Ecuador recibió la visita de la Misión Internacional de Verificación ‘Territorios en Resistencia’ la cual desarrolló previamente la observación de campo en Colombia, a las comunidades de la Asociación de Parceleros Desplazados del Corcovado (APADECOR) y en el caso de Ecuador arribó a las comunidades de Kimsakocha y Río Blanco, esta es la primera Misión Internacional de Verificación apoyada por la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y la Nutrición (RMDA), y con el apoyo financiero de la Unión Europea, esta es la primera en Sudamérica y la tercera a nivel mundial.
La Misión escogió los casos de Kimsakocha y Río Blanco por considerarlos emblemáticos en su proceso de resistencia y persecución a defensores de derechos. El objetivo de la misión es recoger información de las comunidades y autoridades locales que permitan verificar la situación sobre los riesgos, amenazas, y violaciones al derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada, estado de salud, acceso al agua, criminalización y persecución a defensores de derechos humanos.
Uno de los aspectos más reiterado en las entrevistas de los miembros de la misión con las comunidades es la afectación que la minería supondría para las fuentes de agua subterráneas por ejemplo en el caso de Río Blanco. El proyecto minero de Río Blanco es uno de los cinco proyectos considerados estratégicos por el Gobierno Nacional, y está ubicado en la parte alta de las parroquias de Molleturo y Chaucha, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas. A más de la suspensión extractiva minera, el fallo ordena que se desmilitarice la zona y que la Defensoría del Pueblo vigile el cumplimiento de la sentencia.
Al llegar a la boca-mina del túnel de la mina de Río Blanco se constató que a pesar de haber sido suspendida toda actividad minera en el lugar los sellos de clausura de esta entrada habían sido retirados. A esta visita acudieron también autoridades como Margarita Arias, representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio en la provincia de Azuay, y César Zea quien será posesionado como el delegado del Azuay de la Defensoría del Pueblo, ambos indicaron levantarán un informe respectivo sobre este particular.
El día domingo 1 de julio se cumplió la segunda visita de la Misión Internacional de Verificación ‘Territorios en Resistencia’, esta vez las comunidades perjudicadas por proyectos mineros alrededor del páramo de Kimsakocha realizaron un recorrido hacia el área de exploración avanzada que la empresa INV Minerales Ecuador S.A., ha efectuado. Luego del recorrido los miembros de la misión pudieron compartir experiencias y escuchar de la minería en su territorio, a través de una pampamesa en la comunidad de Cauquil.
La Misión está integrada por distintas organizaciones nacionales e internacionales como FIAN Internacional (sede Alemania), FIAN Colombia, FIAN Ecuador, Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador – ECUARUNARI, Red Mundial por el Derecho a la Alimentación (RDMA), FIAN Suecia, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Colectivo Caminantes y Minning Watch (Canadá). Se prevé que esta coalición de organizaciones, mediante la Misión, difundan y apelen a mecanismos de protección para las comunidades por la posible violación a los Derechos Humanos, a través de la elaboración de un informe de verificación que devele los principales hallazgos de la investigación.
Al cumplir el segundo día de la investigación de campo, la misión se entrevistará con autoridades de la ciudad de Cuenca y la provincia del Azuay que tienen que ver directamente con el problema minero como la Gobernación, Prefectura, Alcaldía, y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. Las entrevistas con autoridades también se desarrollarán en la ciudad de Quito este 3 y 4 de julio de 2018, allí se busca indagar sobre los principales hallazgos de la investigación en cuanto a vulneración de derechos, por lo cual se efectuarán entrevistas al Ministerio del Ambiente, Ministerio de Minería y Agencia de Regulación de Control Minero, Secretaría del Agua, Defensoría del Pueblo y el Consejo de la Judicatura.
