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Right to Food Journal, FIAN 2015

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Con ocasión del Día de los Derechos Humanos, FIAN Internacional presenta su publicación anual, el ‘Right to Food Journal’. La publicación pone de relieve el la creciente influencia que las corporaciones transnacionales ejercen sobre la formulación de las nuevas políticas, así como el impacto negativo de las mismas sobre el derecho humano a una alimentación adecuada y la nutrición

Conocida como "captura corporativa", la influencia de las corporaciones transnacionales (TNCs, por sus siglas en inglés) y otras empresas sobre la toma de decisiones y la implementación de las políticas públicas se ha convertido en uno de los temas más candentes en la sociedad civil durante los últimos años. Con un efecto "bola de nieve", la influencia de las empresas se ha multiplicado exponencialmente en un abrir y cerrar de ojos, de una manera sutil y eficaz. Tal y como se refleja en el Right to Food Journal, hasta hace bien poco este impacto había pasado prácticamente desapercibido entre el gran público, y las grandes empresas han conseguido infiltrarse en los espacios políticos a nivel local, nacional, regional e internacional, incluyendo las Naciones Unidas. Esta combinación ha provocado que los abusos y crímenes contra los derechos humanos derivados de las actividades de las corporaciones sean cada vez más preocupantes.

En relación con las tendencias actuales, Rolf Künnemann, director de derechos humanos de FIAN Internacional, declara que: “El Día de los Derechos Humanos nos ofrece una oportunidad para recordar cuáles son los obstáculos a la realización del derecho a la alimentación y la nutrición. Las transnacionalescometen crímenes con total impunidad, y al permitir dicha situación, los Estados están violando los derechos humanos. Desafortunadamente, algunos Estados incluso colaboran con la actual captura corporativa de los espacios políticos internacionales”. Künnemann subraya que los Estados no están cooperando a nivel internacional para demandar legalmente a las transnacionales, ya que no existe un derecho penal para las empresas, y tampoco la cooperación entre los Estados para que las transnacionalesrindan cuentas ante las justicia. “Es por esto por lo que necesitamos seguir adelante en la lucha contra esta tendencia, dando notoriedad a las perspectivas y a las experiencias de los grupos de la sociedad civil y de los movimientos sociales, mientras continuamos monitoreando las negociaciones dentro del grupo de trabajo intergubernamental de la ONU para la elaboración de un tratado en materia de corporaciones transnacionales y derechos humanos”, añade.

Desde una perspectiva política y legal, el Journal ilustra algunos de los impactos de las actividades de las corporaciones, como por ejemplo, el próximo establecimiento de las conocidas como las Ciudades modelo (Charter Cities en inglés). A su vez, la publicación presenta los debates que se desarrollan en la actualidad para frenar la “bola de nieve” corporativa, incluyendo los desarrollados en la conocida como Convergencia Internacional de las Luchas por la Tierra y el Agua. En el Journal también se abordan los acontecimientos más importantes de 2015, incluyendo la situación de los derechos humanos en Nepal tras los terremotos y tras su segundo Examen Periódico Universal (UPR).

Leer  Right to Food Journal 2015 (versión en inglés)

Hoy día internacional de los derechos humanos…

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HACEMOS UN LLAMAMIENTO FRENTE A UN NUEVO INTENTO DE DESALOJO AL PUEBLO MONTUBIO DE ASOMAC

Hoy en el marco del Día de los Derechos Humanos, FIAN Ecuador, el Comité Permanente de DDHH del Guayas y Unión Tierra y Vida , hacemos un llamamiento frente a la situación que están viviendo aproximadamente 118 familias montubias que integran ASOMAC las afectadas por la incertidumbre de desalojo forzoso luego de mantenerse en posesión pacífica y continuada, desde hace más de 11 años, en el predio Leopoldina, en el cantón Colimes, provincia del Guayas.

Las organizaciones sociales y personas adheridas a este llamamiento expresamos nuestra preocupación por el nuevo desalojo sufrido por la Asociación de Montubios del cantón Colimes (ASOMAC), ordenado por la Dra. Tanía Verónica Ojeda Valarezo, Ex Directora Distrital Occidental de Tierras 10 de septiembre del 2015 y por el Intendente General de Policía del Guayas, Abogado Rafael Gustavo Guerra Torres, el 16 de noviembre del 2015 que, inicialmente fue suspendido el 8 de diciembre del 2015 mediante medida cautelar resuelta por Juez de la Unidad Judicial del cantón Balzar y al día siguiente revocado.

Recordamos que el predio Leopoldina fue declarado de utilidad pública por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) en 7 de septiembre del 2011 “para que sea adjudicada a una organización social campesina calificada por la Subsecretaria de Tierras”. La Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria dentro del Plan Tierra adjudicó, en febrero del 2012, el predio a dos asociaciones: 325.32 has. a ASOMAC y 195 has. a la Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores Agrícolas Autónomos “La Lagartera”.

