Durante la sesión 61 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Ecuador estuvo en el foco por una razón urgente: la situación de las personas defensoras de derechos humanos y su relación directa con el derecho a la alimentación y la nutrición adecuada.
La delegación ecuatoriana llevó un mensaje contundente a los organismos internacionales: sin la protección adecuada a las personas campesinas defensoras de derechos a la tierra, el agua y las semillas, se pone en riesgo el derecho a la alimentación, el derecho a una ambiente sano, el derecho a la vida, los derechos de las futuras generaciones de todo el país.
Durante varios días, organizaciones y representantes de la sociedad civil sostuvieron una intensa agenda de incidencia política. Su objetivo fue visibilizar las amenazas, criminalización y violencias que enfrentan quienes defienden derechos fundamentales en Ecuador, y promover la construcción de una política pública de protección efectiva, en línea con los compromisos internacionales del Estado ecuatoriano. Las reuniones incluyeron encuentros con relatorías especiales, agencias de Naciones Unidas, representantes de cooperación internacional y espacios académicos, donde se presentó el informe "La lucha por la libertad, la dignidad y la vida", una radiografía crítica de la situación actual de las personas defensoras de derechos humanos en Ecuador.
El mensaje repetido en cada espacio busco posicionar que cuando una persona defensora es amenazada o silenciada, también se debilita la soberanía alimentaria, la democracia y el derecho a una vida digna en el campo. Los ataques y la criminalización contra el campesinado y los pueblos indígenas afectan directamente la posibilidad de garantizar alimentos saludables y sostenibles a la población, que depende en un 60 % de la producción realizada por la agricultura familiar campesina.
En este contexto, las intervenciones de la delegación ecuatoriana en Ginebra permitieron conectar la realidad del país con un debate global sobre los derechos reconocidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP). Las voces ecuatorianas insistieron en que proteger a quienes defienden los territorios y los bienes naturales es proteger el derecho humano a la alimentación y a la vida misma.
El Gobierno de Ecuador fijó una posición que cobra particular relevancia si se considera que el país aún no cuenta con un mecanismo especializado de protección para personas defensoras de derechos humanos. El desafío esperado ahora es transformar los compromisos expresados en Ginebra en políticas públicas concretas que lleguen a los territorios rurales, donde la defensa de la naturaleza y de la justicia social se vive cada día, en muchos casos, como una lucha por la supervivencia.
La gira concluyó con un logro político importante: el informe es un instrumento sólido, reconocido internacionalmente, para impulsar acciones concretas. El informe sobre personas defensoras se consolida como una herramienta técnica y política clave para avanzar hacia un sistema de protección efectivo, articulando al Estado, los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, la cooperación internacional y la sociedad civil, y fortaleciendo la garantía de otros derechos directamente vinculados, como el derecho a la alimentación.
La visita a Ginebra deja una enseñanza importante: Defender a quienes cuidan nuestra casa común no es solo un acto de justicia, es una condición para asegurar el futuro alimentario del país y el futuro de la vida en el planeta.
