miércoles, abril 8, 2026
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Mujeres rurales por el derecho a la alimentación… una deuda pendiente

El objetivo de este informe es llamar la atención sobre las violaciones del derecho a la alimentación y nutrición adecuada y otros derechos humanos de mujeres rurales en Ecuador y presentar recomendaciones, sobre todo al Estado ecuaatoriano, para abordar estas violaciones. El informe se enfoca en el derecho a la alimentación adecuada de las mujeres rurales en el marco de la soberanía alimentaria y la interrelación entre este derecho y los derechos a la tierra y otros recursos naturales, participación política, salud, educación y derechos de la naturaleza. Este informe es el resultado de una colaboración entre la Red de mujeres rurales de Ecuador, FIAN Ecuador, Observatorio del Cambio Rural, Unión Tierra y Vida y la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami.

Este informe está organizado alrededor del derecho a la alimentación y nutrición adecuada en el marco de la soberanía alimentaria. En este contexto, el informe seguirá principalmente el marco normativo de la Recomendación General número 34 (RG 34) del Comité de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), es la interpretación autoritaria del artículo 14 de la CEDAW. Este Comité que ha sido ratificado por Ecuador, es el instrumento internacional que brinda la mayor protección de los derechos humanos de las mujeres; el artículo 14 establece las obligacio- nes de los Estados Partes para eliminar la discriminación en contra de las mujeres en áreas rurales. La RG 34, provee un marco para explicar en más detalle las obligaciones de los Estados Partes con respecto a los derechos de las mujeres rurales bajo el artículo 14 de la CEDAW.4 La RG 34 también es un instrumento clave porque fue el primer instrumento en reconocer de forma explícita el derecho a la alimentación y nutrición adecuada de las mujeres rurales en el marco de la soberanía alimentaria.5 Por lo tanto, en la recomendación general 34, el comité de la CEDAW aclara las obligaciones debidas a las mujeres rurales en torno a las varias dimensiones del derecho a la alimentación y nutrición adecuada de las mujeres rurales.

El informe está organizado en secciones enfocadas en diferentes derechos que están íntimamente conectados con el derecho a la alimentación. Las secciones individuales se enfocarán en: (1) el derecho a la alimenta- ción adecuada en el contexto de la soberanía alimentaria, la tierra y otros recursos naturales; (2) los derechos de la naturaleza; (3) el derecho a la participación política; (4) el derecho a la salud; y (5) el derecho a la educación. Cada sección será organizada similarmente, comenzando con la identificación de los puntos de conexión de cada derecho con el derecho a la alimentación adecuada, seguido por la descripción del contenido normativo del derecho basado en instrumentos internacionales, y si se aplica, la interpretación del derecho en la recomendación general 34. Cada derecho también será descrito bajo los marcos nacionales de Ecuador que los garantizan. El informe detallará y analizará violaciones especificas perpetradas por Ecuador en contra de las mujeres rurales. Por último, cada sección cerrará con recomendaciones sobre abordar estas violaciones.

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FORO: Empresas y Derechos Humanos: una realidad en nuestros territorios

Compartimos las exposiciones en el marco del Foro: Empresas y Derechos Humanos: una realidad en nuestros territorios, del 10 de diciembre 2020:

  • Pablo Fajardo de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco – UDAPT

  • Luis Sánchez, caso Coordillera del Condor

  • Jorge Acosta, caso ASTAC

  • John Cajas Guijarro, Rol de los tratados bilaterales de inversión para perpetuar la subordinación a las transnacionales

Pronunciamiento de la sociedad civil ecuatoriana sobre el Tratado Vinculante de las empresas transnacionales y los Derechos Humanos

#AltoImpunidadCorporativa

En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 26/9 para la elaboración de un instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. La idea de un Tratado Vinculante de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos nace de una demanda legítima los movimientos sociales y las comunidades afectadas, buscando ampliar las garantías a la dignidad de las personas, y poner fin a la impunidad de las empresas y asegurar la protección de los derechos humanos.
 
Desde varias organizaciones sociales del Ecuador nos pronunciamos sobre el Tratado, en el marco de la 6ta sesión del Grupo de Trabajo que elabora el tratado vinculante, que se reune en Ginebra, desde el 26 al 30 de octubre de 2020.
 
Te invitamos a leerlo. Descargar

¿ Qué conoces acerca del #TratadoVinculante sobre Empresas y Derechos Humanos que esta semana se discute en Ginebra?

