A medida que el procesamiento de alimentos cargados de pesticidas por parte de empresas transnacionales con fines de lucro continúa envenenando el planeta y los cuerpos humanos, las personas de todos los sectores y regiones han unido fuerzas y se han movido hacia soluciones para liberar a las comunidades del uso y la exposición a pesticidas, así como para hacer campaña por alimentos libres de tóxicos y políticas que apoyen la agroecología.
En representación de grupos de ambientalistas, campesinos, trabajadores, estudiantes y consumidores, los oradores durante el seminario en línea "Alimentos envenenados, ecosistemas envenenados: cómo las personas están trabajando hacia comunidades libres de pesticidas" compartieron cómo las personas que se resisten a la captura corporativa de la agricultura pudieron avanzar en su luchar por los sistemas alimentarios basados en la agroecología, informando a la audiencia sobre sus soluciones, desafíos y formas de superarlos. El evento realizado el 5 de mayo de 2021 fue organizado por FIAN International con la asistencia de la Fundación Rosa Luxemburg.
“No solo estamos hablando, lo estamos haciendo”, dijo Usha Soolapani mientras hablaba de cómo las mujeres campesinas de su organización sin fines de lucro Thanal lideraron la batalla del pueblo en 2003 contra la fumigación aérea del insecticida endosulfán altamente tóxico en las plantaciones de anacardo en Kerala, hasta que pudieron establecer y promover la agricultura orgánica en el estado indio y crear mercados locales al vincular a los agricultores con los consumidores con la ayuda de los medios de comunicación.
Jorge Acosta, de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, que ayuda a los trabajadores agrícolas de la industria bananera en Ecuador a luchar por sus derechos a la alimentación y la salud, subrayó la importancia de informar y educar a las personas sobre los efectos perniciosos de bombardear las fincas con pesticidas y exigir cambios.
“Debemos seguir realizando campañas de concientización y dar voz a nuestros trabajadores y la sociedad civil para ayudarlos a impulsar la erradicación del uso de plaguicidas”, dijo Acosta durante el seminario.
Las plantaciones de banano en Ecuador se fumigaban con fungicida entre 40 y 44 veces al año, según Acosta. Dijo que los trabajadores y sus familias estaban inhalando sustancias químicas venenosas que flotaban en el aire, que sufren problemas graves de la piel y enfermedades respiratorias graves, lo que los hace más vulnerables al Covid-19.
Valeria Burity, de la sección Brasil de FIAN, instó a los estados de América Latina a "abstenerse de llevar a cabo acciones regulatorias que promuevan el aumento de la demanda de uso de pesticidas" y protejan los derechos de las personas a los bienes comunes.
El uso constante e indiscriminado de plaguicidas en la producción de alimentos controlada por empresas en ocho países de América Latina y el Caribe ha sido expuesto por las secciones de FIAN International en la región en su publicación recientemente publicada titulada Plaguicidas en América Latina: violaciones contra el derecho a una alimentación adecuada y Nutrición.
El estudio de 108 páginas vincula las múltiples capas de violaciones del derecho de las personas a la vida, la salud y una alimentación y nutrición adecuadas con la "captura" de los estados de América Latina y el Caribe por parte de corporaciones agroindustriales transnacionales que hicieron posible el uso incontrolado de plaguicidas.
“Es necesario que las organizaciones, líderes y movimientos que luchan contra la expansión de plaguicidas vuelvan a unir fuerzas”, continuó Valeria Burity de FIAN Brasil, enfatizando que se necesitaban alianzas más amplias y fuertes a medida que el uso de agrotóxicos en monocultivos intensifica y agrava las violaciones de la ley. derecho a la salud y una alimentación y nutrición adecuadas.
También pidió la eliminación de los "dobles raseros" o la práctica de las naciones ricas en el norte de exportar pesticidas peligrosos prohibidos a las naciones más pobres del sur.
Sobre esto, Susan Haffmans de Pesticide Action Network (PAN) -Alemania explicó cómo su organización ha estado exponiendo cómo las grandes empresas se benefician de los dobles estándares y cómo estos impactan en el medio ambiente y la salud y los derechos humanos.
Las campañas del PAN para que los países europeos detengan la exportación de plaguicidas prohibidos se están llevando a "áreas de política global", según Haffmans. PAN también participa en campañas y actividades globales sobre el terreno para proteger a los polinizadores y poner fin a la deriva de plaguicidas o el transporte aéreo de plaguicidas desde un área de aplicación a un sitio no previsto.
Charlotte Dreger de FIAN International revisó las experiencias de transición a sistemas y comunidades alimentarias libres de agrotóxicos y concluyó que las campañas a nivel local han jugado un papel muy importante en esta lucha que está conectada con las demandas a nivel internacional. Esto se corrobora a través de un estudio de investigación "Transición hacia sistemas alimentarios libres de agro-tóxicos: la imaginación de la gente más allá de los marcos regulatorios", que se publicará en junio.
“Todas las luchas contra los pesticidas van claramente de la mano con las demandas generales de una transformación profunda de los sistemas alimentarios hacia la agroecología”, continuó Dreger.
Angélica Castañeda de FIAN International agregó que la implementación de sistemas alimentarios basados en la agroecología.
El informe muestra cómo los plaguicidas afectan la salud humana y el medio ambiente, y cómo esto impide la plena realización del derecho humano a la alimentación y a la nutrición adecuadas (Dhana). También identifica un patrón en la estrategia corporativa en la región.
Dentro de este contexto de acceso a la tierra, uno de los casos en los cuales la vulneración a los derechos humanos ha sido constante es el de la Asociación de Montubios del Cantón Colimes, quienes en el año 2009 recibieron por parte del Gobierno ecuatoriano mediante la figura de garantía de posesión de las tierras correspondientes a la Hacienda La Leopoldina. Sin embargo, en el año 2015 fueron desalojados de manera forzada, afectando a 44 familias campesinas. Este informe se desarrolla partiendo de investigaciones realizadas por FIAN Ecuador como el informe “Monitoreo de Políticas de Tierra y el Derecho a la Alimentación en el Ecuador” (2013). Se pretende primero actualizar la información del caso de ASOMAC
La pandemia ejemplifica, acelera y refuerza los elementos estructurales de lo que a futuro serán las crisis agroalimentarias. Con ella hemos evidenciado, por ejemplo, lo desprotegidas que están las ciudades en relación al acceso a alimentos frescos y sanos. Igualmente ha hecho evidente cuales son los efectos de la escasa presencia del Estado en las áreas rurales. Por otro lado, la pandemia ha demostrado cómo la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (AFCI) se constituyen en un elemento clave en la primera línea de prevención y atención ante dichas crisis. Aun con un insuficiente apoyo político y económico para el sostenimiento de sus formas de vida, las AFCI han sido una fuente indispensable de respuesta a las necesidades alimenticias de la población, suministrando alimentación sana y saludable, que además genera un menor impacto negativo para el ambiente. No obstante, hay que reconocer que a pesar de que las AFCI dieron respuesta casi inmediata a los requerimientos para la satisfacción del derecho a la alimentación, las comunidades productoras de alimentos a la vez, asumieron un riesgo alto de contagio, poniendo en juego su salud y su vida.
