La Semana por la Implementación de la UNDROP en Ecuador nace desde la fuerza de los territorios: de las luchas campesinas y rurales que han demostrado que esta declaración no es un papel simbólico, sino una herramienta vinculante que ya forma parte del bloque de leyes del país y que puede transformar de raíz la desigualdad urbano-rural, la crisis alimentaria, la destrucción de los territorios y la impunidad corporativa. Durante estos días queremos poner en el centro una pregunta concreta: ¿cómo implementar la UNDROP en Ecuador desde los tribunales, las políticas públicas, los presupuestos, la organización comunitaria y la defensa de los territorios?
Los testimonios de la semana muestran caminos complementarios: desde la afirmación de que los 28 artículos de la UNDROP ya pueden invocarse ante cualquier juez y autoridad; desde las experiencias de Colombia que enseñan a contar y reconocer al campesinado en censos, presupuestos y espacios de decisión; desde la disputa global frente al poder corporativo que captura los sistemas alimentarios; y desde la voz de las mujeres rurales que exigen justicia social, climática y de género frente al extractivismo y los desplazamientos. La Semana por la Implementación de la UNDROP en Ecuador es una invitación a convertir esta declaración en programa político, herramienta jurídica y bandera de lucha cotidiana en comunidades, organizaciones y movimientos.
En Ecuador, la UNDROP sí es obligatoria: gracias al artículo 11.7 de la Constitución, cualquier persona puede invocar esta Declaración de Derechos Campesinos ante jueces, autoridades o incluso la Presidencia, con efectos jurídicos reales y directos. No es un simple texto de buenas intenciones, sino una herramienta jurídica que se suma a la Constitución y a los instrumentos internacionales de derechos humanos.
La Corte Constitucional ya ha demostrado que las declaraciones internacionales pueden crear y concretar derechos, como pasó con el acceso a medicamentos usando resoluciones de la OMS, el derecho al cuidado a partir de declaraciones de la CEPAL o el matrimonio igualitario apoyado en una opinión consultiva interamericana. Lo mismo puede y debe ocurrir con la UNDROP para proteger a los pueblos campesinos, sus territorios, semillas y formas de vida.
Implementar la UNDROP en Ecuador implica convertir sus 28 artículos en un verdadero programa político y de Estado para enfrentar la desigualdad urbano-rural, la desnutrición, la migración forzada, la inseguridad, el problema de la tierra y la captura corporativa de las semillas. Si un gobierno asumiera seriamente esta declaración como hoja de ruta, el país podría transformarse profundamente y las comunidades contarían con un instrumento de lucha, resistencia y exigibilidad ante autoridades y tribunales.
La ponencia de Carlos Duarte muestra que en Ecuador la Declaración de los Derechos de los Campesinos ya forma parte del bloque de leyes y debe asumirse como herramienta concreta de política pública y de protección jurídica. El desafío ahora no es solo reconocer la UNDROP, sino operativizarla en cada institución del Estado y en cada decisión que afecte a la ruralidad.
Tomando la experiencia de Colombia, implementar la UNDROP implica, entre otras cosas, reconocer al campesinado como sujeto de especial protección, construir definiciones oficiales, incorporarlo en los censos y en las estadísticas, y asegurar que “quien no está contado, no cuenta” deje de ser una realidad. Esto permite diseñar políticas focalizadas, visibilizar a millones de campesinas y campesinos y vincular la protección de sus derechos con la soberanía alimentaria de la nación.
Duarte insiste en que el siguiente paso para Ecuador es presionar al Estado para que la UNDROP “irrigue” todo el conjunto de políticas públicas: presupuestos específicos para campesinado, mecanismos de participación de alto nivel y marcos normativos que traduzcan la declaración en programas, recursos y decisiones concretas. Con la fuerza organizativa de las redes campesinas, indígenas, afro y de mujeres rurales, la implementación efectiva de la UNDROP puede convertirse en una realidad.
Ana María Suárez conecta la implementación de la UNDROP con la necesidad de confrontar el enorme poder corporativo sobre los sistemas alimentarios en un contexto de crisis climática, intoxicación del planeta, destrucción de la biodiversidad, guerras, hambre y migración. Muestra cómo unas pocas corporaciones controlan agroquímicos, semillas, fertilizantes, comercio y alimentos ultraprocesados, mientras el 1% concentra el poder y el 99% que alimenta al mundo resiste en condiciones profundamente desiguales. En esta realidad, la UNDROP se vuelve una herramienta clave para frenar la captura corporativa de las decisiones públicas y recuperar el rol del Estado como garante del bien común, y no como vocero del interés privado. Ana María explica que la implementación pasa por reglas claras y exigibles para las empresas, por reforzar la responsabilidad jurídica corporativa y por asegurar que las reglas sean para las corporaciones y los derechos para las comunidades campesinas, indígenas, pescadoras y pastoras. La ponencia subraya que Ecuador, como país facilitador del tratado vinculante de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, tiene una oportunidad estratégica: articular la UNDROP con este futuro tratado para garantizar acceso a la justicia más allá de las fronteras, revertir la impunidad empresarial y poner por delante la vida, la naturaleza y a quienes nos alimentan. Implementar la UNDROP en Ecuador implica también impulsar mecanismos internacionales y nacionales de exigibilidad que permitan juzgar a las transnacionales y frenar la captura corporativa de los territorios rurales.
--------Te invitamos a sumarte, compartir los contenidos, organizar conversatorios, llevar la UNDROP a tu organización y reclamar su cumplimiento ante instituciones locales y nacionales. Que esta semana sea el punto de partida para que en Ecuador las campesinas, campesinos y quienes trabajan en las zonas rurales puedan decir, con hechos, que la UNDROP se vive en la tierra, en las semillas, en el agua, en los cuerpos y en las decisiones del Estado.