#AltoImpunidadCorporativa

Desde la campaña #manosquenosalimentan y como parte de un esfuerzo colectivo entre varias organizaciones sociales del Ecuador. Colocamos los argumentos más relevantes sobre la importancia del Tratado para los Derechos Humanos y de la Naturaleza
 
Te invitamos a leerlo y compartirlo.
 

“MUJERES RURALES QUE SOSTENEMOS LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DEL ECUADOR

Compartimos el MANIFIESTO de la Red de Mujeres Rurales del Ecuador: “MUJERES RURALES QUE SOSTENEMOS LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DEL ECUADOR
 
Desde el campo, nosotras las mujeres rurales indígenas, montubias, negras/afrodescendientes y campesinas que nos articulamos en la Red de Mujeres Rurales, levantamos nuestra voz hoy 15 de octubre a través de este manifiesto, en el marco del día de la mujer rural y de la alimentación, para exigir condiciones de dignidad, equidad y justicia para todas nosotras, que sostenemos la Soberanía Alimentaria del Ecuador”. #MujeresRurales
 

La alimentación al frente de las respuestas contra la crisis ecológica

Las políticas pasadas y actuales han tratado a los seres humanos y al resto de la naturaleza como dos esferas independientes y separadas. Esta visión de separación artificial ha desencadenado en un sistema de explotación y dominación de los humanos sobre la naturaleza, con terribles consecuencias sociales y medioambientales. En este contexto, el capitalismo financiero y las corporaciones son causantes de la destrucción de los ecosistemas, de la emisión de gases de efecto invernadero y de la expulsión forzosa de las comunidades locales de sus tierras. Según afirma la edición de 2020, para abordar la crisis ecológica es necesario que volvamos a conectar los derechos humanos con la naturaleza. La alimentación, donde nuestra conexión con el resto de los seres que habitan el planeta es más evidente, se presenta como el perfecto punto de arranque para lograr este cambio.

El sistema político y económico mundial convierte los recursos naturales en mercancía y explota la fuerza laboral humana. Esto pone de relieve el vínculo que existe entre el modo en el que las sociedades explotan a las personas y el modo en el que lo hacen con la naturaleza. Asimismo ilustra cuán necesario es el trabajo conjunto de los movimientos de justicia social y medioambiental en la búsqueda de caminos alternativos. El Observatorio de este año, “Una reconexión de los alimentos, la naturaleza y los derechos humanos para superar las crisis ecológicas es un llamamiento a la resistencia colectiva contra la explotación de la naturaleza y a transformar la forma en la que los alimentos son producidos, distribuidos y consumidos – si es que queremos recuperar el control y transformar radicalmente nuestra sociedad.

La edición 2020 del Observatorio ilustra cómo las crisis sociales, políticas y ecológicas pueden ser reducidas a las mismas pautas sistémicas. A lo largo de diferentes artículos, el Observatorio aborda un amplio número de temas que van desde el papel de la industria agrícola como motor de enfermedades como el COVID-19, hasta el importante papel que juega la tierra en la respuesta contra la destrucción medioambiental y el cambio climático. Asimismo, el Observatorio entrevista a diferentes activistas y recoge su perspectiva sobre el veganismo como una de las corrientes predominantes del momento actual para luchar contra el cambio climático.

Entre los principales datos destacados:

  • La separación de las sociedades con respecto al resto de la naturaleza se refleja en la enorme separación que existe entre la legislación internacional de derechos humanos y la legislación medioambiental.
  • La pandemia del COVID-19 ha sacado a la luz los problemas que se esconden tras los sistemas de alimentación industrial, y cómo estos han impulsado la pérdida de la biodiversidad y han creado las condiciones perfectas para el surgimiento de nuevos patógenos y su transmisión de animales a humanos.
  • La tierra y el control sobre los recursos naturales resulta imprescindible para mitigar el impacto del cambio climático, reducir las emisiones, proteger los ecosistemas y garantizar la justicia social.
  • El desarrollo de la agroecología y los recientes avances en la legislación internacional se colocan como puntos de partida para la puesta en marcha de soluciones reales a la crisis ecológica, que parten de las prácticas e innovaciones de las comunidades locales.
  • Las propuestas para poner en marcha un cambio sistémico desde la base que combata las crisis internacionales se están fortaleciendo gracias a la convergencia de los movimientos sociales.
  • El veganismo es un movimiento político y ético en pleno crecimiento que está impulsado por diversas razones medioambientales, pero que en última instancia no puede ser considerado como la única solución para enfrentar el cambio climático, teniendo en cuenta los diferentes contextos socioeconómicos y culturales.

