Este lunes 12 de septiembre de 2022 la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Transito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, emitió su sentencia que declara sin procedencia el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General del Estado rechazándolo y, en consecuencia, confirma en todas sus partes la sentencia dictada por el juez Jhony Lituma, en mayo 2022, que declara con lugar la vulneración de derechos constitucionales a la reparación, tutela judicial efectiva, debido proceso y propiedad de los accionantes, William y Roberto Isaías Dassum, por parte del Estado ecuatoriano.
Las familias campesinas del predio #LasMercedes (Guayas) exigen al Estado que se adopte medidas que permitan corregir los impactos adversos de la implementación del dictamen del Comité de DDHH-ONU frente al #CasoIsaias, a fin de proteger los derechos campesinos de las familias en posesión de dichos predios por más de una década, adjudicando las tierras a través del #Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, aplicando la redistribución de tierras.
Recordemos que la implementación del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU ha sido utilizada por los hermanos Isaías para iniciar una serie de acciones que han conducido a la violación o amenaza de los derechos consagrados en la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos/as y Otras personas que Trabajan en áreas Rurales (UNDROP), así como otros instrumentos internacionales de los cuales Ecuador es signatario.
Las demandas jurídicas descritas han sido aprovechadas por el sector privado vinculado al cultivo de camarón y al negocio inmobiliario para intimidar a las asociaciones campesinas y presionarlas a vender cuanto antes las tierras que detentan, para poder por lo menos recibir algún valor por las mismas, antes de un eventual desalojo.
En este contexto, algunas familias se han visto forzadas a vender las tierras a precios extremamente bajos, en comparación con su valor comercial. De esta manera, de acuerdo con las informaciones recibidas de la organización Tierra y Vida, el sector privado ha adquirido unas 1.024 has. Entre diciembre de 2021 y febrero de 2022. Dicha adquisición se traduce en que hoy la mayoría de las familias campesinas son económicamente desplazadas de sus medios de vida, producción y reproducción social, mientras unas pocas familias de las asociaciones “Patria Nueva” y “Extrabajadores” se resisten a dejar sus tierras viendo amenazada su subsistencia, sus derechos campesinos, su derecho a la libre asociación, y siendo condenadas a una permanente zozobra.
En cuanto a las presiones a las familias que aún no han vendido, las propuestas han sido rechazadas por los campesinos, quienes ratificaron a las personas que ejercen presión, que la tierra es su única fuente de vida y que, esos valores irrisorios no les permitiría subsistir el resto de sus vidas. Sin embargo, la campaña de hostigamiento para dividir a la comunidad con ofertas individuales continúa, manteniendo la presión.
La Sala, al ratificar el cuestionado fallo dl Juez Lituma agrava la situación de vulnerabilidad de los derechos campesinos de familias que cultivan las 413 hectáreas del predio que fueron de propiedad de las Compañías Mariva S.A. y Lamiper S.A. propiedad del grupo “Isaías” al saber que con su ejecución serían desplazadas forzosamente, afectando su derecho a la propiedad. La ejecución de la sentencia implicaría la confiscación de sus bienes e inversiones en infraestructura productiva, los cuales incluyen la mecanización del suelo, construcción de canales de riego y drenaje, viviendas y sedes sociales.
Además, la ejecución de la sentencia amenaza los derechos a la alimentación, a la nutrición adecuada, a la salud, educación y otros derechos conexos de las comunidades campesinas afectadas.
Por otra parte, este fallo expone a las comunidades a mayores riesgos del sector privado para obligarles a vender a precios irrisorios las tierras, bajo amenaza de desalojos, se rompe con la razón de ser de las organizaciones campesinas, aglutinadas en torno a la defensa de la tierra. De esta manera se afecta también su derecho a la organización y con su libertad de asociación.
FIAN Ecuador alerta que la Corte Provincial del Guayas tras negar la apelación que presentó el Estado y ratificar la sentencia del juez Lituma los derechos de las familias campesinas del predio Las Mercede serian violentados. La presencia de las familias campesinas garantiza no solo su soberanía alimentaria, sino que. Dado que el predio está a 20 minutos de Durán y 30 minutos de Guayaquil, los cultivos producidos en esta zona abastecen a la canasta básica a las familias que viven en el sector urbano, al ejecutarse el fallo del juez Lituma se produciría un desalojo y atentaría el derecho a la alimentación y soberanía alimentaria.
El Estado debe adoptar las medidas que permitan corregir el impacto adverso de la implementación del dictamen a fin de proteger los derechos de las asociaciones campesinas y que se dé curso para que el Ministerio de Agricultura y Ganadería pueda adjudicar las tierras a favor de las asociaciones campesinas que por más de quince años vienen cultivando y de obtienen el sustento familiar.
