Pronunciamiento FIAN Ecuador
Queremos denunciar la difícil situación sanitaria y socio-política por la que atraviesa la población mundial y particularmente la ecuatoriana en el sector rural, debido a la diseminación del COVID-19, en conexión con otras pandemias históricamente invisibilizadas, tales como el hambre, la desnutrición y la pobreza.
En nuestra opinión tales pandemias son resultantes del actual modelo de desarrollo, que ha incidido en la degradación de los ecosistemas saludables, como consecuencia de la hegemonía de las transnacionales y grupos económicos locales que acaparan la tierra, el agua, las semillas y las políticas públicas en defensa de sus intereses de lucro y en nombre de la productividad, a través de sistemas de producción con modelos agroindustriales. Consideramos que el desarrollo económico somete cada vez más a la naturaleza a un proceso de artificialización productiva, basada en paquetes tecnológicos altamente contaminantes, derivando en el deterioro del sistema inmunológico de todas las especies que habitamos el planeta tierra, además agudizando el cambio climático.
Desde la visión de quienes producen el campo a pequeña escala, hay dos sectores: 1. El que explota encadenándoles al monocultivo y 2. el que se dedica a la producción diversificada. En el Ecuador la situación del primer sector, en medio de la crisis provocada por el COVID-19, agudiza las problemáticas de empobrecimiento. Su sistema de producción está encadenado regularmente por la cadena del monocultivo de arroz, maíz o soya en la Costa, papa, brócoli o tomate en la Sierra, que por ende significa una exposición directa a agrotóxicos. Estas substancias hacen más vulnerables el sistema inmunológico de los y las trabajadoras agrícolas. En efecto, estas personas no cuentan con aire saludable y se confrontan a la ausencia de alternativas para proveer a sus propias familias de alimentos saludables. A esto se suma el constante endeudamiento con las tiendas de agroinsumos, con los bancos del estado o con prestamistas informales, pues de esto depende la producción.
En contraste, el segundo sector enfrenta la crisis provocada por el COVID-19 desde un escenario distinto. La diversificación de los productos en su sistema de producción les permite tener varios alimentos que son vitales para su alimentación adecuada. En principio, ellos producen bajo la tranquilidad y seguridad en la que viven y no se sienten especialmente vulnerables al virus, puesto que hacen un uso muy escaso de agro tóxicos. No obstante, debido a las restricciones de circulación impuestas por las medidas adoptadas para contener el COVID-19, estas personas están muy preocupadas por las nuevas dificultades de comercialización y movilidad de sus productos. Ahora más que nunca ellas y ellos siguen siendo víctimas de los intermediarios.
La situación es cada vez más compleja, especialmente para el sector campesino de la provincia del Guayas. Según la Organización Campesina Tierra y Vida, la situación que viven, las Asociaciones Campesinas cercanas o que están alrededor del Cantón Duran, es de total indefensión. Se registran casos de personas fallecidas, sin saber las causas de sus decesos y sin protocolos para el manejo de los cuerpos. También se han recibido denuncias de adultos mayores con traumas psicológicos, causados por la tensión que se vive. Los centros de salud que funcionaban en las áreas rurales cercanas están cerrados, los médicos particulares no están atendiendo y las farmacias no cuentan con medicamentos suficientes.
Hemos observado que empieza un fenómeno de retorno de varias familias de la ciudad al campo, escapando del contagio del virus. Esto genera un riesgo de contagio para el sector campesino, especialmente dado que la mayoría de la población rural está conformada por adultos mayores, que constituyen un grupo poblacional especialmente vulnerable a la enfermedad. Al mismo tiempo ellos y ellas son quienes aún sostienen la agricultura. El envejecimiento de la población campesina se viene dando por falta de incentivos agrícolas para los pequeños productores y puesto que históricamente los beneficios están orientados a los grandes exportadores, quienes no pueden responder frente a esta crisis, dado que sus productos, como banano, cacao, soya, palma y camarón, no sirven para el autoabastecimiento interno.
Frente a esta situación se deberían tomar medidas de prevención y más aún ante la notable falta de atención médica para el sector rural, que ahora se ha profundizado debido a la crisis.
Especialmente difícil es la comercialización de los productos agrícolas, debido a la restricción para la movilización de los mismos, como parte de las medidas de contención del virus. El gobierno dio la opción de salvoconductos de circulación vehicular siempre y cuando se demuestre que quienes lo solicitan se dedican a la comercialización de productos alimenticios. La forma de demostrarlo es a través del registro de actividad ante el Servicio de Rentas Internas, por medio del RUC o RISE. Sin embargo, en el campo es muy escasa o limitada la posibilidad de acceder al internet para obtener dicho salvoconducto. Por tanto, las campesinas y campesinos no tienen la posibilidad de acceder a las excepciones a las restricciones de movilidad y no pueden transportar los productos agrícolas, de cuyos ingresos dependen para sobrevivir.
La agricultura familiar campesina e indígena sigue golpeada por los intermediarios que son quienes tienen transporte propio y cuentan con las condiciones para comercializar en las ciudades. Por eso es importante que los gobiernos locales garanticen transporte de alimentos, y formas de comercialización directa sin intermediarios. Un claro ejemplo es lo que está haciendo la Prefectura del Azuay, o lo que ya está intentando promover el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esta solución consiste en asociar a los productores para acopiar los productos, y luego comercializarlos a través de canastas que se entregan directamente al consumidor.
