Organizaciones de la sociedad civil denuncian que existen riesgos de captura corporativa del proceso de negociación liderado por Delegación de Ecuador en Ginebra.
Quito, 27 de octubre de 2023
Durante la semana del 23 al 27 de octubre, se desarrolló en Ginebra la novena sesión del Grupo Intergubernamental para la elaboración de este instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas y DDHH, creado por la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Cabe recordar que, desde el inicio del proceso en el año 2015, este grupo de trabajo está presidido por el Embajador de Ecuador en Ginebra. Actualmente ese cargo lo ocupa el señor Cristian Espinoza Cañizares.
La negociación reflejó la gran asimetría de intereses entre la sociedad civil y los estados del Sur Global que buscan mecanismos efectivos para hacer efectivas las obligaciones vinculantes de las empresas transnacionales frente a vulneraciones de derechos humanos, y los países desarrollados.
Una especial preocupación despertó la actuación del Embajador Cristian Espinoza, Presidente del Grupo de trabajo Intergubernamental, que lejos de facilitar el proceso buscó introducir un nuevo borrador de Tratado acorde con los intereses de los países desarrollados y las transnacionales, que buscan evitar que se establezcan obligaciones vinculantes para las empresas, ignorando el consenso alcanzado entre los Estados participantes luego de nueve años de trabajo del Grupo Intergubernamental y las demandas de la sociedad civil para que se cumpla el mandato de la Resolución 26/9.
Incluso se llegó al despropósito de sugerir la necesidad de una nueva resolución para redefinir el ámbito de trabajo y el alcance de las negociaciones, lo que tuvo como respuesta una abrumadora oposición de parte de los Estados participantes y de la sociedad civil, que exigieron más bien el reimpulso del proceso de negociación.
Las principales controversias durante las negociaciones
A pesar de que este año sólo se pudo revisar los tres primeros artículos del borrador de tratado, entre los puntos más controvertidos se encuentran: a) la falta de obligaciones jurídicas directas para las empresas en materia de derechos humanos; b) la decisión de incluir todo tipo de empresas o, en el espíritu de la Resolución 26/9, solo las transnacionales y sus cadenas de suministro, y c) la amenaza de desprotección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Otros temas de preocupación tienen que ver con la posición del Reino Unido y de Estados Unidos de quitar el acento del borrador en las transnacionales, la demanda de utilizar la categoría “abuso de derechos humanos” en lugar de “violaciones de derechos humanos”, y el uso de la palabra “responsabilidad” de las empresas en lugar de “obligaciones”.
Las organizaciones de la sociedad civil participantes apuntaron que el proceso de negociación y la conducción realizada por diplomáticos ecuatorianos, evidencian una creciente influencia de las transnacionales y ciertos Estados del Norte, lo que subraya la necesidad de una coordinación global de la sociedad civil para defender el avance del proceso de adopción de un instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos. Estos hechos demuestran que el Gobierno de Guillermo Lasso ha fracasado en materia de Derechos Humanos. Se espera que la administración del Presidente Daniel Noboa, asuma con responsabilidad este proceso y se impuse la creación de un instrumento jurídicamente vinculante en materia de Derechos Humanos y empresas Transnacionales.
Coalicion por el Tratado Vinculante #AltoALaImpunidadCorporativa
