La publicación “Alto a la Impunidad Corporativa en Ecuador”, desarrolla argumentos desde una perspectiva de Derechos Humanos – a través de varios artículos realizados por autores y autoras militantes de organizaciones feministas, ecologistas, de derechos humanos, indígenas y campesinas – que dan cuenta de la necesidad de un Tratado Jurídicamente Vinculante sobre empresas y derechos humanos, como lo estableció la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2014.
Dada la diversidad de temáticas abordadas en la publicación y como estrategia para visibilizar las múltiples problemáticas que se conectan con la necesidad de contar con un marco normativo internacional que proteja los derechos y ponga un alto a la impunidad corporativa, las organizaciones que conforman el Grupo del Trabajo por el Tratado Vinculante organizaron cinco foros temáticos en los que se agruparon las diferentes temáticas abordadas en la publicación.
Primer foro: Los derechos de la naturaleza, derechos colectivos y racismo ambiental
Segundo foro: la primacía de los DDHH sobre acuerdos comerciales, situación de defensores y defensoras, el aporte de las feministas en el Tratado Vinculante
Tercer foro: el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada, el derecho al agua y el uso de agrotóxicos
Cuarto foro: el rol de las élites agrarias, las camaroneras y bananeras
Quinto foro: minería, el petróleo, el retorno a la CIADI y la afectación sobre los derechos humanos.
Para el grupo de trabajo, es relevante poner estos temas sobre la mesa, para motivar al Estado ecuatoriano el cual preside el grupo de trabajo al interior de Naciones Unidas, para retomar las negociaciones a favor del Tratado Vinculante para empresas y DDHH y no se atenué su efecto en los planes nacionales de acción, muy relacionados con la firma de acuerdos comerciales y tratados de libre comercio, que van en detrimento de los Derechos Humanos.
DESPOJADOS, LA LUCHA POR LA TIERRA, es una historia del desalojo violento e ilegal de tierras de que fueron objeto 44 familias campesinas, sin recibir por ello medidas compensatorias.
Las familias campesinas agrupadas en las asociaciones “La Nueva Revolución”, “La Fe del Campesino”, “ASOVANCON”, entre otras se encuentran muy preocupadas sobre el impacto que está causando la implementación del dictamen CCPR/116/D/2244/201 del Comité de Derechos Humanos de la ONU ante la comunicación No. 2244/2013 presentada por los hermanos Roberto y William Isaías Dassum, cuyo objetivo es que el Estado debe asegurar que los procesos civiles pertinentes cumplan con las garantías en conformidad con el artículo 14(1) del Pacto y el dictamen que, no ordena devolución de bienes, menos aún las tierras ocupadas de buena fe por las comunidades.
El Informe, tiene como finalidad aportar desde una perspectiva de derechos y con elementos de análisis, a las organizaciones sociales que luchan por la tierra y la soberanía alimentaria, además de contribuir para reorientar las políticas públicas, hacia la redistribución equitativa de la tierra y de los bienes naturales para quienes más lo necesitan.
Se presentan además, seis casos relevantes en los que se analiza las diferentes demandas por la tierra y las luchas de las organizaciones campesinas, frente a desalojos, usurpación y otras formas de despojo perpetradas tanto por instituciones públicas como privadas; analizan- do además los derechos que se han vulnerado frente a estas acciones. Así tenemos: el caso de ASOMAC, donde se muestra la inadecuada aplicación del Plan Tierras; el caso Rio Mar, en el cual se demuestra la expansión de los intereses inmobiliarios en territorios rurales; el caso Los Ángeles, que da cuenta de la presión de la agroindustria con expansión de empresas camaroneras de altura, que amenaza la propiedad de la tierra; el caso Comuna Santa Elena, las amenazas a las tierras comunales frente a intereses privados que hacen caso omiso a los derechos colectivos y obtienen títulos de propiedad a través de los gobiernos municipales que declaran los territorios ancestrales como tierras baldías; el caso Virgen de Fátima, el desalojo a varias familias campesinas con título de tierras, por intereses privados de supuestos herederos, a quienes se les legaliza la tierra de forma irregular y; el caso recinto La Estrella, una de las tantas forma de despojo de la tierra por los modelos de producción, desestructuración de recintos campesinos por el crecimiento de los modelos de producción agroexportador, bajo la compra-venta forzadas de tierras campesinas.
El DHANA, obliga al Ecuador a aplicar medidas de protección y exigencias en materia de seguridad y soberanía alimentaria, para velar por la inocuidad de los alimentos y la salud de quienes los producen. Sin embargo, en materia de gestión e implementación de políticas públicas, orientadas al cumplimiento y garantía de este derecho, el Ecuador ha realizado pequeñas y limitadas acciones, para promover políticas encaminadas a que los campesinos y las campesinas, no utilicen sustancias peligrosas como productos agroquímicos tóxicos, contaminantes agrícolas o industriales, menos aún en implementar mecanismos para evitar la exposición a ellos.
La Captura Corporativa, se manifiesta a través de mecanismos como suavizar las leyes y los estándares de calidad, debilitar a las instituciones estatales regulatorias y de control, así como, los instrumentos que permiten garantizar, proteger y cumplir los derechos humanos.
Frente a estas realidades, FIAN Ecuador, el Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE), el Observatorio del Cambio Rural (OCARU), la Unión Tierra y Vida y FIAN Internacional, juntamos esfuerzos para realizar un monitoreo de las afectaciones que la pandemia causaba a las agriculturas familiares campesinas e indígenas (AFCI). Esta articulación permitió realizar dos informes de seguimiento durante el año 2020. Ahora, después de casi dos años de iniciada la pandemia, nos hemos juntado nuevamente para presentar un tercer estudio que permita ver los efectos de la COVID-19 a mediano y largo plazo.