Puedes descargar aquí “Una reconexión de los alimentos, la naturaleza y los derechos humanos para superar las crisis ecológicas

Informe: ¿Crisis alimentaria en Ecuador?. Nuestro derecho a la alimentación en tiempos de COVID-19

Luego de casi seis meses de haberse declarado la emergencia sanitaria, Ecuador sigue integrando el grupo de los 10 países más afectados por la pandemia del COVID-19 en el continente americano. Ante esta realidad, y de cara a la flexibilización de las medidas de confinamiento y distanciamiento social en el país, producto de la emergencia sanitaria, surge la preocupación respecto a los impactos a mediano y largo plazo de la pandemia y la posibilidad de una inminente crisis alimentaria en medio de una fuerte recesión económica.

En el mes de abril 2020, a través del informe “Seguridad Alimentaria bajo la pandemia de COVID-19” la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, CELAC, 2020) advierte que la pandemia repercutirá en un incremento del hambre y la pobreza en los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)”.

El presente informe de monitoreo de los impactos del COVID-19 sobre los derechos de las familias campesinas, busca caracterizar una eventual crisis alimentaria desde la perspectiva del Derecho Humano a la Alimentación y la Nutrición Adecuada (DHANA) el cual se encuentra reconocido en un sinnúmero de estándares internacionales , incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art.25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art.11). A nivel nacional el DHANA ha sido reconocido en la norma suprema.

El DHANA es indispensable para el disfrute de otros derechos como el derecho a la vida, a la salud, al trabajo y a la educación. Así mismo, sin el derecho al agua, al trabajo, a la tierra, a las semillas, a la seguridad social y a la no discriminación, entre otros, no se puede ejercer efectivamente el DHANA

Con base en estos estándares jurídicos del derecho internacional este nuevo esfuerzo colaborativo de organizaciones de la sociedad civil como FIAN Internacional, FIAN Ecuador, el Instituto de Estudios Ecuatorianos, el Observatorio del Cambio Rural-OCARU y la Unión de Pequeños Productores “Tierra y Vida”; buscan ubicar los principales problemas del campesinado, para poder construir de la mano de las organizaciones campesinas un camino que reoriente y enriquezca la política pública con los aportes de la agroecología, del cuidado y los aprendizajes de las luchas del campo.

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Luigin Barzola: “Desde el 2015, no ha sido rentable, no hay utilidad en el cultivo de maíz duro”

#ManosQueNosAlimentan #10

En medio de la pandemia por COVID-19 se hacen evidentes los problemas estructurales de la producción maicera en Ecuador. Frente al nuevo ciclo de siembra, las familias campesinas que se dedican a esta actividad se enfrentan a problemas como la especulación dentro de la comercialización; así como el acceso tanto a créditos e insumos necesarios para sostener su producción de cuya venta depende la subsistencia de sus familias.

Y es que, de acuerdo a reportes de varios campesinos maiceros, desde el 2015, existe un decrecimiento en la producción del maíz duro, ingrediente indispensable en la fabricación de balanceados. Esto debido principalmente a que los monocultivos maiceros son “presa fácil” de muchas enfermedades y plagas, lo que implica una importante inversión en la compra de agrotoxicos y fertilizantes, esto sin duda repercute en el aumento de los costos de producción.

De acuerdo a datos recolectados por FIAN Ecuador en 2015, tan solo en el GAD de Mocache, se perdió el 66,6% del total de hectáreas sembradas, obteniendo solo el 11% de los quintales esperados. otro probema importante identificado fue que tan solo el 13% de los encuestados contaba con seguro agricola, y el 78% no recibió ninguna asistencia tecnica.  Dichos problemas han ocasionado que muchas Asociaciones de pequeños campesinos maiceros no puedan responder a sus créditos y terminen endeudados y “encadenados” sin un respaldo institucional que les permita subsanar sus deudas.

En este décimo diálogo de la campaña #ManosQueNosAlimentan, Luigin Barzola de la Asociación de Productores Agrícolas "San Jacinto" (Mocache-Provincia de Los Ríos), explica cuáles han sido los condicionantes para contar con una producción maicera que les permita subsistir, y como la pandemia ha generado dificultades para la producción de maíz duro en su zona.

