El 2014 fue proclamado, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como el “Año Internacional de la Agricultura Familiar”. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aspiraba a que se consolidaran las políticas públicas que favorezcan a la agricultura familiar como un reconocimiento a su contribución para: i) la producción de alimentos sanos, inocuos y alimenticios como forma de garantizar la seguridad alimentaria; ii) la lucha por la erradicación del hambre y la pobreza; iii) la gestión de los recursos naturales; iv) la protección del medio ambiente; y, v) la promoción del desarrollo sostenible, en particular en las zonas rurales.
Ecuador es un país con fuerte presencia de la agricultura familiar campesina que, se estima, representa el 75% del total de las unida- des productivas, ocupando el 17% de la superficie de uso agrícola del país y proveyendo casi el 70% de los alimentos consumidos en el Ecuador. Sin embargo, sus condiciones no son de las más favorables. No tienen acceso suficiente a tierra, agua de riego, mercados, créditos productivos, etc.
Las dos reformas agrarias que se aplicaron en el país (1964-1973) no lograron promover un cambio a favor de la agricultura familiar y del pequeño productor, sobre todo porque dejaron irresuelto el grave problema de la “concentración de la propiedad”.
En cambio, en su inicio, el gobierno de Rafael Correa impulsó enérgicamente el tema de la tierra, anunciando la desconcentración de la misma, el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y nuevos mecanismos de control del latifundismo. El Presidente Correa en octubre del 2010, declaraba, en el Congreso de la Coordinadora Latinoame-ricana de Organizaciones del Campo (CLOC), que 200 000 Ha de propiedad del Estado serían repartidas a los pequeños campesinos, dando inicio en Ecuador a una “nueva Revolución Agraria”.
Efectivamente, un tipo de política pública en ese sentido permitiría desarrollar importantes capacidades en los campesinos, lo cual habría garantizado: asegurar un ingreso decente para los pequeños productores, combatiendo así la pobreza en el campo; producir alimentos culturalmente adaptados y en cantidad suficiente para el país; asegurar la soberanía alimentaria protegiendo el país de los cambios de precios de los mercados internacionales de alimentos; defender la biodiversidad y la agrobiodiversidad; y, fortalecer el entorno social de los campesinos, las “comunidades”, y permitir también la recuperación de los saberes ancestrales.
Sin embargo, a lo largo de estos últimos años, las políticas de tierra del gobierno abandonaron tales promesas –y especialmente lo aprobado en la Constitución 2008 y todos sus principios inspirados en el postulado del “Buen Vivir”– orientándose más bien, a fortalecer un modelo dirigido a favorecer al sector agroexportador y no al sector campesino. Un proyecto de modernización capitalista que ha implicado el incremento de la presión comercial y especulativa sobre la tierra; la promoción y subsidio de la agroindustria; la monopolización del mercado de alimentos; y la intensificación de la mano de obra en el campo (Daza, 2015a).
Frente a este desaprovechamiento de las capacidades en el campo, los pequeños productores familiares han perdido la oportunidad de incentivar su productividad, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Su contribución no solo económica, sino también social y cultural al país se ha visto limitada y, finalmente, sus condiciones de vida no han mejorado. Los niveles de desigualdad entre lo urbano y lo ru- ral en el país son todavía muy altos y el problema de concentración de la tierra queda aún abierto.
El presente trabajo está organizado en la siguiente manera: el CAPÍTULO I, en una primera sesión, se recorre las investigaciones más recientes y actuales sobre la cuestiones de tierra bajo tres enfoques claves para este estudio: el enfoque de soberanía alimentaria, el de derechos humano y el cultural. Finalmente, se encuadran las teorías de referencia sobre el desarrollo. Se iniciará por el concepto de desarrollo humano, luego revisaremos el de desarrollo a escala hu- mana, finalizando con las propuestas del post-desarrollo a las que se adscribe el postulado del “Buen Vivir”.
En el CAPÍTULO II se revisa propiamente el contexto ecuatoriano: iniciamos por la conceptualización del desarrollo humano y Buen Vivir incorporados en la Constitución, se analiza como éstos se reflejan en las diversas políticas orientadas a la cuestión agraria. También se realiza un breve recorrido sobre la situación agraria del país, indispensable para entender algunas problemáticas todavía latentes. Finalmente, se detallan programas, planes y leyes promovidos en estos últimos ocho años sobre el tema tierra y se evidencian sus coherencias e/o incoherencias con los preceptos constitucionales arriba señalados.
El CAPÍTULO III llega al meollo del trabajo de investigación: se elige un plan emblemático (Plan Tierras) en el marco de las políticas de tierra propuestas en el actual gobierno y se analizan sus impactos en dos casos concretos de estudio. Un primero, en la costa, la Asociación ASOMAC ubicada en la Provincia del Guayas, y un segundo caso, en la sierra, la Asociación Plaza Pallares de la Provincia de Imbabura. En ambos casos se privilegia un tipo de análisis que parte de las percepciones de los/as socios/as de las asociaciones y se desarrolla bajo el enfoque de capacidades.
Por último, el CAPÍTULO IV presenta las conclusiones del estudio y propone una serie de recomendaciones para posibles planes y programas futuros que se podrían promover en el país sobre este tema.
Con el paso del tiempo, FIAN Ecuador fue intensificando este tipo de trabajo, en especial desde 2009, cuando empezó a realizar ejercicios de monitoreo de las políticas públicas a través de la construcción de informes temáticos nacionales que tratan de demostrar, con apoyo en datos oficiales y documentación de casos, un balance y un análisis de la situación alimentaria en el país.