Desde entonces se iniciaron acciones legales entre ambas asociaciones en Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y Juez de lo Civil de Balzar sobre derechos a dichas tierras y que actualmente se encuentran en curso. Las garantías de estos procesos judiciales impiden cualquier acción administrativa que modifique el estado de la materia en litigio.

En los años 2012, 2013 y 2014 ASOMAC sufrió intentos de desalojo forzosos que fueron suspendidos por reclamos de las garantías al debido proceso, seguridad jurídica y de tenencia. Este nuevo episodio nos llama a unir nuestras voces frente al potencial desalojo forzoso que sigue girando sobre este conflicto y que constituyen “per se” en grave violación a los Derechos Humanos y en especial a los derechos de los campesinos.

De acuerdo con nuestra Carta Magna las instituciones del Estado que actúen en virtud de una potestad estatal, ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley y manda que carecen de valor jurídico los actos del Poder Público que no guarden conformidad con ella.

Exigimos a las autoridades de Gobierno y Justicia observar el antecedente del conflicto entre estas dos asociaciones priorizando el respeto a las garantías al debido proceso, seguridad jurídica y de tenencia que permita erradicar la incertidumbre y zozobra que rodea el predio Leopoldina que, observando los principios de independencia de la Administración de Justicia se esté a lo que resuelva la justicia ordinaria sobre este caso en el que, de acuerdo con la resolución del MAGAP, del 23 de enero de 2015, carece de competencia dicho ministerio.

Escucha entrevista al presidente de ASOMAC

FIAN Ecuador

Comité Permanente de DDHH del Guayas

El derecho a la alimentación se difunde con jóvenes de colegios de Quito

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En el marco del Proyecto “Fortalecimiento organizativo, protección y defensa de los DESCA de las poblaciones rurales de la Costa, Sierra y Amazonía en Ecuador” y de la campaña “Por la tierra plántate”, FIAN, CDES y PRODH en coordinación con Yaku, museo del agua, realizaron talles de capacitación y sensibilización sobre el derecho a la alimentación con estudiantes secundarios de Quito.

El objetivo fue sensibilizar sobre el proceso que está detrás de los alimentos y el agua que utilizamos en las ciudades y la realidad de la población campesina que produce el 60% de los alimentos que llegan en nuestras mesas y que es guardiana del agua.

Se habló sobre el derecho a la alimentación adecuada, como un mecanismo de defensa de los territorios y de los recursos - como el agua- de las poblaciones campesinas e indígenas frente a amenzas y conflictos latentes que atentan el ejercio real de este derecho. Se presentó el caso de Kimsakocha donde la población que vive en la cuenca baja de este humedal, se ha visto amenazada por la posible explotación minera, lo que trae consigo la contaminación del agua que se utiliza no sólo para el consumo humano sino también para el regadío de los cultivos que les permite alimentarse y además cultivar para alimentarnos a la gente de las ciudades, abasteciendo los mercados locales.

También se habló sobre el significado del derecho a la alimentación y al agua y se profundizó sobre compromisos individuales y grupales para fortalecer la participación ciudadana en estos temas.

Entre algunos de los compromisos que surgieron en el taller están: “Yo me comprometo a cultivar, a usar abono natural” “Voy a promover con mis compañeros esta información, creo que es muy importante, incluso para la salud de uno mismo”. “Voy a enterarme más de los productos que  estoy consumiendo, preguntar de dónde vienen, quién los cultiva” “Voy a mejorar mis hábitos alimenticios y voy a conversar con otros sobre la importancia que esto tiene para nuestra vida”, "Voy a preferir comprar directamente a los pequeños productores.

Lanzamiento del análisis “una nueva Ley de tierras en el Ecuador desde una perspectiva de derechos humanos”

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FIAN Ecuador y Unión “Tierra y Vida”, realizaron el lanzamiento del análisis “Una nueva Ley de Tierras en el Ecuador desde una perspectiva de Derechos Humanos”, el día viernes 29 de mayo de 2015 a las 10:00 en el Auditorio de la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil (APUG), ciudad de Guayaquil.

El documento presentó una reflexión sobre el contenido del proyecto de Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que ha sido debatido en el seno de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agrario y Pesquero de la Asamblea Nacional.

En el documento de análisis se busca brindar unos lineamientos generales de lo que debería ser una ley de tierras basada en Derechos Humanos. En la línea de la no regresión es un principio de derechos humanos, que llama a los Estados a avanzar y no retroceder, este análisis se hace a la luz de los principales instrumentos nacionales e internacionales que han avanzado hacia el reconocimiento de la tierra como un derecho humano. Uno de los más importantes instrumentos de referencia de este análisis, las “Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques”, que fuera aprobado en consenso por los 187 Estados del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en el año 2012, establece que el marco legal y político nacional debería guardar coherencia con sus obligaciones existentes en materia en el Sistema Internacional de Derechos Humanos.