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Verónica López- La Toglla: “Nuestras tierras son inalienables, inembargables e indivisibles, no las pueden vender”

#ManosQueNosAlimentan #9

La comunidad Ancestral La Toglla, es un Gobierno Comunitario Territorial. Su principio es la vida comunitaria, la defensa de la vida y la autodeterminación. El territorio de la comunidad es el “Taita Ilaló” y la comunidad se ubica en la parte baja del cráter del volcán, en la parroquia de Guangopolo, con alrededor de 200 familias, del pueblo originario Kitu Kara, nacionalidad Kichwa.

La Toglla es una comunidad que históricamente ha resistido la privatización de su territorio colectivo, legalmente reconocido desde 1923 por una escritura madre. Tradicionalmente la economía giraba en torno a la agricultura y la venta e intercambio del cedazo. Hacia los años 70, con el boom petrolero y la baja en la venta de cedazos, la comunidad empieza a buscar ingresos en otros lados, como la hidroeléctrica, construida por ese mismo tiempo. Luego, con la apertura de la vía intervalles, en los años 90, la gente ve la posibilidad de dinamizar la economía y sale a trabajar a Quito. La gente se convierte, como muchas de las zonas rurales cercanas a la ciudad, en prestadores de servicio, en mano de obra “no calificado”, se convierten en obreros, albañiles, plomeros, carpinteros, cerrajeros, pintores, electricistas, guardias de seguridad, empleadas domésticas, costureras, entre muchas otras ocupaciones. Esto generó una relación de dependencia de la ciudad hacia la zona rural, pero no necesariamente un trato igual.

El crecimiento urbano de Quito y su expansión sobre todo hacia los valles del lado oriental, el Valle de Tumbaco y el Valle de los Chillos, con centros comerciales, conjuntos habitacionales cerrados y la construcción del aeropuerto Mariscal Sucre han cambiado la estructura rural de esa zona y ha generado una mayor presión sobre el territorio comunal – no solo en el caso de la Toglla –, por parte del Municipio y de empresas inmobiliarias, entre otros actores. A pesar de esto, la Comunidad Ancestral La Toglla resiste y lucha por la conservación de su territorio, por la conservación del Ilaló, como espacio natural, verde y vivo.

En este noveno diálogo de la campaña #ManosQueNosAlimentan, Verónica López, dirigente de La Comunidad Ancestral La Toglla, cuenta sobre el retorno al labrado de la tierra y al trueque como respuesta a la emergencia sanitaria. Además, hace un llamado a los registradores públicos y a todos los que tengan intereses económicos sobre el territorio de la comunidad: el territorio no se vende, el territorio se defiende.

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Rosita Murillo- MESSE “Las ferias son espacios donde vas construyendo relaciones solidarias”

#ManosQueNosAlimentan #8

La propuesta agroecológica es integral. Asume a más de la producción otros ámbitos de acción como la social, lo económico, lo cultural y sobretodo, lo político.

En el tema de la comercialización, por ejemplo, la agroecología se orienta a la construcción de mecanismos que propicien una relación cercana entre productores/as y consumidores/as. En estos procesos, la confianza en lo que se ofrece o se intercambia se construye a través del acompañamiento y de la corresponsabilidad, del conocimiento y del apoyo mutuo. En este marco aparecen los Sistemas Participativos de Garantías (o SPGs) que son mecanismos legitimados comunalmente para generar credibilidad en productos agroecológicos. Para organizaciones como el Colectivo Agroecológico del Ecuador y el Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador – MESSE, son procesos autónomos de las organizaciones sociales y comunitarias que han sido gestados por iniciativa y recursos propios, en ausencia del Estado, en tal sentido no han requerido un mecanismo de control o monitoreo estatal.

No obstante, durante la pandemia, Agrocalidad inició un proceso de socialización respecto al nuevo Instructivo para regular la producción orgánica, biológica, ecológica en el Ecuador, un documento criticado por las organizaciones de la sociedad civil por ser elaborado sin la activa participación de las organizaciones relacionadas a estas actividades.

En este octavo diálogo de la campaña #ManosQueNosAlimentan, Rosita Murillo, productora agroecológica y parte del MESSE- Imbabura, explica el significado de los SPGs para las productoras y los productores agroecológicos y la importancia de los mismos para la autonomía campesina y el fomento agroecológico en el país.

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