El principio de indivisibilidad de la Pachamama y la correlación de todo ser vivo con ella, es el pilar fundamental del pensamiento y la forma de vida de los pueblos indígenas. Este es hoy el argumento básico para la defensa del Planeta, de la Humanidad y de la Vida y uno de los principios fundamentales milenarios que perviven a pesar de la universalidad y el sometimiento del pensamiento occidental.
La nueva Constitución del Ecuador reconoce este principio como el del Sumak Kawsay o el Buen Vivir. Sin embargo, dicho reconocimiento constitucional dista mucho aún de la transformación real del modelo económico y de sociedad que brote de profundos cambios socioeconómicos, de género, de los sentidos y de los proyectos colectivos.
En la perspectiva de las transformaciones que deben impulsarse para empezar el camino hacia el Sumak Kawsay, la Soberanía Alimentaria y el Derecho a la Alimentación, resultan imperativos:
La re-significación de la comunidad como modelo colectivo de producción y reproducción de la vida en el que se plasma la integralidad, la inter-relacionalidad y la complementariedad entre toda forma de vida.
La re-significación de la Madre Tierra como fuente de interrelaciones vitales, diferentes de las asignadas por el mercado y el capital.
La defensa de la tierra y el agua, como centro de la conformación de un espacio vivido y sentido que da lógica al territorio.
La re-significación de la ruralidad como espacio de vida, que no se constriñe a lo productivo, ni a lo agrícola o pecuario. El campo adquiere su sentido, pues, no solo como una parte de la tierra, sino de la Naturaleza.
Y la re-significación de lo urbano, que no debe proyectarse únicamente desde el consumo.
Es en ese nuevo contexto de re-significaciones necesarias en el que debe inscribirse la lucha por la tierra, por la Soberanía Alimentaria y el Derecho a la Alimentación: es decir, la defensa de un espacio de vida que incluya el acceso equitativo a los medios de producción.
Las políticas de Estado deben estar dirigidas, entonces, a lograr la eliminación de la desigualdad en el acceso a los factores de producción. Por tanto, dichas políticas deben reconocer las diversas formas de propiedad y de producción para romper con la visión de derechos de propiedad absoluta y/o individual y transitar hacia gestiones colectivas, definidas en torno al interés social común y los Derechos de la Naturaleza.
