Para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el Derecho Humano a una Alimentación y Nutrición Adecuada (DHANA) es “inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas [...], orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos”. El uso y la exposición a los agrotóxicos tiene graves repercusiones en el DHANA, en la Soberanía Alimentaria, en los territorios y para las familias campesinas.
El DHANA, obliga al Ecuador a aplicar medidas de protección y exigencias en materia de seguridad y soberanía alimentaria, para velar por la inocuidad de los alimentos y la salud de quienes los producen. Sin embargo, en materia de gestión e implementación de políticas públicas, orientadas al cumplimiento y garantía de este derecho, el Ecuador ha realizado pequeñas y limitadas acciones, para promover políticas encaminadas a que los campesinos y las campesinas, no utilicen sustancias peligrosas como productos agroquímicos tóxicos, contaminantes agrícolas o industriales, menos aún en implementar mecanismos para evitar la exposición a ellos.
La Constitución del 2008, en su Art. 15 señala: “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto”. A pesar de ello, la orientación del Estado, con el apoyo de las empresas fabricantes de agrotóxicos, ha fomentado y promocionado el uso de los mismos, en franca contradicción con la Constitución. Esta orientación, nos da indicios de la existencia de una alianza público-privada, que, al vulnerar los derechos humanos, puede ser vista como “Captura Corporativa”.
La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Cul- turales (Red-DESC) define la Captura Corporativa como:
[...] las maneras en que una élite económica socava la realización de los derechos humanos y perjudica el medio ambiente, mediante el ejercicio de una influencia indebida sobre los encargados de tomar las decisiones en el ámbito nacional e internacional, y sobre las instituciones. En este sentido, la Captura Corporativa actúa como una causa de muchos abusos contra los derechos humanos por parte de las empresas.
La Captura Corporativa, se manifiesta a través de mecanismos como suavizar las leyes y los estándares de calidad, debilitar a las instituciones estatales regulatorias y de control, así como, los instrumentos que permiten garantizar, proteger y cumplir los derechos humanos.
El objetivo de este documento es aportar argumentos desde el DHANA y los Derechos Campesinos, que permitan la construcción de políticas públicas que apunten hacia una transición a un Ecuador libre de agrotóxicos. Para ello, nos apoyamos en datos obtenidos de comunidades campesinas encadenadas al cultivo del maíz duro y el arroz. En el capí- tulo I, se analiza la geopolítica de los mercados de agrotóxicos, las po- líticas públicas y la Captura Corporativa en Ecuador. En el capítulo II, se examina la situación de los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP), en los territorios campesinos vinculados con la producción de arroz y maíz duro. En el capítulo III, se establecen las condiciones actuales de la salud de las familias campesinas por el uso excesivo de agrotóxicos. El capítulo IV, corresponde a las conclusiones respecto a la Captura Corporativa y la problemática de los agrotóxicos en el marco del DHANA. Finalmente, en el Capítulo V, se presentan recomendaciones a la luz de los derechos campesinos, que deberían ser tomadas en cuenta, al momento de construir políticas públicas a favor de las familias campesinas y de la naturaleza que interactúa con ellas.
Esta publicación es la primera de la Serie “Derechos Campesinos”, la cual pretende hacer lecturas políticas en el área rural a la luz de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos, campesinas y de otras personas que trabajan en las zonas rurales del 2018. Para las organizaciones responsables de este informe, este instrumento internacional es un marco legal importante para abordar los temas rurales, los desalojos, las políticas anti-campesinas y la protección a las familias trabajadoras desde una perspectiva de derechos.
