El reconocimiento del derecho a la tierra para las familias productoras, dentro de la Declaración de los Derechos Campesinos del año 2018, genera un paraguas de inflexión en torno a las inequidades de acceso a la tierra y a la exigua respuesta que proporciona el Estado ante esta necesidad imperante. Ecuador a pesar de ser uno de los países que apoyó esta Declaración, en la práctica no ha generado políticas públicas que permitan a las familias campesinas, el disfrute y la realización de este derecho a plenitud. Prueba de ello, es que el país figura dentro de los índices de mayor inequidad en la distribución de la tierra en América latina.
El Informe, tiene como finalidad aportar desde una perspectiva de derechos y con elementos de análisis, a las organizaciones sociales que luchan por la tierra y la soberanía alimentaria, además de contribuir para reorientar las políticas públicas, hacia la redistribución equitativa de la tierra y de los bienes naturales para quienes más lo necesitan.
Este Informe, presenta en su primer capítulo, el marco internacional que ampara el derecho a la tierra para las familias campesinas, además de señalar la necesidad de ampliarlo y reconocerlo en la legislación nacional. En el segundo capítulo, se presenta el actual contexto nacional que vive el Ecuador, frente al escenario de un nuevo gobierno neoliberal y las implicaciones que este modelo tiene en la agudización de las inequidades rurales. En un tercer capítulo, se analizan las políticas agrarias a nivel nacional, en especial el Plan Tierras, con una breve reseña de los 12 años de su aplicación, remarcando sus deficiencias y contradicciones. Este análisis, está acompañado de una reflexión sobre las formas de despojo y mercantilización, tanto de la tierra como del campesinado.
Se presentan además, seis casos relevantes en los que se analiza las diferentes demandas por la tierra y las luchas de las organizaciones campesinas, frente a desalojos, usurpación y otras formas de despojo perpetradas tanto por instituciones públicas como privadas; analizan- do además los derechos que se han vulnerado frente a estas acciones. Así tenemos: el caso de ASOMAC, donde se muestra la inadecuada aplicación del Plan Tierras; el caso Rio Mar, en el cual se demuestra la expansión de los intereses inmobiliarios en territorios rurales; el caso Los Ángeles, que da cuenta de la presión de la agroindustria con expansión de empresas camaroneras de altura, que amenaza la propiedad de la tierra; el caso Comuna Santa Elena, las amenazas a las tierras comunales frente a intereses privados que hacen caso omiso a los derechos colectivos y obtienen títulos de propiedad a través de los gobiernos municipales que declaran los territorios ancestrales como tierras baldías; el caso Virgen de Fátima, el desalojo a varias familias campesinas con título de tierras, por intereses privados de supuestos herederos, a quienes se les legaliza la tierra de forma irregular y; el caso recinto La Estrella, una de las tantas forma de despojo de la tierra por los modelos de producción, desestructuración de recintos campesinos por el crecimiento de los modelos de producción agroexportador, bajo la compra-venta forzadas de tierras campesinas.
Finalmente, se plantean algunas conclusiones en el marco de los derechos de las familias campesinas, que pueden servir como recomendaciones tanto para el gobierno como para las organizaciones sociales, en miras de garantizar y ejercer los derechos humanos tanto a la tierra, a la alimentación y a otros derechos conexos.
Esta publicación, es la segunda de la Serie “Derechos Campesinos”, la cual pretende hacer lecturas políticas en el área rural, a la luz de la Declaración Internacional de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales del 2018. Para las organizaciones responsables de este Informe, este instrumento internacional es un marco legal importante para abordar los temas rurales, los desalojos, las políticas anti-campesinas y la protección a las familias trabajadoras desde una perspectiva de derechos.