El evento dio inició con la moderación de Miltón Yulán quien citó al Papa Francisco (2014), en su intervención en el encuentro mundial de Movimientos Populares, "el hambre es criminal, la alimentación es un derecho inalienable. Sé que algunos de ustedes reclaman una reforma agraria para solucionar alguno de estos problemas, y déjenme decirles que en ciertos países, y acá cito el Compendio de la Doctrina Social de la IGLESIA, “la reforma agraria es además de una necesidad política, una obligación moral”.

Natalia Landívar, presentadora del análisis, reflexionó sobre el proceso de construcción y socialización del proyecto de ley de tierras y la falta de claridad de los destinatarios de esta ley "El proyecto de ley de tierras no prioriza a grupos históricamente marginados como sujetos para el acceso a la tierra, se debe mencionar explícitamente, al inicio, quienes son los titulares principales de la tierra, priorizar a los productores de pequeña escala; recordando que son los campesinos y campesinas quienes promueven la soberanía alimentaria. No hay mención a mujeres y jóvenes no se reconoce el rol que tenemos".

Analiza la falta de claridad sobre la situación de los posesionarios de tierras “En la ley se debe definir lo que el estado entiende por posesión de tierras, la función social y ambiental de la misma. El derecho de los posesionarios a la tierra consta en las Directrices Voluntarias de la Tierra y el estado ecuatoriano ha firmado. Esto no significa proponer invasiones sino para quienes por varios años han estado posesionados legalicen su situación; no es lo mismo un invasor que busca sólo lucrar de ella que quienes tienen las necesidades de trabajar un pedazo de tierra. Con esta propuesta de ley la única política de redistribución es el mercado de tierras con precio comercial; porque se abre el mercado a través del fondo de tierras una política neoliberal que ha dejado campesinos endeudados en países como Colombia, este es un instrumento que será manejado a través de un banco, administrado desde esta lógica financiera.

Finaliza reflexionando sobre los vacíos en esta propuesta “con respecto al latifundio a pesar de que la constitución y la LORSA lo prohíben en la propuesta de ley de tierras no hace referencia al latifundio y tampoco normativas para evitarlo o eliminarlo, porque en nuestra realidad es una necesidad. Ser sujetos activos en esta ley es una responsabilidad histórica la tierra no es un bien transable no es mercancía”.

Romelio Gualán, representante de CNC/CLOC Vía Campesina, en calidad de comentarista de este evento reflexiona "Este proyecto de ley tiene un modelo centrado en la productividad, la propuesta que nosotros presentamos era un modelo basado en la sostenibilidad, pero fue botado a la basura. El modelo capitalista en América latina pretende hundir a la agricultura a pequeños y medianos productores que vivimos en el campo. La tierra es nuestra forma de vivir, de trabajar, de alimentarnos y alimentar a los consumidores y consumidoras. La semana pasada en la reunión de la CLOC en Cochabamba se hizo una carta para el presidente Rafael Correa, (http://viacampesina.org/es/index.php/noticias-de-las-regiones-mainmenu-29/2409-pronunciamiento-de-la-cloc-via-campesina-region-andina) recordándole que en el V Congreso de la CLOC, celebrado en Quito en el 2010, llamó a la construcción de la Revolución Agraria, hoy varios años después pedimos que se dé cumplimiento a estas palabras, por el bien del pueblo latinoamericano.

María José Aguilar, comentarista, delegada de la subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria, puntualizó algunos temas en debate "Estamos analizando como la propuesta de Ley de Tierras afectará el momento de su ejecución a la institución y a los productores.

Con respecto al fondo nacional de tierras la constitución dice que creará políticas de redistribución de tierras. Nosotros proponemos que este fondo de tierras entregue créditos a campesinos y trabajamos en un proyecto de fondo nacional de tierras que no esté para cobrar sino para apoyar a campesinos.

La función social de la tierra es entregar a organizaciones campesinas que fomenten el desarrollo del sector agropecuario. No es sólo recibir la tierra sino tener los beneficios de esto. El estado debe dar seguimiento Es mejor entregar predios a asociaciones campesinas porque así se asegura la producción asociativa, así se fomenta la recomposición de las tierras y se evita el minifundio. Además se cumple con la función social de la tierra, fomentando el desarrollo del sector agropecuario. El estado no sólo debe estar en la entrega de la tierra, el estado debe ir más allá ver que estén produciendo la tierra de forma adecuada. El estado debe guiar a los campesinos para que la producción sea amigable con el ambiente y rentable económicamente. La subsecretaría lo hace a través de planes de manejo y proyectos productivos estamos buscando mejorar para que los planes de manejo sean más eficientes. Nosotros tenemos la obligación de dar un servicio integral no sólo entregar la tierra sino beneficiar con proyectos productivos y si la tierra no es producida se revierte".

