#ManosQueNosAlimentan #3
Las medidas ordenadas por el gobierno nacional y los gobiernos locales para salvaguardar la vida de las personas en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 han tenido serios impactos sobre la cotidianidad de las familias, su salud, su educación, su alimentación y su economía en general.
Para el caso de la Asociación Agrícola RIO MAR, de la Parroquia Tarifa, Cantón Samborondón en la provincia del Guayas, las familias campesinas afrontaron un desalojo forzado y sin sustento legal en el marco del confinamiento.
37 familias campesinas de la Asociación RIO MAR han ocupado el predio de 166,79 hectáreas por más de 24 años y cuentan, desde el 2009, con garantías de posesión vigentes otorgadas por el mismo Estado a través de la Subsecretaria de Tierras. No obstante, el miércoles 20 de mayo cuando la comunidad se encontraban cosechando el arroz llegaron con maquinaria pesada, un grupo de presuntos compradores del predio y la fuerza pública a tomar posesión del mismo. Cerraron vías de acceso y canales de riego atentando contra el derecho legítimo de los campesinos y campesinas de permanecer en la tierra y cultivarla. El jueves 21 de mayo continuó el desalojo, ésta vez con mayor presencia de la fuerza pública y civiles dirigidos por los presuntos compradores del predio. Detuvieron a varias personas.
En los artículos 15 y 17 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, las Campesinas y otras personas que trabajan en Áreas Rurales, para la garantía del derecho humano a la alimentación, el Estado ecuatoriano debe asegurar a los campesinos y campesinas el acceso, uso y control a la tierra (derecho a la tierra) y otros recursos naturales. Los Estados deben hacer efectivos los derechos de los campesinos (Art. 2) adoptando todas la medidas legales, administrativas o de otro tipo para garantizar la protección por parte de las autoridades competentes de todo acto de violencia, amenaza, represalia y discriminación que vaya en contra de las familias campesinas (Art.8), además de proporcionarles mecanismos eficaces para prevenir despojarlos arbitrariamente de sus tierras y recursos naturales o privarlos de sus medios de subsistencia donde además ejercen su derecho al trabajo, a la vivienda, al derecho a alimen- tarse adecuadamente y a la soberanía alimentaria (Art.12,13,15), esto va en consonancia con el artículo 13 de la Constitución del Ecuador, donde el Estado ecuatoriano y sus instituciones están obligados a respetar los derechos a la alimentación, a la tierra, al agua, a la vivienda y a la soberanía alimentaria de las familias campesinas de RIO MAR.
En este tercer dialogo de la campaña #ManosQueNosAlimentan, Raquel Silva coordinadora de la Unión de Organizaciones Tierra y Vida de la pro- vincia del Guayas cuenta lo sucedido con las familias campesinas de Río Mar y evalúa los impactos generados por este desalojo en la vida de la comunidad en el marco de la emergencia sanitaria.
