A partir de los años 2004 - 2005 surgió un conflicto entre la comunidad de San Pablo de Amalí (cantón Chillanes, provincia de Bolívar) y la compañía Hidrotambo S.A. interesada en la construcción de la central hidroeléctrica San José del Tambo, proyecto rechazado por la población en razón de la vulneración de los derechos humanos y de la naturaleza. Posteriormente, a partir de marzo de 2012, la confrontación entre comunidad y empresa se agrava por la reactivación del proyecto que se encontraba suspendido desde el 2008 que trajo consigo una serie de atropellos a la integridad personal, incluyendo detenciones arbitrarias, por parte de la fuerza pública.
En este contexto, surge la iniciativa de llevar a cabo una visita a San Pablo de Amalí para verificar el estado de amenazas y vulneración de los derechos humanos y de la naturaleza en la zona y construir herramientas que aporten a garantizar su pleno ejercicio. Con este propósito, nos articulamos como Misión de Paz y Verificación para este caso las siguientes organizaciones y redes: Acción Ecológica, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Foodfirst Information and Action Network (FIAN- Ecuador), Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Unión de Organizaciones Tierra y Vida, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH Guayaquil), Red de Ecologistas Populares, Red Latinoamericana de Afectados por Represas y en Defensa de sus Ríos, (REDLAR-Ecuador).
La visita a la comunidad efectuada el 21 de Agosto de 2012 tuvo como objetivo evaluar la situación de los derechos humanos y de la naturaleza a través de testimonios de personas afectadas por la incidencia del proyecto y la documentación obtenida de varias fuentes. Se recorrieron los sitios que serán impactados por la construcción de canales y tendido de tubería contemplados en el proyecto (fuentes de agua, cultivos y viviendas).
Mientras este Informe estaba siendo elaborado ocurrieron varios hechos que dan cuenta de las vulneraciones de derechos que provoca el proyecto San José del Tambo y las implicaciones para la comunidad, su organización y sus líderes. Los acontecimientos referidos son, por un lado, las órdenes de detención emitidas el 12 de Noviembre de 2012 por el Juzgado Quinto de lo Penal del Cantón Chillanes, contra dos dirigentes de San Pablo de Amalí -Manuel Trujillo y Manuela Pacheco-, quienes debieron pasar a la clandestinidad, y por otro, el logro de que dichas órdenes sean revocadas el día 5 de Diciembre de ese mismo año, por la movilización de la comunidad y la presión de diversos actores sociales.
Con estos insumos, la documentación oficial disponible y aquella relacionada con las acciones jurídicas interpuestas por la comunidad, así como el registro de los hechos de agresión y judicialización ocurridos en el 2012, se elaboró el presente informe como primer resultado de las preocupaciones de organizaciones defensoras de derechos humanos y de la naturaleza frente al caso.
FIAN Ecuador, organización de derechos humanos que trabaja en el Ecuador desde 2006 en torno al Derecho a la Alimentación, durante el 2012 ha fortalecido el trabajo en favor del derecho a la alimentación, al monitoreo y exigibilidad de las políticas alimentarias en el país, así como el acompañamiento al trabajo que vienen desarrollando las organizaciones tanto de la costa, como del Azuay y de la provincia de Pichincha.
En esta ocasión FIAN Ecuador presenta su Informe de Actividades 2011 donde se sintetiza el trabajo realizado a lo largo del año, como una forma de visibilizar los avances, experiencias y aprendizajes acumulados en este proceso de fortalecimiento de la lucha por el Derecho a la Alimentación en el Ecuador. 
Durante muchos años esta comunidad ha tenido que luchar por defender sus tierras ancestrales que han sido amenazadas por intereses inmobiliarios promovidos por funcionarios públicos.
La primera exploración sistemática conocida en el páramo de Kimsacocha2 se llevó a cabo por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD a finales de 1970. Los planes de explotación entran en la época de los noventa con el PNUD. En 2002, más de 12 mil hectáreas fueron concesionadas por el Estado a la compañía transnacional canadiense “I am Gold”, con la primera licencia ambiental del país, en este mismo año inició actividades exploratorias que comprometen a las micro cuencas de los ríos Irquis, Tarqui y Bermejos Yanuncay, declarado en 1985 por el INEFAN – hoy Ministerio del Ambiente – reservorio natural de agua que alimenta a decenas de miles de familias y que comprende 33.000 hectáreas.
La nueva Constitución del Ecuador reconoce este principio como el del Sumak Kawsay o el Buen Vivir. Sin embargo, dicho reconocimiento constitucional dista mucho aún de la transformación real del modelo económico y de sociedad que brote de profundos cambios socioeconómicos, de género, de los sentidos y de los proyectos colectivos.
Dicha situación se ha visto agravada por la falta de decisión política del gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado, para ejecutar de una vez por todas el “Plan de Fomento del acceso a tierras a los productores familiares en el Ecuador”, más comúnmente conocido como el “Plan Tierras y Territorios”. Mediante este Plan, el Gobierno se propuso reducir la absoluta inequidad existente en el Ecuador en la distribución de la tierra, capaz de abatir incluso el coeficiente de Gini de 0.8 a 0.7.
El caso de los afectados por la represa Daule Peripa es una demostración evidente de injusticia que ha cometido el Estado Ecuatoriano contra una población que por mas de 20 años ha quedado abandonada de toda posibilidad de desarrollo y enfrentando sola graves problemas de vialidad, salud, educacion, productividad, trnasformacion de estilo de vida, cultura y valores de los campesinos y campesinas de la región.
FIAN Internacional participó en la elaboración de la Observación General No. 12 sobre el Derecho a la Alimentación del Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Fue una de las organizaciones que promovió la implementación de las Directrices Voluntarias de la FAO para el DaA aceptadas en 2004. Ha apoyado a las organizaciones sociales desde los años 90 en sus demandas políticas, en particular a la Vía Campesina en su lucha por la Soberanía Alimentaria. Actualmente, participa en el debate de una nueva estructura de la FAO que contemple mecanismos más participativos donde se escuche la voz de la mayoría.
Varias organizaciones sociales en todo el mundo están empezando a aplicar el enfoque de Derechos Humanos en políticas públicas relacionadas con la tierra. La Conferencia Internacional sobre la reforma agraria y el desarrollo rural (ICCARD por sus siglas en inglés) organizada por los Estados miembros de la FAO en colaboración con el gobierno de Brasil en marzo de 2006 despertó un gran interés en la implementación de programas de acceso amplio, seguro y sostenible a la tierra, agua y demás recursos naturales dirigidos a combatir la pobreza y desnutrición y promover los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en particular de mujeres y grupos más marginalizados. Recientemente, la FAO - dando seguimiento a la ICCARD - inició un proceso de discusión y participación para la adopción de las directrices voluntarias para la tenencia de la tierra y otros recursos naturales. El Comité de Planificación Internacional (CIP) – red global de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que trabaja por la soberanía alimentaria - considera que es importante que la FAO aplique un enfoque de derechos humanos no solo en su trabajo sobre acceso a la tierra y recursos naturales para la producción de alimentos, sino también como parte de su marco estratégico de acción.