El comentarista, Fernando Gutiérrez, ex Defensor del Pueblo, se refiere a la propuesta de ley "Este proyecto de ley no tiene nada de socialista; es un proyecto para promover el capitalismo en el campo no cualquier tipo de capital sino el gran capital alrededor de la propiedad del suelo. No busca afianzar la propiedad social, se centra en muchos artículos en la propiedad individual. No pone límites a la propiedad individual porque esa ya es y va a seguir siendo gran propiedad ya no sólo de ciento sino de miles de hectáreas, no sólo de ecuatorianos sino de extranjeros. Puede venir cualquier monopolio extranjero y comprar las hectáreas que quiera. No hay nada concreto en la nueva ley que nos lleve a la redistribución de la tierra. No se define que es el latifundio ni que es el minifundio, se deja eso a los gobiernos seccionales. Recordemos que si no hay organizaciones campesina no hay cambio, si no hay organizaciones no hay fuerza; la ley no tiene nada sobre participación ni de fomentar la organización campesina porque le tienen miedo a la organización del pueblo. Todo el proceso de socialización de esta ley ha sido imperfecto. No olvidemos que la gente no se queja la gente hace demandas legítimas. ¡La ley va a condicionar el desarrollo del Ecuador y la vida concreta de los campesinos y las campesinas especialmente!".

En el evento se dio paso a la participación de los asistentes con reflexiones, preguntas y comentarios así Gonzalo Guzmán, presidente de la UOCE, toma la palabra "En Esmeraldas quienes viven en las reservas sólo pueden usufructuara no tenemos acceso a crédito, no tenemos título de propiedad y no somos sujetos de crédito. Esta estructura es de un sistema capitalista, el modelo económico es capitalista y lo que nosotros nos planteamos hacer no cabe en este modelo porque este modelo lo dominan los grandes y cuando nosotros planteamos una reforma agraria integral con componentes señalados por Fernando Gutiérrez los cabellos se ponen de punta a los que más tienen. Es soñar que los grandes latifundistas a excepción de los deudores al estado entreguen las tierras. El problema no es si hay o no tierra para producir sino que no hay una buena redistribución. La matriz productiva no es con ese sentido de la producción comunitaria, sino que está encaminada para la exportación entonces porque no se hace una matriz productiva desde la producción comunitaria pensada en la soberanía alimentaria. No nos descuidemos de la gran mayoría que somos quienes producimos para los mercados locales. ¡Organicémonos, unámonos, preparemos a nuestros jóvenes!".

Raquel Silva – Tierra y Vida comparte sus inquietudes "Mi preocupación de esta propuesta de Ley es que sólo define la agricultura familiar y no la toma más en cuenta en todo el desarrollo de la ley. Para nosotros Tierra y Vida, no ha sido una entrega de tierras, ha sido una compra de tierras tres veces más de lo que cuesta en el mercado, además no tenemos acceso a otros recursos productivos. Si se dice (por parte de la delegada de la Subsecretaría de Tierras y reforma Agraria) que si no se produce se revierte la entrega de tierras, hay que pensar porque no hemos podido producir".

Las tierras para las y los campesinos deben tener un precio social

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En el marco del Proyecto “Fortalecimiento organizativo, protección y defensa de los DESCA de las poblaciones rurales de la Costa, Sierra y Amazonía en Ecuador” entrevistamos a Milton Yulán, abogado de la Organización UniónTierra y Vida que trabaja en las provincias de Guayas y Los Ríos.

Milton nos contó sobre la situación que enfrentan campesinas y campesinos que al legalizar las tierras y recibir su título de propiedad deben pagar valores muy altos por las mismas y bajo condiciones rígidas.

 ¿Cuál es la situación de las y los campesinos al adquirir una tierra en el marco del Plan Tierras, implementado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesa?

Estamos próximos a que el Ministerio de Agricultura a través de la Subsecretaría de Tierras, en el marco del Plan Tierras, entregue los títulos de propiedad a la Asociación 20 de febrero, del predio Josefina, en el cantón Quinsaloma de la provincia de Los Ríos, donde la asociación ha venido trabajando por cerca de 15 años, insistiendo ante las instituciones públicas en la necesidad de legalizar las tierras que cultivamos y esperamos pronto una fecha para el acto de entrega. Se espera la presencia del Ministro de Agricultura y se realizará una mesa de trabajo con las organizaciones de “Tierra y vida”.

Campesinos y campesinas que van a recibir estos títulos están por un lado felices porque finalmente recibirán el título de propiedad pero también tienen la preocupación y responsabilidad de que asumen una deuda por la cual tienen que pagar durante ocho años valores que oscilan entre 35.000 y 38.000 dólares anuales, en una organización que llega apenas a 20 socios, cada uno de ellos tendrá que pagar alrededor de 1500 , que resulta difícil de pagar.

Entonces se tiene esta preocupación , se esperaba que los precios de las tierras legalizadas fueran precios sociales, es decir precios que reflejen la situación precaria y de pobreza de los campesinos y no precios comerciales. Pues no se trata de venta directa sino de aplicación de un Programa que se supone que va en beneficio de la gente pobre del campo, que espera pueda pagar y de ninguna manera vaya a tener problemas por la deuda.

¿Sino pueden pagar qué pasaría?

