FIAN Ecuador, el Centro de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDES), la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional), el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna y el Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), manifestamos nuestra profunda preocupación por el uso excesivo de la fuerza policial y militar durante las movilizaciones en todo el país llevadas a cabo entre el 2 y el 20 de agosto, por organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales en contra de las políticas que actualmente se vienen implementando en Ecuador, así como, la propuesta de enmiendas constitucionales en curso Según la opinión de varios sectores de la sociedad, estas enmiendas conducirán a la restricción de derechos como la acción de protección, la consulta popular, los derechos laborales de las y los obreros del sector público, así como también permitirán la reelección presidencial indefinida, entre otras. Según informaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), durante dichas movilizaciones se ha registrado la detención arbitraria de cerca de 159 personas a nivel nacional, de las cuales, 115 han sido procesadas y 64 se encuentran en prisión preventiva[1]. Asimismo, se ha observado la militarización sobre territorios indígenas, un gran número de personas heridas y allanamientos a domicilios.
El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza de elementos policiales y militares para controlar protestas de la población civil es contrario a los diversos tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Ecuador como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Facultativo del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos Humanos y el "Pacto de San José", entre otros. Adicionalmente el Art. 1 de laDeclaración de Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos subraya que "toda persona tiene derecho individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional" [2].
El accionar estatal también viola la Constitución de la República del Ecuador, la cual reconoce el derecho a la resistencia “frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales”. Constituye asimismo una violación de los derechos humanos como la libertad de pensamiento, asociación y expresión protegidos por la Constitución (Art. 98 y 111).
Por tal motivo, es inaceptable que el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución ecuatoriana sea duramente reprimidos.
Solicitamos al Estado el respeto al debido proceso en las causas iniciadas contra civiles debido a su participación en acciones de protesta, así como el cese de todo hostigamiento contra las y los manifestantes y defensores de derechos humanos en Ecuador. De igual forma, rechazamos todo acto de violencia ejercida por el personal de la policía contra las mujeres, personas de la tercera edad, menores de edad y personas con capacidades especiales.
Exigimos al Estado garantizar el derecho a la protesta y a la libre expresión en Ecuador y demandamos la realización de investigaciones imparciales en relación a la fuerza policial excesiva contra los y las manifestantes.
Además hacemos un llamado a no permitir que se incremente la violencia y que se siga promoviendo espacios pacíficos de diálogo y manifestaciones.
Rechazamos todo acto de violencia que se esté generando durante estas jornadas.
Firman:
FIAN Ecuador
Centro de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDES)
Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna
Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM)
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)
