#ManosQueNosAlimentan #1
El pasado 7 de abril del 2020, las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) de Ecuador se rompieron y causaron un gran derrame que liberó al menos 15 mil barriles de petróleo al río Coca, aguas arriba de la antigua cascada de San Rafael. Tras dos meses de inatención por parte del Estado Ecuatoriano, la presencia de problemas dérmicos (manchas, sarpullido o laceraciones en el cuerpo), un brote de dengue y casos con sintomatología asociada a COVID-19, son cada vez más frecuentes. Estos efectos agudos generados por el derrame y la pandemia, de acuerdo con los afectados, son visibles en al menos el 70% de las comunidades impactadas. Según criterios de expertos, los daños en la piel son propios de personas que han estado expuestas al contacto con el agua del río contaminado; de continuar la contaminación sin la debida, estas afecciones se pueden intensificar si el ambiente continúa contaminado.
Tanto la contaminación del agua, como los efectos a la salud de la población, han significado un peso importante al ya complejo trabajo no remunerado que efectúan las mujeres rurales quienes a través del cuidado enfrentan los efectos de la pandemia. Ivonne Macías, coordinadora zonal de la Red de Mujeres de la Unión de Afectados y Afectadas por las operaciones petroleras de Chevron-Texaco y presidenta del Comité de Derechos Humanos del cantón Shushufindi de la provincia de Sucumbíos, nos cuenta sobre la crisis de cuidados exacerbada por el derrame de petróleo.