Hay experiencias en el país y en otros países donde se vendió la tierra a los campesinos a precios comerciales, por ejemplo en Brasil, Colombia, El Salvador y los campesinos no pudieron pagar y de acuerdo a nuestra legislación sino pagan, como ellos han firmado un pagaré ,se les puede declarar vencidas todas sus deudas y tendrían que pagar todo de contado. Si no pagan todo, de acuerdo a la ley, podría ir el proceso a un juicio de coactiva y terminaría rematándose la tierra de los campesinos. En el remate cualquier persona que tenga los recursos para pagar y comprar la tierra podría adquirirla. Entonces esos son los riesgos que se corre y por los cuales hemos venido planteando desde Tierra y Vida que la tierra que se entrega a los campesinos debe tener precios sociales, no precios de comercio.

 ¿Los campesinos conocían que los precios eran comerciales?

Los campesinos siempre pensaron que eran precios sociales, pero al momento de recibir los títulos, como ya ha ocurrido con otras organizaciones en el 2012 los precios que se han impuesto han sido muy altos. En algunos casos se ha aplicado un subsidio pero condicionado a requisitos muy severos.

Girón avanza hacia una consulta popular para frenar la minería en Kimsakocha

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(Quito/Ottawa) Miembros de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón, provincia del Azuay (UNAGUA – Girón), continúan con la recolección de firmas por una Consulta Popular para decidir el futuro del proyecto minero “Loma Larga” de la empresa canadiense INV Metals en la zona de Kimsacocha.

En abril del 2012, habitantes del cantón Girón iniciaron un proceso de solicitud para convocar a consulta sobre minería ante la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral. El 29 de enero de 2015, más de dos años y medio después de ser entregada la solicitud, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó a las comunidades los formularios para que inicien con la recolección del 10% de las firmas del registro electoral de este cantón para dar paso a la consulta, tal como establece la ley.

Los miembros de UNAGUA-Girón, que cuentan además con el apoyo de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Ecuador (FOA), ECUARUNARI y del Colectivo YASunidos Guapondelig, hasta la fecha, ya han recolectado cerca de dos mil firmas, cuando el mínimo requerido es alrededor de mil quinientas firmas.

Vicente Ramón, representante de UNAGUA – Girón, ha manifestado en la prensa la importancia de esta iniciativa para evitar una explotación minera en los páramos y humedales de Kimsakocha. Para el presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez, la consulta popular es importante para “que no sea una sola voluntad, que sea la voluntad de miles de personas en las urnas que digan si prefieren el oro o el agua”.

El 29 de julio las organizaciones involucradas deberán entregar los formularios que contengan las firmas de respaldo a la autoridad electoral para la verificación, quien emitirá un informe de cumplimiento. Posterior a esto, la Corte Constitucional del Ecuador deberá calificar la constitucionalidad de la pregunta planteada: “¿Está Usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsakocha (Quimsacocha)? SI ... NO...".

Las organizaciones sociales han denunciado un posible boicot al proceso de recolección de firmas debido a la confusión que se ha creado en la población por el surgimiento de una contra consulta para apoyar la minería. El Colectivo Unidos por el Desarrollo recibió la aprobación para la recolección de firmas del CNE en marzo de 2015, en menos de una semana después de haber hecho la solicitud. La misma semana, el Vicepresidente Jorge Glass visitó Girón para declarar su respaldo al proyecto de INV Metals y denunciar a quienes respaldan la consulta promocionado por UNAGUA-Girón.

“Es tremenda la asimetría entre los años que demoró el CNE en aprobar la recolección de firmas por UNAGUA-Girón y la urgencia que tiene para facilitar la contra consulta. Es una muestra de la parcialidad del sistema administrativo que se suma a los esfuerzos del gobierno central para estigmatizar a las comunidades y las organizaciones que actúan en defensa del agua y de su bienestar ante la imposición de la gran minería”, observa Jen Moore de Alerta Minera Canadá

Antecedentes

Kimsakocha está localizado en la Cordillera Occidental de los Andes, al sur de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay. Comprende una superficie de 10.226,85 hectáreas, ubicada en la divisoria de dos grandes cuencas hidrográficas (Río Jubones y Río Santiago). Las extensas zonas de páramo que cubren este territorio lo convierten en fuente de agua para los cantones Cuenca, San Fernando, Girón y Santa Isabel.

En la zona existen 8.030 hectáreas concesionadas para el proyecto minero “Loma Larga” a cargo de la empresa canadiense INV Metals. La empresa canadiense IAMGOLD fue dueña original del proyecto y aún mantiene un interés en el mismo debido a que controla el 47% de las acciones de la empresa INV Metals.

A partir de la entrega de las concesiones mineras a IAMGOLD en 2004, las comunidades campesinas e indígenas ubicadas aguas abajo, iniciaron un proceso de resistencia contra el proyecto minero por los posibles impactos de esta actividad sobre el agua, la biodiversidad, la integridad, la calidad de la tierra y la soberanía del territorio; visibilizando una violación a sus derechos entre ellos el derecho humano a la alimentación.

