Este informe que presentamos como FIAN Ecuador y la Unión Tierra y Vida es la continuación del primer ejercicio de monitoreo que realizamos en el año 2010 a la implementación, que iniciara en el año 2009, del “Plan de fomento del acceso de tierra a los productores familiares en el Ecuador” mejor conocido como Plan Tierras. Esta política se presentó con el objetivo de alcanzar, en cuatro años, una estructura más equitativa de tenencia y uso de la tierra, medida de avanzada y necesaria, después de la tibia reforma agraria de los años 60 y 70, y de la contra reforma agraria de las últimas décadas. En el actual contexto de predominio de la agroindustria nacional, dinámicamente articulada a los merca- dos de agro-exportación de productos como la caña de azúcar, banano y palma aceitera; y de altos índices de desigualdad en la tenencia de la tierra, esta política rescató la esperanza de familias campesinas de acceder a tierras, especialmente a aquellas en posesión de tierras de la banca quebrada, en saneamiento, cerrada o incautada, o de patrimonio del Estado. Faltando pocas semanas para que culmine este emblemático programa, es pertinente analizar sus alcances y limitaciones desde una perspectiva de Derechos Humanos.
En la primera parte de este informe contrastamos el sombrío panorama a nivel mundial que ha llevado al acaparamiento de la tierra y sus consecuencias en la realización de los derechos humanos, con las propuestas que desde los movi- mientos y organizaciones sociales se han impulsado, en especial, para fortalecer el desarrollo de los marcos legales nacionales e internacionales que garanticen el acceso equitativo a los recursos naturales. Una mirada a los matices que presenta el acaparamiento y concentración de la tierra en nuestro país, la ofrecen las líneas de la segunda parte de este informe. En la tercera parte, al igual que lo hicimos en el informe anterior, hemos compilado casos emblemáticos, a través de los cuales proporcionamos información de análisis importante para conocer el resultado que ha tenido la implementación del Plan Tierras desde una perspectiva de Derechos Humanos. La metodología que utilizamos responde a la necesidad de recoger in- formación que permita tener la percepción de los sujetos de derechos, allí donde las políticas son implementadas, y conseguir una mirada más integral, que tras- cienda la de los datos cuantitativos provenientes de fuentes oficiales o evalua- ciones de expertos. En la cuarta parte, sistematizamos las diferentes propuestas para una nueva ley de tierras, presentadas en la Asamblea Nacional, sobre lo que definimos como los principales “nudos críticos”. Esto lo hacemos sobre la base
de lo que establece la Constitución, la Ley de Desarrollo Agrario (LDA) y la Ley Or- gánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA) con el fin de contar con los elementos necesarios y ofrecer líneas sobre lo que debería incluir una nueva ley de tierras basada en los principios de Derechos Humanos.
Desde la última publicación del Informe de FIAN Ecuador y la Unión Tierra y Vida, hemos continuado con el monitoreo de esta política pública, en su componente de redistribución de tierras estatales, para llegar a las conclusiones y recomenda- ciones que se presentan en este nuevo Informe. Esperamos que estas puedan ser asumidas con suficiente apertura y humildad por los funcionarios públicos del ac- tual gobierno responsables del Plan Tierras y que reconozcan el papel fundamen- tal que tenemos las organizaciones sociales en el monitoreo basado en Derechos Humanos de la política pública nacional.
