La historia de la minería metálica moderna, para América Latina, ha sido la del despojo de sus materias primas para abastecer el “desarrollo” de las industrias modernas de los países del norte. En toda Latinoamérica existe el fenómeno del extractivismo sobre nuestros recursos naturales. El 60% de las empresas dedicadas a la minería metálica se encuentran en Canadá, las cuales cuentan con el respaldo y apoyo del gobierno canadiense dejando en la impunidad, atropellos, crímenes, contaminación y desplazamientos que éstas provocan sobre la población.
La primera exploración sistemática conocida en el páramo de Kimsacocha2 se llevó a cabo por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD a finales de 1970. Los planes de explotación entran en la época de los noventa con el PNUD. En 2002, más de 12 mil hectáreas fueron concesionadas por el Estado a la compañía transnacional canadiense “I am Gold”, con la primera licencia ambiental del país, en este mismo año inició actividades exploratorias que comprometen a las micro cuencas de los ríos Irquis, Tarqui y Bermejos Yanuncay, declarado en 1985 por el INEFAN – hoy Ministerio del Ambiente – reservorio natural de agua que alimenta a decenas de miles de familias y que comprende 33.000 hectáreas.
El pueblo está consciente de lo que significa el cuidado de los recursos naturales en especial el cuidado del agua por lo que no permitirá realizar actividades de explotación minera dentro de su territorio4.
En abril de 2008, debido a la fuerte presión de las organizaciones sociales la Asamblea Constituyente aprobó el Mandato Minero que revirtió alrededor de 4.000 concesiones mineras que afectaban a fuentes de agua. El Ministerio de Minas y Petróleo emitió una suspensión de 180 días de todas las actividades mineras y de exploración para la revisión de la ley minera vigente.
El 29 de enero de 2009 se aprobó un nuevo proyecto de ley minera publicada en el Registro Oficial 517, el cual deja la puerta abierta para que las transnacionales mineras realicen actividades sobre las fuentes de agua, causando contaminación, deforestación de bosques nativos, desplazamiento y muerte de las poblaciones asentadas sobre aquellos territorios.
Comunidades y organizaciones sociales de las provincias del Cañar, Azuay, Loja y Zamora Chinchipe vienen protagonizando luchas de resistencia a las actividades mineras en sus territorios. Como consecuencia de esto mujeres, niños, ancianos fueron objeto de agresiones por parte de la fuerza pública, y sus principales dirigentes fueron acusados bajo las figuras de terrorismo, sedición y sabotaje, cuando su lucha es por defender el Agua y la Pachamama.