En abril de 2008, la Asamblea Nacional Constituyente expidió el llamado “Mandato Minero” que extinguía, sin compensación económica, las concesiones mineras que afecten nacimientos y fuentes de agua, áreas protegidas, y concesiones otorgadas sin consulta previa a las comunidades afectadas. Este mandato no se hizo efectivo por lo que las concesiones mineras otorgada a la empresa IAMGOLD quedaron mayormente intactas. Debido a que el Mandato Minero sigue vigente, Alerta Minera Canadá y el Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente (EDLC sus siglas en inglés) han argumentado ante la Corte Constitucional de Ecuador que las concesiones mineras otorgadas a la INV Metals/IAMGOLD son ilegales y deberían anularse.

FIAN Ecuador ha venido acompañando a las comunidades de Kimsakocha a través de la incidencia internacional para visibilizar su situación de violación al derecho a la alimentación y la criminalización de la protesta social. Representantes de las comunidades de Kimsakocha expusieron su caso en Naciones Unidas ante miembros del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2012) y participaron de una gira europea en 2013 para reuniones de alto nivel con órganos políticos y de derechos humanos del Parlamento Europeo. Resultado de su intervención, los altos representantes de Naciones Unidas, exhortaron al estado ecuatoriano a realizar consultas que incluyan la expresión del libre consentimiento de las comunidades y con el tiempo suficiente que les permita reflexionar y decidir sobre megaproyectos que pueda afectarles en sus territorios.

En octubre de 2011, la asamblea de usuarios del Sistema Comunitario de Agua Tarqui - Victoria del Portete del cantón Cuenca realizó una consulta comunitaria sobre la explotación minera en Kimsakocha. De acuerdo a los resultados de la consulta, el 92,38% de los votantes manifestaron estar en contra de la minería.

Posicionamiento frente al uso excesivo de la fuerza pública contra manifestantes, durante las movilizaciones en Ecuador

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FIAN Ecuador, el Centro de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDES), la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional), el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna y el Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), manifestamos nuestra profunda preocupación por el uso excesivo de la fuerza policial y militar durante las movilizaciones en todo el país llevadas a cabo entre el 2 y el 20 de agosto, por organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales en contra de las políticas que actualmente se vienen implementando en Ecuador, así como, la propuesta de enmiendas constitucionales en curso Según la opinión de varios sectores de la sociedad, estas enmiendas conducirán a la restricción de derechos como la acción de protección, la consulta popular, los derechos laborales de las y los obreros del sector público, así como también permitirán la reelección presidencial indefinida, entre otras. Según informaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador  (CONAIE), durante dichas movilizaciones se ha registrado la detención arbitraria de cerca de 159 personas a nivel nacional, de las cuales, 115 han sido procesadas y 64 se encuentran en prisión preventiva[1]. Asimismo, se ha observado la militarización sobre territorios indígenas, un gran número de personas heridas y allanamientos a domicilios.

El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza de elementos policiales y militares para controlar protestas de la población civil es contrario a los diversos tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Ecuador como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Facultativo del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos Humanos y el "Pacto de San José", entre otros. Adicionalmente el Art. 1 de laDeclaración de Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos subraya que "toda persona tiene derecho individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional" [2].

El accionar estatal también viola la Constitución de la República del Ecuador, la cual reconoce el derecho a la resistencia “frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales”. Constituye asimismo una violación de los derechos humanos como la libertad de pensamiento, asociación y expresión protegidos por la Constitución (Art. 98 y 111).

Por tal motivo, es inaceptable que el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución ecuatoriana sea duramente reprimidos.

Solicitamos al Estado el respeto al debido proceso en las causas iniciadas contra civiles debido a su participación en acciones de protesta, así como el cese de todo hostigamiento contra las y los manifestantes y defensores de derechos humanos en Ecuador. De igual forma, rechazamos todo acto de violencia ejercida por el personal de la policía contra las mujeres, personas de la tercera edad, menores de edad y personas con capacidades especiales.

Exigimos al Estado garantizar el derecho a la protesta y a la libre expresión en Ecuador y demandamos la realización de investigaciones imparciales en relación a la fuerza policial excesiva contra los y las manifestantes.

Además hacemos un llamado a no permitir que se incremente la violencia y que se siga promoviendo espacios pacíficos de diálogo y manifestaciones.

Rechazamos todo acto de violencia que se esté generando durante estas jornadas.

Firman:

FIAN Ecuador

Centro de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDES)

Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna

Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM)

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)

Ecuador: Consejo Nacional Electoral califica firmas para consulta popular sobre minería en Kimsakocha

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(Quito). El martes, 25 de agosto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó el proceso de verificación de firmas que respaldan el pedido de consulta popular propuesto por la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón (UNAGUA – Girón) para impedir el desarrollo del proyecto minero Loma Larga, ubicado en sector Kimsakocha, provincia del Azuay.

Al inicio de la jornada, el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo explicó a representantes de UNAGUA-Girón que se han realizado mejoras al mecanismo de verificación de firmas para que el proceso esté apegado a los principios de “pro-participación” y “pro-democracia”.

