y el DaA, así, a la selección de las Directrices Voluntarias –DV– se le transversalizó esta mirada de género que permite a posterior intercambiar con otros procesos, incluidos los mixtos.
El trabajo desarrollado a lo largo de la investigación contempla por un lado la reco- pilación de la información emitida oficialmente por los órganos del Estado, en este caso SENPLADES y Ministerios, así como la Comisión de Transición –espacio creado para la conformación del Consejo de la Igualdad de la Mujer–; por otro lado, la in- formación proporcionada por las organizaciones sociales, sea esta mediante grupos focales, entrevistas, testimonios, pronunciamientos, declaraciones, etc.; y un tercer componente, el análisis y obtención de datos propios a partir de información no procesada pero existente.
Estos insumos permitieron ir construyendo hipótesis, cuestionamientos, conclusio- nes y un análisis más sistematizado de la realidad del país y la situación de las mu- jeres frente a la exigibilidad de su Derecho a la Alimentación.
Entre los principales hallazgos de la investigación, miramos con preocupación la tendencia a disminuir el apoyo a la construcción de la soberanía alimentaria y los procesos que sostienen la misma, en su mayoría desde las mujeres, lo que hace que estas se vean obligadas a incluirse en nuevos proyectos de sostenimiento de sus vidas, pero alejados de sus lógicas culturales.
Si bien los niveles de pobreza han disminuido y los índices de desempleo han decrecido, las mujeres aún están, de manera marcada, dentro de los círculos de subempleo o empleo informal.
En la primera parte de este informe contrastamos el sombrío panorama a nivel mundial que ha llevado al acaparamiento de la tierra y sus consecuencias en la realización de los derechos humanos, con las propuestas que desde los movi- mientos y organizaciones sociales se han impulsado, en especial, para fortalecer el desarrollo de los marcos legales nacionales e internacionales que garanticen el acceso equitativo a los recursos naturales. Una mirada a los matices que presenta el acaparamiento y concentración de la tierra en nuestro país, la ofrecen las líneas de la segunda parte de este informe. En la tercera parte, al igual que lo hicimos en el informe anterior, hemos compilado casos emblemáticos, a través de los cuales proporcionamos información de análisis importante para conocer el resultado que ha tenido la implementación del Plan Tierras desde una perspectiva de Derechos Humanos. La metodología que utilizamos responde a la necesidad de recoger in- formación que permita tener la percepción de los sujetos de derechos, allí donde las políticas son implementadas, y conseguir una mirada más integral, que tras- cienda la de los datos cuantitativos provenientes de fuentes oficiales o evalua- ciones de expertos. En la cuarta parte, sistematizamos las diferentes propuestas para una nueva ley de tierras, presentadas en la Asamblea Nacional, sobre lo que definimos como los principales “nudos críticos”. Esto lo hacemos sobre la base
Hoy, la región de la costa ecuatoriana presenta los niveles más altos de concentración de la tierra, especialmente a nivel cantonal. Solamente en el cantón Guayaquil, 64 Unidades de Producción Agraria (UPAs) concentran casi el 50% del total de la tierra, a pesar que solo representan alrededor del 3% del total de las UPAs (Cepeda y Maldonado, 2010). Además, las provin- cias que registran un alto grado de prevalencia de la gran propiedad son fundamentalmente zonas de asentamiento de la agroindustria nacional, dinámicamente articuladas a los mercados de agro-exportación: las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro están ligadas a la producción de banano; Esmeraldas, a la palma africana; Guayas, a la caña de azúcar; y Santa Elena, a cultivos varios de encadenamiento agroindustrial. Por lo tanto, la decisión de ejecutar el Plan Tierras se inscribía como una medida de avanzada y necesaria.
En este contexto, surge la iniciativa de llevar a cabo una visita a San Pablo de Amalí para verificar el estado de amenazas y vulneración de los derechos humanos y de la naturaleza en la zona y construir herramientas que aporten a garantizar su pleno ejercicio. Con este propósito, nos articulamos como Misión de Paz y Verificación para este caso las siguientes organizaciones y redes: Acción Ecológica, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Foodfirst Information and Action Network (FIAN- Ecuador), Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Unión de Organizaciones Tierra y Vida, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH Guayaquil), Red de Ecologistas Populares, Red Latinoamericana de Afectados por Represas y en Defensa de sus Ríos, (REDLAR-Ecuador).
FIAN Ecuador, organización de derechos humanos que trabaja en el Ecuador desde 2006 en torno al Derecho a la Alimentación, durante el 2012 ha fortalecido el trabajo en favor del derecho a la alimentación, al monitoreo y exigibilidad de las políticas alimentarias en el país, así como el acompañamiento al trabajo que vienen desarrollando las organizaciones tanto de la costa, como del Azuay y de la provincia de Pichincha.
En esta ocasión FIAN Ecuador presenta su Informe de Actividades 2011 donde se sintetiza el trabajo realizado a lo largo del año, como una forma de visibilizar los avances, experiencias y aprendizajes acumulados en este proceso de fortalecimiento de la lucha por el Derecho a la Alimentación en el Ecuador. 
Durante muchos años esta comunidad ha tenido que luchar por defender sus tierras ancestrales que han sido amenazadas por intereses inmobiliarios promovidos por funcionarios públicos.
La primera exploración sistemática conocida en el páramo de Kimsacocha2 se llevó a cabo por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD a finales de 1970. Los planes de explotación entran en la época de los noventa con el PNUD. En 2002, más de 12 mil hectáreas fueron concesionadas por el Estado a la compañía transnacional canadiense “I am Gold”, con la primera licencia ambiental del país, en este mismo año inició actividades exploratorias que comprometen a las micro cuencas de los ríos Irquis, Tarqui y Bermejos Yanuncay, declarado en 1985 por el INEFAN – hoy Ministerio del Ambiente – reservorio natural de agua que alimenta a decenas de miles de familias y que comprende 33.000 hectáreas.
La nueva Constitución del Ecuador reconoce este principio como el del Sumak Kawsay o el Buen Vivir. Sin embargo, dicho reconocimiento constitucional dista mucho aún de la transformación real del modelo económico y de sociedad que brote de profundos cambios socioeconómicos, de género, de los sentidos y de los proyectos colectivos.
Dicha situación se ha visto agravada por la falta de decisión política del gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado, para ejecutar de una vez por todas el “Plan de Fomento del acceso a tierras a los productores familiares en el Ecuador”, más comúnmente conocido como el “Plan Tierras y Territorios”. Mediante este Plan, el Gobierno se propuso reducir la absoluta inequidad existente en el Ecuador en la distribución de la tierra, capaz de abatir incluso el coeficiente de Gini de 0.8 a 0.7.