En cuanto al desarrollo de políticas orientadas al sector agrario, durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, en términos generales y de acuerdo a pronunciamientos de diversos sectores productivos, se ha dejado de lado la agricultura familiar campesina e indígena. Así, por ejemplo, el programa “dar una mano sin dar la mano” establece alianzas entre el gobierno y los sectores privados de las cadenas de supermercados y hace un llamado a la sociedad para dar aportes de dinero vía virtual para comprar kits de alimentos a estas mismas cadenas, dejando de lado a los y las productoras campesinas y los mercados populares. Por otro lado la Asamblea Nacional emitió un documento denominado “Resoluciones sobre la emergencia Sanitaria por el COVID-19”, aprobado el 24 de marzo. Este ha sido cuestionado por varios sectores productivos, quienes no se sienten considerados dentro de estas resoluciones, a pesar de que existen propuestas desde los sectores campesinos para que el Estado les compre sus productos directamente. Según la información que tenemos, hasta el momento el gobierno nacional no ha adoptado ningún programa conocido para los y las agricultoras a pequeña escala, ni para la priorización del abastecimiento local.
Nulas o pocas son las acciones que se han podido realizar conjuntamente desde las organizaciones, dadas las restricciones impuestas. Esta situación se une al temor a salir a la ciudad y contagiarse. Sin embrago las mismas familias campesinas empiezan a desarrollar algunas soluciones locales, como por ejemplo la implementación de huertos para el autoabastecimiento. Estos son importantes, debido a los bloqueos en las cadenas alimentarias globales, que ya están causando una crisis alimentaria en Ecuador y el mundo. Por ello es de suma importancia asegurar las condiciones necesarias para mantener los circuitos locales de abastecimiento. Esto no es posible sin la garantía de la tenencia de la tierra, el agua y semillas para los y las campesinas.
Por otro lado, consideramos que esta crisis puede ser una oportunidad para fortalecer los sistemas de producción de alimentos locales y demostrar al mundo que la agricultura familiar campesina e indígena (AFCI) tiene plena relevancia y es de vital importancia. Esta aporta el 70 % de la comida a nivel mundial, es aquella que nos asegura como país los alimentos saludables y producidos de manera sostenible. La misma se mantiene gracias a la diversidad de su producción y a la pluriactividad a la que se dedican varias familias. Por eso mismo, nos preocupan las violaciones a los derechos laborales y otros relacionados, incluyendo los despidos masivos en los cultivos de flores, las jornadas externas de trabajo sin protección en las bananeras y los impactos producidos en el comercio informal, afectado por las medidas de restricción de la movilidad.
Con estos escenarios de sobreexplotación laboral, la AFCI ha venido subsidiando el real costo de los alimentos. Sin embargo, frente a esta crisis y las medidas adoptadas por el gobierno, este sector está siendo afectado otra vez, con un riesgo para la realización del derecho a la alimentación de la población ecuatoriana en general, a mediano y largo plazo.
La AFCI es la alternativa a los riesgos que genera el enfoque extractivo e insostenible de los recursos naturales. La crisis generada por el COVID-19 debería llevarnos a reflexionar sobre la importancia de colocar la vida como centro de las políticas públicas, por encima de los intereses económicos, como corresponde hacerlo en cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales de derechos humanos que ha asumido el Estado ecuatoriano.
Con base en lo anterior, solicitamos que el gobierno nacional adopte las siguientes medidas:
- Asegurar acceso a la salud a la gente del campo, y generar medidas sanitarias oportunas frente al masivo retorno de personas desde la ciudad al campo. Es importante tener en cuenta que la salud es un derecho humano de todas y todos. Esta no solo debe ser privilegio de unas pocas personas.
- Permitir que los mercados campesinos funcionen, asegurando las medidas sanitarias requeridas.
- Establecer mecanismos de expedición de salvoconductos de transporte de los productos campesinos que sean adecuados a sus realidades y que no los confronten a los problemas de la digitalización.
- La condonación de deudas a los pequeños/as productores/as de alimentos, que tienen préstamos productivos. Igualmente se deben condonar las deudas a las Asociaciones campesinas adjudicatarias de tierras incautadas a terratenientes y banqueros a finales del año 1999.
- Adoptar medidas económicas necesarias para sostener, reactivar e incentivar la agricultura familiar campesina e indígena para afrontar a mediano y largo plazo la crisis económica que se avecina.
- Establecer una renta básica (salario básico al menos los meses de esta crisis) para el sector agrícola en especial a la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (AFCI), garantizando así un abastecimiento continuo de alimentos.
- Declarar zonas de reserva de alimentos para garantizar la Soberanía Alimentaria y el Derecho a la Alimentación.
- Detener la expansión del monocultivo y el extractivismo a gran escala, generando una zonificación territorial, dando prioridad a la producción de diversos alimentos.
- Apoyar y fortalecer los circuitos cortos y directos de comercialización campesina con el fin de evitar la especulación de los precios y garantizar un pago justo a los productores.
- Adoptar medidas para asegurar el derecho a la Alimentación de las mujeres rurales, mediante programas que permitan su reactivación económica, evitando su endeudamiento.
La Organización para la alimentación y agricultura de la ONU (FAO, 2020) en su informe Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de COVID-19, recomienda como medida esencial que los países, en el marco del COVID-19, declaren las acciones relacionadas con la alimentación y la agricultura como actividades estratégicas de interés público nacional, que requieren de atención prioritaria y respaldo especial del Estado y de la población en general.
