Es incuestionable el vínculo que existe entre la alimentación y la tierra. Aquellas personas y familias que viven en la zona rural y producen alimentos en pequeña escala, necesitan tener tierra productiva para realizar actividades que les permiten alimentarse. Sin embargo, la tierra es necesaria no solo para poder alimentarse, sino para tener una vivienda, poder trabajar, ejercer una cultura, etc., es decir para poder satisfacer otros Derechos Humanos. Este derecho es privado para millones de personas en todo el mundo. Justamente, la mitad de las personas que padecen de hambre y desnutrición en el mundo, viven en zonas rurales y tienen acceso inseguro, desigual y discriminatorio a los recursos productivos, especialmente a la tierra.
En nuestro país por un lado, la desigualdad en la tenencia de la tierra es enorme: la mayoría de pequeños productores de alimentos poseen apenas el 6% y un grupo reducido de grandes agro - empresarios poseen el 43% del total de la tierra productiva. Los datos oficiales nacionales también han reiterado una tendencia internacional: el índice más alto de desnutrición la tienen los niños de zonas rurales, es decir paradójicamente allí donde se producen los alimentos. Por otro lado, la seguridad en la tenencia de la tierra de poblaciones indígenas, campesinas, de pescadores y otras comunidades rurales, están siendo amenazadas por grandes plantaciones de monocultivos como la palma africana, proyectos de minería a gran escala y grandes infraestructuras, etc. En muchos casos estas situaciones implican violaciones cuando el Estado falla en respetar, proteger y facilitar estos derechos fundamentales, como la alimentación, el agua, la vivienda, y en general a los derechos del Buen Vivir, Por todo esto, es de gran importancia encarar el problema de la desigualdad y seguridad en la tenencia de la tierra desde una perspectiva de Derechos Humanos.
Varias organizaciones sociales en todo el mundo están empezando a aplicar el enfoque de Derechos Humanos en políticas públicas relacionadas con la tierra. La Conferencia Internacional sobre la reforma agraria y el desarrollo rural (ICCARD por sus siglas en inglés) organizada por los Estados miembros de la FAO en colaboración con el gobierno de Brasil en marzo de 2006 despertó un gran interés en la implementación de programas de acceso amplio, seguro y sostenible a la tierra, agua y demás recursos naturales dirigidos a combatir la pobreza y desnutrición y promover los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en particular de mujeres y grupos más marginalizados. Recientemente, la FAO - dando seguimiento a la ICCARD - inició un proceso de discusión y participación para la adopción de las directrices voluntarias para la tenencia de la tierra y otros recursos naturales. El Comité de Planificación Internacional (CIP) – red global de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que trabaja por la soberanía alimentaria - considera que es importante que la FAO aplique un enfoque de derechos humanos no solo en su trabajo sobre acceso a la tierra y recursos naturales para la producción de alimentos, sino también como parte de su marco estratégico de acción.
¿Cuál es la contribución concreta que puede dar el enfoque de Derechos Humanos en la definición e implementación del marco legal e institucional relacionado a la tierra y el territorio? ¿Cuál es el insumo que como organizaciones sociales podemos dar a este proceso de construcción de un Estado Plurinacional respetuoso de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagrados en pactos internacionales y los Derechos del Buen Vivir recogidos en nuestra constitución?
Como un aporte a la respuesta de estas preguntas, este informe recopila los avances en materia legal que vienen siendo desarrollados a raíz de la implementación de
la nueva Constitución Ecuatoriana del año 2008. Estos se contraponen con seis casos emblemáticos que reflejan la situación de pueblos de campesinos montubios, indígenas, afro – ecuatorianos, de pescadores y recolectores artesanales que confrontan violaciones a su derecho a la alimentación, agua, libre determinación, libertad de expresión, consentimiento libre previo e informado, entre otros. Además se identifican los diferentes elementos y factores que inciden en la incapacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones.
A manera propositiva se ofrecen diversas recomendaciones al Estado Ecuatoriano y se pone en la mesa la discusión sobre la inclusión de una perspectiva de derechos humanos en la elaboración de leyes y políticas relacionadas con la tierra.
