El siguiente análisis es una reflexión sobre el contenido del proyecto de Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, presentado el 2 de octubre del 2014, que está siendo debatido en el seno de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agrario y Pesquero de la Asamblea Nacional. Desde este año, la Asamblea Nacional ha retomado la tarea de debatir y aprobar una nueva legislación de tierras enmarcada en la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación adecuada, mandato que estableció la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA). Actualmente, se han reanudado una serie de foros de socialización del proyecto de ley, que habían sido suspendidos ante la posibilidad de unificar este proyecto con la Ley de Ordenamiento Territorial1.
El proceso de elaboración de una nueva ley incluía la preparación de un proyecto de Ley de Tierras que unificara los proyectos presentados a la Asamblea en los primeros meses de 20122. Sin embargo, el proceso de elaboración de una nueva ley se reinició este año y ha tenido el cuestionamiento de varias organizaciones sociales. Estas han sostenido que el carácter apurado e inconsulto no ha garantizado la transparencia y la difusión de información adecuada y oportuna, así como la participación de las organizaciones sociales, tradicionalmente vinculadas a la lucha por la tierra3. Esto
viola el artículo 31 sobre la participación social de la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA), el cual establece que la elaboración de leyes y la formulación e implementación de las políticas públicas para la soberanía alimentaria, contará con la más amplia participación social, a través de procesos de deliberación pública promovidos por el Estado y por la sociedad civil.
El proyecto de ley ha incluido en su última versión los temas relacionados con los territorios ancestrales. Se ha manifestado que en caso de que la ley no aborde el tema de territorios, no sería necesaria una consulta pre-legislativa4. Esta posibilidad está establecida en el artículo 57.17 de la Constitución, que reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, de conformidad con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, la obligación a ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos. Si por razones de tiempo u otra índole, quedase excluida la posibilidad de consulta pre-legislativa en el proceso de la ley propuesta, se estaría soslayando el derecho que tienen los pueblos montubios y afro-ecuatorianos, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que están ubicadas en las tres regiones del país, reconocidos en los artículos 58 y 59 de la Constitución.
Por lo demás, entre las propuestas de ley recibidas por la Asamblea Nacional, consta el proyecto elaborado por la COPISA, titulado “Proyecto de Ley Orgánica de Tierras y Territorios” y presentado el 20 de marzo de 2012 por la Red Agraria5, el cual contó con el respaldo de más de 31 mil firmas. Cabe mencionar aquí que las organizaciones integrantes de dicha plataforma, propusieron el proyecto de ley por iniciativa popular ante la Función Legislativa conforme manda la Constitución. De acuerdo al artículo 103 de la Constitución, esta propuesta debió tratarse en el plazo de 180 días, caso contrario, debió haber entrado en vigencia, con la posibilidad de ser enmendada, pero no vetada totalmente, por el Presidente de la República. Dicho proceso no hatenido lugar.
Más allá de las irregularidades aquí observadas en el proceso de la elaboración de una nueva ley de tierras, este análisis pretende brindar unos lineamientos generales de lo que debería ser una ley de tierras basada en Derechos Humanos. En la línea de que la no regresión es un principio de derechos humanos, que llama a los Estados a avanzar y no retroceder, este análisis se hace a la luz de los principales instrumentos nacionales e internacionales que han avanzado hacia el reconocimiento de la tierra como un derecho humano. Uno de los más importantes instrumentos de referencia de este
análisis, las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques, que fuera aprobado en consenso por los 187 Estados del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial hace dos años, establece que el marco legal y político nacional debería guardar coherencia con sus obligaciones existentes en materia en el sistema internacional de derechos humanos.
Creemos que el espíritu de participación, facilitado hace años atrás por la Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria (COPISA) para elaborar la propuesta de ley orgánica de tierras y territorios7 (si bien no llegó a incluir a todas las organizaciones sociales en este proceso), debe continuar en el seno de la Asamblea con una amplia y diversa participación social.
En las primeras partes del texto se recogen los aspectos más relevantes sobre el contexto creado en el país a partir de la Constitución del 2008 y la descripción tanto geográfica de la zona, como socio-económica y cultural de los pueblos indígenas que la habitan. Más adelante, se hace una breve descripción sobre las fases de explotación petrolera y sus consecuencias para la reproducción de las condiciones de vida y la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas, para, en el siguiente apartado, exponer los efectos específicos que la extracción del crudo acarrea a las mujeres dedicadas, por lo general, a las tareas de cuidado y reproducción de su familia y su entorno, debido a los cambios en las dinámicas eco-sociales introducidos por la explotación petrolera. Posteriormente, abordaremos el origen de la iniciativa Yasuní y las luchas que los diferentes movimientos ecologistas y sociales y organizaciones de Derechos Humanos han librado en los últimos meses a raíz de la decisión del Ejecutivo. En la parte final del trabajo, identificaremos las principales violaciones al DHAA, que con- lleva la explotación petrolera para los pueblos que habitan el Yasuní y, finalmente, esbozaremos algunas medidas fundamentales en materia de políticas públicas para que dicho derecho pueda efectivamente cumplimentarse.
