El día viernes 4 de diciembre, el Presidente del Ecuador, economista Rafael Correa anunció en los medios de comunicación, que luego de que la Asamblea aprobara un primer paquete de enmiendas a la Constitución, -el pasado jueves 3 de diciembre-, el gobierno lanzaría un segundo grupo de enmiendas que deberán ir a primer debate a inicios de 2016. Entre los temas que formarían parte de este nuevo paquete estaría levantar la prohibición del ingreso de semillas transgénicas en el país.
La Constitución de 2008, aprobada en consulta por el pueblo ecuatoriano, establece en el artículo 401 que: “se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas”. Sin embargo, en los últimos años, el gobierno de la Revolución Ciudadana ha expresado su inconformidad con este articulado y ha sugerido flexibilizaciones. Es así que, el Presidente Correa en Enlace Ciudadano del 1 ero de septiembre de 2012, mencionó que “las semillas transgénicas pueden cuadriplicar la productividad del agro, resolviendo de esta manera la pobreza en el campo”, y que el articulado que prohíbe su uso, fue impulsado por el “ecologismo infantil”. Así mismo, en octubre de 2013, el Ministerio del Ambiente emite una cuña radial sobre las potencialidades y oportunidades del uso de la semilla de maíz transgénico; y en la propuesta del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca para el cambio de la matriz productiva se enfatiza la estrategia de usar semillas transgénicas de soya y canola para incrementar los niveles de productividad1.
Como Observatorio del Cambio Rural y FIAN Ecuador, alertamos sobre la presión del capital del agronegocio y las intenciones del actual gobierno que, a través de su mayoría asamblearia, pretende aprobar una reforma que permita el uso de transgénicos en Ecuador.
Consecuentemente, esto violaría varios derechos contemplados por mandato constitucional y tratados internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano: derecho a la salud pública, derecho a la alimentación adecuada y sin contaminación, derechos colectivos, derecho a la naturaleza y derechos de los campesinos. Esta violación de derechos profundiza la dependencia del país, de sus campesinos y campesinas, de pueblos y nacionalidades, sus economías familiares y atenta contra su autonomía, mediante el monopolio de empresas transnacionales (Monsanto, SYNGENTA, entre otras) que controlan el negocio de los organismos genéticamente modificados.
Los transgénicos no constituyen ninguna opción para reducir la pobreza en el campo; aquellos países que usan transgénicos, como México, no han logrado descender los índices de pobreza, al contrario, ha significado un proceso de pérdida de autonomía y biodiversidad y el desplazamiento de los campesinos a las ciudades. Modificaciones sustanciales al articulado de prohibición del ingreso de semillas transgénicas significan un atentado a la soberanía alimentaria, establecida como obligación y eje estratégico del Estado en la actual Constitución (Art. 282) y el empeoramiento de las condiciones de vida de quienes habitan el campo: campesinos, campesinas y trabajadores rurales.
OCARU y Fian Ecuador, 8 de diciembre de 2015.
