Por: Grupo de trabajo por un Tratado Vinculante para empresas y Derechos Humanos
Es indignante que, en medio de la grave crisis ocasionada por las inundaciones en la provincia de Esmeraldas, se haya sumado un derrame de petróleo que obligó a suspender el servicio de agua en tres cantones cuando más se necesitaba de la misma para las labores de limpieza y recuperación de viviendas y espacios públicos.
Pese a contar con la refinería petrolera desde el año 1977, la bonanza prometida del petróleo no ha repercutido en la vida digna de la población esmeraldeña. El 51% de la población de la provincia de Esmeraldas vive en situación de pobreza según el INEC. Mientras tanto, los impactos de la industria petrolera en el cantón y en la provincia se traducen en daños y graves afectaciones en la vida cotidiana de sus habitantes, sobre todo quienes están alrededor de la misma. En la actualidad los sectores del sur cercanos a la refinería de Esmeraldas, reportan olores fuertes a gas y diesel en las mañanas y en la noche, asunto directamente relacionado con la operación de la refinería y que tiene consecuencias negativas sobre la salud humana.
No podemos olvidar tampoco el incendio del 26 de febrero de 1998, considerada la mayor catástrofe de la refinería, produciendo más de 40 muertes y cientos de personas heridas. Además, el derrame registrado en medio de la inundación no es el primero, se han registrado derrames de magnitud similar en los años 2003, 2017 y 2018, sobre los cuales no ha habido ningún tipo de reparación.
La realidad de Esmeraldas es una situación de injusticia social, ambiental y económica. Al igual que en la Amazonía en Esmeraldas el Estado implementa sus grandes proyectos sin ningún tipo de precaución ni reparación a la población, como si se tratara de territorios y pueblos que pueden ser contaminados, desechados y sacrificados para el bienestar de otros. Es un acto de racismo ambiental que no lo podemos pasar por alto y que denunciamos.
Habiendo pasado ya un mes desde las inundaciones y del derrame de petróleo, se han tomado pocas medidas concretas y está la amenaza de cerrar los albergues, a pesar de que las personas aún no recuperan sus viviendas ni medios de vida. Un ejemplo de la indignación y desesperación de la población se evidenció el pasado 3 de julio cuando moradores del sector “50 casas”, cerraron la vía principal del sur de Esmeraldas para exigir atención por parte de las autoridades. La inseguridad y altos índices de delincuencia, que en gran parte es fruto de la injusticia social acumulada que vive la provincia, es otra situación que no da tregua ya que, además de las pérdidas por la inundación, también hay que estar alerta para no perder las pocas pertenencias que todavía les queda, ante el peligro de la delincuencia.
Rechazamos las declaraciones de varias autoridades de gobierno que, por buscar deslindarse de sus responsabilidades históricas y actuales con la provincia de Esmeraldas, han catalogado a estos hechos como consecuencia exclusiva e inevitable del cambio climático pretendiendo desconocer que el mismo cambio climático es consecuencia de un modelo depredador de la Naturaleza que este gobierno ha profundizado. Esta situación pudo haberse evitado si las autoridades contaran con un sistema de prevención ya que no es la primera vez que ocurre este tipo de daños en la ciudad y en la provincia. Así, la falta de acciones concretas de las autoridades seccionales y el silencio del gobierno Nacional frente a las demandas de la población, prolongan y agravan la injusticia social en la provincia y empujan a la población a vivir en mayores escenarios de violencia y afectaciones de manera sistemática al buen vivir en la provincia de Esmeraldas.
Por lo antes expuesto, los distintos colectivos sociales del Ecuador, que abogamos por desarrollar reglas claras para frenar el abuso corporativo, y una tutela eficaz de los Derechos Humanos, exhortamos:
Al Gobierno Nacional. -
- Generar y aplicar políticas públicas claras de prevención y gestión de riesgos, tendientes a evitar nuevos desastres como consecuencia de los fenómenos naturales y meteorológicos extremos derivados de la crisis climática, que afectan a la salud, a las fuentes de agua, al ambiente de la población de la provincia de Esmeraldas.
- Los distintos derrames de crudo que se han producido en la Refinería de Esmeraldas, demuestran que la empresa PETROECUADOR, no ha implementado ninguna medida adecuada de prevención. Por ende, la empresa y sus operadores son responsables tanto administrativa como penalmente por el daño causado a la naturaleza y a la población. Pese a esa responsabilidad, hasta este día no conocemos que el MAATE ni la Fiscalía hayan implementado procesos reales y transparentes de investigación y sanción a los responsables. Por tanto, exhortamos y exigimos a implementar todas las acciones pertinentes a fin de garantizar que estos desastres no se vuelvan a repetir y a realizar una reparación integral frente al daño causado.
- Exhortamos a la empresa Petroecuador a aprovechar adecuadamente el gas que hoy quema en los mecheros o teas, para evitar futuros accidentes y no contaminar el aire, agua y cultivos de las áreas circundantes.
- Implementar planes y programas reales que impulsen el desarrollo económico integral y prioritario de la población esmeraldeña. De tal forma, que se reduzcan los niveles de pobreza y extrema pobreza.
- Exigimos que se realicen brigadas de salud con especialistas para atender a la población afectada y prevenir futuras enfermedades.
A los Gobiernos Autónomos Descentralizados . –
- Definir con claridad el plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Esmeraldas que incluya un plan de reubicación de todos los barrios aledaños a la refinería de Esmeraldas para evitar nuevos desastres.
- Realizar controles permanentes de la calidad de aire, agua y suelo en los barrios circundantes a la Refinería de Esmeraldas.
- Implementar sistemas de captación de agua, de lugares completamente seguros, y que no estén expuestos ni en riesgo de ser contaminados por hidrocarburos.
