El presente informe tiene como objetivo abordar el proceso de lucha por la defensa del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuada a través del acceso a la tierra. En el transcurso de la historia del Ecuador, el acceso a la tierra ha sido una de las problemáticas constantes que han tenido que enfrentar las comunidades campesinas. Según datos de la Encuesta sobre condiciones de vida emitida por el Instituto de Estadísticas y Censos del año 2014, el 81,9% de los hogares dedicados a actividades agrícolas no son propietarios de las tierras y solo el 3,2% han obtenido la tierra mediante adjudicación Estatal, lo que evidencia que cada vez es más complicado acceder a la tierra como una forma de ejercer el derecho a la soberanía alimentaria.
Dentro de este contexto de acceso a la tierra, uno de los casos en los cuales la vulneración a los derechos humanos ha sido constante es el de la Asociación de Montubios del Cantón Colimes, quienes en el año 2009 recibieron por parte del Gobierno ecuatoriano mediante la figura de garantía de posesión de las tierras correspondientes a la Hacienda La Leopoldina. Sin embargo, en el año 2015 fueron desalojados de manera forzada, afectando a 44 familias campesinas. Este informe se desarrolla partiendo de investigaciones realizadas por FIAN Ecuador como el informe “Monitoreo de Políticas de Tierra y el Derecho a la Alimentación en el Ecuador” (2013). Se pretende primero actualizar la información del caso de ASOMAC
y también relatar los cambios radicales que han ocurrido después del desalojo, sobre todo impactos negativos en el bienestar y desarrollo de todas las familias campesinas que conforman ASOMAC. La metodología consistió en hacer entrevistas y grupos focales a una muestra representativa de los miembros de ASOMAC (familias que sufrieron desalojo y familias que no). El resto del informe fue armado a través de investigación sobre fuentes secundarias y sistematización de documentación existente sobre el caso.
La primera sección ofrece un análisis de las políticas públicas y leyes que enmarcan el caso. Se analiza con atención al Plan Tierras (2009), se observa en detalle los procesos legales que mantiene ASOMAC y se entabla una discusión sobre la normativa internacional relevante al caso. La segunda sección sistematiza testimonios sobre los impactos que tuvo el desalojo en las familias en términos de daños materiales, indigencia temporal, pérdida de capital productivo y económico, exacerbación de deudas, enfermedades y muertes. También se constata la violación al derecho humano a la alimentación: la pérdida de tierras cultivables, acceso al agua y su nexo a la pérdida de fuentes de soberanía alimentaria. Finalmente, se documenta violaciones de los derechos de mayores, niños y adolescentes junto a otros impactos dentro de los núcleos familiares y a nivel comunitario. La tercera sección presenta conclusiones y recomendaciones para el gobierno actual (secretaría de tierras, ministerio de agricultura e instituciones financieras estatales) y para ASOMAC.
