La Corte Constitucional del Ecuador resolvió la Acción Extraordinaria de Protección propuesta por la Procuraduría General del Estado y otras entidades públicas, en contra de la sentencia que ordenaba la devolución de bienes incautados a los hermanos Isaías.
Varias familias campesinas del cantón Durán pertenecientes a las asociaciones La Nueva Revolución, La Fe del Campesino, Asovancon, entre otras agrupadas dentro de la organización “Unión Tierra y Vida”, se convocaron en los exteriores de la Corte Constitucional del Ecuador en la ciudad de Quito, la mañana del 17 de diciembre para exigir a la Corte Constitucional del Ecuador que considere en su fallo la obligación del estado de garantizar los derechos de las personas campesinas a la tenencia segura de la tierra, y evitar desalojos forzosos.
Dichas organizaciones campesinas desde hace 17 años cultivan alimentos en el predio MARIVA LAMIPER, terreno que perteneció en su momento a los hermanos Isaías, pero que en 2016 fue transferido al Ministerio de Agricultura y Ganadería para su redistribución.
Mientras las familias expresaban sus consignas recibieron la noticia sobre el fallo de la Corte. “Victoria, Victoria Campesina” sonó al unísono, mientras sonrisas y lágrimas de felicidad inundaban los exteriores de la Corte
La sentencia que anula las decisiones judiciales que favorecían a los hermanos Isaías, establece que:
- No se ejecutará la reparación integral ordenada por las sentencias de primera y segunda instancia, ya que se consideró que estas decisiones judiciales desnaturalizaron la acción de protección y vulneraron la seguridad jurídica.
- El caso ahora deberá ser investigado por la Fiscalía General del Estado por un posible delito de prevaricato cometido por los jueces que transformaron la medida cautelar en acción de protección y emitieron sentencias favorables a los hermanos Isaías.
- Los bienes incautados por el Estado no serán restituidos a los Isaías ni se les pagará ninguna compensación económica derivada de las decisiones judiciales anuladas.
“Son muchos meses que hemos pasado en zozobra, bajo la amenaza de que podríamos perder nuestras tierras, y con ello nuestros medios de vida, todo a causa de una lectura errónea del dictamen del Comité́ de Derechos Humanos (CDH) de la ONU”, señaló Manuel Ipo, vocero de la Asociación “La Nueva Revolución”.
A juicio de las familias campesinas afectadas, suponer la restitución o compensación de bienes no ordenada por dicho organismo internacional, puso en peligro su derecho a la tierra reconocido en la en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Campesinos (UNDROP) y otros derechos consagrados también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Es por ello que, inmediatamente, la nutrida delegación, se trasladó hacia las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para entregar la resolución y solicitar que de manera inmediata culmine con el proceso de adjudicación de sus tierras.
