Este documento constituye una denuncia documentada sobre la dramática situación en la que se encuentran los campesinos posesionarios de tierras en su mayor parte incautadas a los ex accionistas de los bancos quebrados. Éstos son víctimas de acciones violentas cometidas por invasores, que han ocasionado incluso la muerte de varios dirigentes campesinos, crímenes que han quedado en la más absoluta impunidad.
Dicha situación se ha visto agravada por la falta de decisión política del gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado, para ejecutar de una vez por todas el “Plan de Fomento del acceso a tierras a los productores familiares en el Ecuador”, más comúnmente conocido como el “Plan Tierras y Territorios”. Mediante este Plan, el Gobierno se propuso reducir la absoluta inequidad existente en el Ecuador en la distribución de la tierra, capaz de abatir incluso el coeficiente de Gini de 0.8 a 0.7.
La fogosidad de los discursos en el lanzamiento del mencionado Plan no ha guardado ninguna coherencia con las limitadas acciones emprendidas para cumplir con los objetivos del mismo que, al momento de su lanzamiento, en octubre del 2009, tuvo los siguientes componentes:
Distribución de tierras estatales
Expropiación de propiedades que no cumplan con su función social y ambiental
Mecanismos de compra de tierras, como la constitución de un fondo para apoyar la compra de tierra por productores familiares asociados
Regulación tributaria, esto es,establecimiento de impuestos prediales progresivos que penalicen la posesión improductiva de grandes extensiones de tierras
Regulación de transacciones a nivel local, para evitar la reconcentración de la tierra
Fomento de mecanismos de acceso a la tierra sin propiedad
Consolidación parcelaria
Catastro de tierras rurales.
Todos esos componentes han quedado en el olvido, y hasta el momento, según se denuncia en este Informe, ni siquiera se cuenta con información certera sobre la cantidad de tierras del Estado disponibles para su distribución. Así, mientras el “Plan Tierras y Territorios” habría calculado en 69.000 las hectáreas a ser distribuidas, el Ministro de Agricultura y Ganadería, Ramón Espinel, habría mencionado la existencia de 130.000 hectáreas y el Presidente Correa de 200.000 hectáreas.
En los pocos casos en los que se han entregado garantías de posesión dentro del Plan, no se ha cumplido con el apoyo institucional ofrecido para desarrollar proyectos productivos, con apoyo financiero, o con la dotación de otros servicios que demandan las organizaciones campesinas, como riego, asistencia técnica, apoyo para la construcción de viviendas, etc.. Las garantías de posesión no han sido respetadas por los invasores y la fuerza pública, en lugar de defender a los campesinos posesionarios de las acciones de violencia perpetradas por los invasores, han cometido atropellos en contra de los posesionarios, incluso llevando injustamente a prisión a sus líderes.
A la acción desaprensiva de la fuerza pública, según se denuncia en este documento, se ha sumado la persecución de varios organismos del Estado, como Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General de la Nación, administración de Justicia en general, que han instaurado procesos judiciales contra los posesionarios, acusándolos erróneamente de cometer delito de “peculado”, aunque no se trate de funcionarios públicos. Se trata de un verdadero “sicariato judicial”, como ha sido calificada la persecución de la que vienen siendo víctimas las asociaciones de campesinos posesionarios desde el año 2005.
La lucha de los campesinos por tener acceso a la tierra, buscando alcanzar la seguridad alimentaria de ellos y sus familias, ha sido de esta manera “criminalizada”, al ser acusados de delitos graves como el de “peculado”. En lugar de avanzar en el camino hacia la legalización de la tenencia de la tierra por parte de los campesinos posesionarios que quieren comprarla, durante el actual gobierno, se ha retrocedido, acusando a los campesinos posesionarios de “invasores”, que estarían tratando de apoderarse de predios estatales en detrimento de los intereses de los acreedores de las instituciones financieras quebradas, sin percatarse que los ecuatorianos ya pagamos los excesos cometidos por los banqueros en la crisis financiera de 1999. Este pago se dio mediante la devaluación violenta de la moneda nacional –incluso su desaparición–, la inflación, las quiebras empresariales masivas, el aumento del desempleo, de la pobreza y de la miseria, que afectó en mayor proporción precisamente a los campesinos.