“Queremos que este proceso llegue a feliz término, queremos que se tome en cuenta esta petición ya que está en juego nuestra agua” expresó Virgilio Ramón, presidente de UNAGUA-Girón.

Por su parte, Pablo Piedra, abogado del Colectivo YASunidos, pidió que la verificación de firmas esté apegada a las normas constitucionales y que se apruebe la consulta para que sea la gente quien decida sobre este tema”.

A las 15H00, el CNE dio a conocer los resultados a representantes de UNAGUA-Girón y miembros del Colectivo YASunidos que participaron como “observadores”. De los 2184 registros (firmas), calificaron 1577 firmas, cifra superior a la mínima requerida.

Hasta la próxima semana, el CNE deberá enviar un informe de legitimidad a la Corte Constitucional quien a su vez, en un tiempo razonable, deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsakocha (Quimsacocha)?”.

De darse esta consulta popular, sería la primera en el país sobre extractivismo, pero también podría ser la última si la Asamblea Nacional aprueba el paquete de enmiendas constitucionales que, entre otras, limita la iniciativa ciudadana para proponer consultas “sobre cualquier asunto”.

Al finalizar la jornada, miembro de UNAGUA y YASunidos mostraron satisfacción en el proceso de revisión y festejaron los resultados con consignas como: Viva Kimsakocha, viva el agua, fuera la minería!!

Antecedentes

Kimsakocha está localizado en la Cordillera Occidental de los Andes, al sur de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay. Comprende una superficie de 10.226,85 hectáreas, ubicada en la divisoria de dos grandes cuencas hidrográficas (Río Jubones y Río Santiago). Las extensas zonas de páramo que cubren este territorio lo convierten en fuente de agua para los cantones Cuenca, San Fernando, Girón y Santa Isabel.

En la zona existen 8.030 hectáreas concesionadas para el proyecto minero “Loma Larga” a cargo de la empresa canadiense INV Metals. La empresa canadiense IAMGOLD fue dueña original del proyecto y aún mantiene un interés en el mismo debido a que controla el 47% de las acciones de la empresa INV Metals.

En abril del 2012, habitantes del cantón Girón iniciaron un proceso de solicitud para convocar a consulta sobre minería ante la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral. El 29 de enero de 2015, más de dos años y medio después de ser entregada la solicitud, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó a las comunidades los formularios para que inicien con la recolección del 10% de las firmas del registro electoral de este cantón para dar paso a la consulta, tal como establece la ley.

El 29 de julio las organizaciones involucradas entregaron los formularios que contenían las firmas de respaldo a la autoridad electoral para la verificación.

Monitoreo de medios

Diario La Hora. CNE califica firmas para consulta en Quimsacocha. Disponible en:

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101856681/-1/CNE_califica_firmas_para_consulta_en_Quimsacocha.html#.Vd4hMyVVikq

Ecuavisa. CNE analiza firmas para aprobar consulta popular en Quimsacocha. Disponible en: http://www.ecuavisa.com/video/1-minuto/noticias-1-minuto-9

Diario El Mercurio. Validan 1.577 firmas para consulta minera. Disponible en:

http://www.elmercurio.com.ec/492747-validan-1-577-firmas-para-consulta-minera/#.Vd4hliVVikp

Diario El Tiempo. CNE aprueba firmas para consulta en Quimsacocha. Disponible en:

http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/167252-cne-aprueba-firmas-para-consulta-en-quimsacocha/

Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición

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“Como dejan bien claro las autoras y los autores de esta reveladora edición del  Observatorio, la adecuación nutricional y el bienestar son dimensiones integrales del derecho a una alimentación adecuada –y deben abordarse como tal. La nutrición de los pueblos y la soberanía alimentaria corren el riesgo de ser socavadas por las prácticas depredadoras de los agronegocios que incansablemente buscan el máximo beneficio a todo coste”.

 Hilal Elver, actual Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación

La nutrición de los pueblos no es un negocio

El creciente control de las empresas sobre los sistemas y recursos alimentarios, las instituciones, los espacios de políticas y las estructuras de gobernanza, al que comúnmente se hace referencia como “captura corporativa”, supone un gran riesgo para los derechos humanos. El mundo está siendo testigo de esta realidad desde América hasta Asia, en particular desde la crisis alimentaria mundial de 2008 que azotó a las sociedades en todos los rincones del planeta. Está claro que el modelo económico actual no puede asegurar las condiciones para que los gobiernos nacionales cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluido el derecho a una alimentación adecuada y a la nutrición.

Los enfoques corporativos han llevado a una separación artificial de la nutrición y los sistemas alimentarios sostenibles, resultando en soluciones verticales, técnicas y basadas en productos que ignoran los determinantes sociales, económicos, políticos, ambientales, culturales y de salud. En un mundo en el que cientos de millones de personas están subalimentadas y en el que 500 millones padecen obesidad, las comunidades de todo el mundo consideran que evitar la captura corporativa es una cuestión crítica. La soberanía nutricional de los pueblos y los principios fundamentales de derechos humanos son pilares inalienables para hacer frente a la desigualdad, la opresión y la discriminación, y es clave democratizar las sociedades nacionales y mundiales.