Con este propósito, el presente Informe del Derecho a la Alimentación es parte del Programa de Exigibilidad y Monitoreo, a partir del cual se realiza un seguimiento a las políticas que el Estado ecuatoriano implementa para el efectivo cumplimiento del Derecho a la Alimentación, ya contemplado en la Constitución actual en su art. 13.
En la primera parte de este informe contrastamos el sombrío panorama a nivel mundial que ha llevado al acaparamiento de la tierra y sus consecuencias en la realización de los derechos humanos, con las propuestas que desde los movi- mientos y organizaciones sociales se han impulsado, en especial, para fortalecer el desarrollo de los marcos legales nacionales e internacionales que garanticen el acceso equitativo a los recursos naturales. Una mirada a los matices que presenta el acaparamiento y concentración de la tierra en nuestro país, la ofrecen las líneas de la segunda parte de este informe. En la tercera parte, al igual que lo hicimos en el informe anterior, hemos compilado casos emblemáticos, a través de los cuales proporcionamos información de análisis importante para conocer el resultado que ha tenido la implementación del Plan Tierras desde una perspectiva de Derechos Humanos. La metodología que utilizamos responde a la necesidad de recoger in- formación que permita tener la percepción de los sujetos de derechos, allí donde las políticas son implementadas, y conseguir una mirada más integral, que tras- cienda la de los datos cuantitativos provenientes de fuentes oficiales o evalua- ciones de expertos. En la cuarta parte, sistematizamos las diferentes propuestas para una nueva ley de tierras, presentadas en la Asamblea Nacional, sobre lo que definimos como los principales “nudos críticos”. Esto lo hacemos sobre la base
Hoy, la región de la costa ecuatoriana presenta los niveles más altos de concentración de la tierra, especialmente a nivel cantonal. Solamente en el cantón Guayaquil, 64 Unidades de Producción Agraria (UPAs) concentran casi el 50% del total de la tierra, a pesar que solo representan alrededor del 3% del total de las UPAs (Cepeda y Maldonado, 2010). Además, las provin- cias que registran un alto grado de prevalencia de la gran propiedad son fundamentalmente zonas de asentamiento de la agroindustria nacional, dinámicamente articuladas a los mercados de agro-exportación: las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro están ligadas a la producción de banano; Esmeraldas, a la palma africana; Guayas, a la caña de azúcar; y Santa Elena, a cultivos varios de encadenamiento agroindustrial. Por lo tanto, la decisión de ejecutar el Plan Tierras se inscribía como una medida de avanzada y necesaria.
En este contexto, surge la iniciativa de llevar a cabo una visita a San Pablo de Amalí para verificar el estado de amenazas y vulneración de los derechos humanos y de la naturaleza en la zona y construir herramientas que aporten a garantizar su pleno ejercicio. Con este propósito, nos articulamos como Misión de Paz y Verificación para este caso las siguientes organizaciones y redes: Acción Ecológica, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Foodfirst Information and Action Network (FIAN- Ecuador), Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Unión de Organizaciones Tierra y Vida, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH Guayaquil), Red de Ecologistas Populares, Red Latinoamericana de Afectados por Represas y en Defensa de sus Ríos, (REDLAR-Ecuador).
FIAN Ecuador, organización de derechos humanos que trabaja en el Ecuador desde 2006 en torno al Derecho a la Alimentación, durante el 2012 ha fortalecido el trabajo en favor del derecho a la alimentación, al monitoreo y exigibilidad de las políticas alimentarias en el país, así como el acompañamiento al trabajo que vienen desarrollando las organizaciones tanto de la costa, como del Azuay y de la provincia de Pichincha.
En esta ocasión FIAN Ecuador presenta su Informe de Actividades 2011 donde se sintetiza el trabajo realizado a lo largo del año, como una forma de visibilizar los avances, experiencias y aprendizajes acumulados en este proceso de fortalecimiento de la lucha por el Derecho a la Alimentación en el Ecuador. 
Durante muchos años esta comunidad ha tenido que luchar por defender sus tierras ancestrales que han sido amenazadas por intereses inmobiliarios promovidos por funcionarios públicos.
La primera exploración sistemática conocida en el páramo de Kimsacocha2 se llevó a cabo por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD a finales de 1970. Los planes de explotación entran en la época de los noventa con el PNUD. En 2002, más de 12 mil hectáreas fueron concesionadas por el Estado a la compañía transnacional canadiense “I am Gold”, con la primera licencia ambiental del país, en este mismo año inició actividades exploratorias que comprometen a las micro cuencas de los ríos Irquis, Tarqui y Bermejos Yanuncay, declarado en 1985 por el INEFAN – hoy Ministerio del Ambiente – reservorio natural de agua que alimenta a decenas de miles de familias y que comprende 33.000 hectáreas.