La edición de 2015 del Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición pone el foco en la nutrición y revela los impactos de las operaciones empresariales en los medios de vida de los pueblos. El concepto de nutrición se evalúa desde una perspectiva de derechos humanos, yendo más allá de la mera medición de nutrientes en los alimentos y los cuerpos humanos para considerar el contexto socioeconómico y cultural en el que se alimentan los seres humanos. "La nutrición de los pueblos no es un negocio" explora las visiones de la nutrición en conflicto, las causas de la malnutrición y las respuestas de políticas, que a menudo afectan a las mujeres de forma desproporcionada, entre bastidores y en la esfera pública. Deja al descubierto los abusos y la impunidad corporativos generalizados, y presenta recomendaciones para que los Estados prevengan y castiguen las iniciativas que obstaculizan el disfrute del derecho a una alimentación adecuada y a la nutrición.

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Fuente: Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición

Cabildo del agua pedirá moratoria minera en el Azuay

El 30 de octubre, en la ciudad de Cuenca, mediante fundamentos constitucionales y legales, se instauró el Cabildo del Agua para debatir sobre la situación de la minería en el Azuay. Varios sectores sociales y organizaciones campesinas, estudiantes, académicos, políticos y gremiales se dieron cita a la convocatoria realizada por los Concejales Dora Ordoñez Cueva e Iván Granda Molina, ante la pretensión del gobierno nacional de iniciar la explotación minera en los páramos de Kimsakocha y Rio Blanco, pertenecientes al Cantón Cuenca.

Iván Granda manifestó que “este Cabildo es un espacio ciudadano para exponer los argumentos y establecer un camino, un compromiso político intergeneracional para preservar la vida y garantizar el agua de las futuras generaciones”.

Por su parte, Oswaldo Larriva, asambleísta por la provincia del Azuay, solicitó el pronunciamiento del Consejo Cantonal y en el especial del Alcalde Marcelo Cabrera. Pidió a las universidades dar a conocer los estudios que se han hecho sobre hidrología en las zonas donde están ubicados los proyectos mineros.

Kléber Calle dio a conocer la propuesta del Colectivo Yasunidos Guapondélig, entre los que consta: pedir la moratoria minera en el Azuay mientras no se tenga todos los estudios técnicos que evidencien los impactos de la actividad minera en los páramos, pedir el pronunciamiento de la Universidad de Cuenca y de otras universidades sobre el papel que están cumpliendo, apoyar desde el Cabildo del Agua, el proceso de los Sistemas de Agua del Cantón Girón para acelerar los trámites para la consulta popular sobre minería en Kimsakocha y que están estancados en la Corte Constitucional.

Carlos Pérez, miembro de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay y presidente de la Ecuarunari, manifestó que existe un Mandato Minero que en su Artículo 3 extingue toda concesión minera ubicada en fuentes de agua. Por lo tanto, propuso que, el Cabildo del Agua presente un Amicus Curiae a la demanda de incumplimiento del Mandato Minero interpuesta por la Unión de Sistemas de Agua del Azuay (UNAGUA). Además manifestó que se debería pedir la protección de más de 33.000 ha. que comprenden el Bosque y Vegetación protectora Yanuncay Irquis y que además forman parte de la Reserva de Biosfera del Macizo del Cajas. Respaldó la moción de Yasunidos Guapondélig de pedir la moratoria minera en el Azuay.

Al finalizar el encuentro, se declaró al Cabildo del Agua como un espacio de veeduría ciudadana que precautele la integridad del recurso agua. Además se establecieron varias resoluciones, entre las que constan:

  • Remitir al Gobierno Nacional, Municipio de Cuenca y al Gobierno Provincial del Azuay una carta de exhortación ciudadana representada en este cabildo para que, mediante los procesos administrativos y legislativos pertinentes, se declare una Moratoria Minera en el Cantón Cuenca y Provincia del Azuay.
  • Delegar al Dr. Iván Granda; y, Dr. Carlos Pérez, para que en representación de este espacio ciudadano, soliciten y asistan tanto al Consejo Provincial como Concejo Cantonal respectivamente para ocupar la silla vacía y/o Comisión General, a fin de exponer estas resoluciones y demás postulados en defensa del agua y la vida.
  • Exhortar al Señor Alcalde de Cuenca; y, al Señor Prefecto del Azuay que, en aras de defender el agua y la vida; así como para que no se vulneren los derechos humanos, se tomen todas las medidas pertinentes sean estas nacionales o internacionales.
  • Respaldar la construcción, discusión y aprobación de la Ordenanza que impulsa la Concejala Ingeniera Dora Ordoñez para la Conservación Integral de Fuentes Hídricas.
  • Conformar la Comisión Especial representada por todos los sectores y organizaciones participantes para dar seguimiento a las resoluciones del Cabildo del Agua.
Por: Nataly Torres Guzmán.
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