Dentro de las demandas planteadas por los sectores indígenas, campesinos, sindicatos y defensores de derechos humanos, se denuncia como eje transversal una violación sistemática desde el Estado ecuatoriano al Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuada (DHANA), ahondada en el sector rural.
El DHANA, como señala la Observación General 12 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, “se ejerce cuando toda persona sea sola o en colectivo tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a los medios para obtenerla”. En tal sentido, las demandas del Paro Nacional se vinculan con la exigibilidad del DHANA porque:
- No más subida del Precio de los combustibles: esta medida tiene un impacto directo en la subida de los precios de los alimentos de la canasta básica familiar, afectando tanto a productores/as como a consumidores/as. La medida vulnera la accesibilidad física y económica a productos sanos para todos y todas, incluyendo aquellas personas y colectivos que, por una u otra razón, no estén en condiciones de producir sus propios alimentos.
- Precios justos en los productos del campo: un eje fundamental para el ejercicio del derecho a la alimentación es garantizar condiciones dignas para quienes producen nuestros alimentos, proteger la agricultura familiar campesina e indígena que se encarga de producir el 60% de los alimentos que consumimos las familias ecuatorianas en el campo y la ciudad. Esta justa demanda del movimiento indígena se hace eco frente a la arremetida de la agroindustria y la mayor inversión desde el Estado para este modelo de producción que no genera empleo digno, no produce alimentos de calidad, destruye la naturaleza, enferma y promueve una mala nutrición.
- Respeto a los 21 derechos colectivos: El derecho a la alimentación y los derechos colectivos se encuentra en estrecho vínculo por la relación que mantienen los pueblos indígenas con los alimentos, la tierra, los recursos y sus formas de organización. Actividades como la agricultura, la pesca, la recolección no solo que garantizan su derecho a la alimentación, sino que además fortalecen sus culturas, su identidad y vida social. De allí la importancia de que el gobierno responda a esta demanda, respetar sus derechos a la tierra y al territorio. Los pueblos indígenas necesitan tener el acceso y control de los recursos naturales en sus territorios caso contrario se atenta contra su autonomía alimentaria.
- Moratoria de mínimo un año para que las familias paguen las deudas: más de 4 millones de familias requieren moratoria de mínimo un año y renegociación de sus deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero. Como ejemplo, los productores maiceros de la cuenca baja del Guayas, quienes durante años han venido soportando perdidas en sus cosechas debido a problemáticas fitosanitarias derivadas del modelo agrícola industrial, entrando en un espiral de endeudamiento sin control. El sistema financiero debe plantearse una flexibilización en sus tasa y modos de pago, los créditos deben ser otorgados considerando periodos de gracia de acuerdo al tipo de inversión.
- No a la minería en territorios indígenas: se identifica una vulneración del derecho a la consulta previa libre e informada de las comunidades indígenas consagrado en la Constitución ecuatoriana. Atendiendo la interrelación e interdependencia de los derechos humanos, tiene como consecuencia la vulneración del derecho a la tierra y al territorio. El ejercicio efectivo del derecho de los pueblos indígenas a la alimentación depende fundamentalmente de su acceso a los recursos naturales de sus tierras ancestrales y su control de ellos, por cuanto con frecuencia se alimentan mediante el cultivo de esas tierras o la recolección de alimentos, la pesca, la caza o la pequeña ganadería. La confiscación de tierras sin el libre consentimiento, previo e informado, de los pueblos indígenas interesados y la falta de reconocimiento jurídico de las formas indígenas de propiedad de la tierra constituyen serios obstáculos al ejercicio efectivo del derecho a la alimentación.
- Empleo y derechos laborales: de acuerdo a la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, 4 de cada 100 personas de la población económicamente activa no tiene empleo. Pese a una disminución de desempleo del 1,1% en comparación con el año anterior, se muestra un aumento del más de 60% de empleos precarios, sin duda esto significa una vulneración al derecho al trabajo digno de la población y con ello al derecho a la alimentación pues no tienen accesibilidad económica que les permita acceso a alimentos. Por otra parte, en el sector rural significa que el Estado debería proteger y garantizar el acceso a los recursos productivos para que las familias campesinas generen sus sistemas de alimentación para el autoconsumo y abastecimiento de alimentos a los mercados locales.
- Presupuesto para salud y educación: Ecuador es el segundo país con índices más altos de desnutrición de América Latina y El Caribe y según el índice de pobreza extrema multidimensional (que identifica un conjunto de privaciones de derechos en los hogares en cuatro dimensiones: educación; trabajo y seguridad social; salud, agua y alimentación; hábitat, vivienda y ambiente sano) para el 2019 el promedio nacional (38,1%), zona urbana (22,7%), zonas rurales (71,1%). El derecho a la salud y la educación están interrelacionados con el derecho a la alimentación al igual que otros derechos. El Estado no este cumplimiento con los derechos económicos sociales y culturales, así como las recomendaciones que emitió en el año 2019 el Comité DESC en referencia a estas necesidades que son más urgentes en las zonas rurales donde se producen nuestros alimentos.
- Políticas de control y especulación de precios: son los intermediarios y las grandes cadenas de producción quienes ejercen distorsión de precios y especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, esto pone en riesgo a las economías de la AFCI y de los sectores populares, el Estado debería adoptar medidas que permitan acercar al productor y al consumidor, para evitar la especulación de los precios de los alimentos y que estos sean accesibles para todxs como un derecho humano y no como un bien comercial. De esta forma garantizamos que se reciban precios justo por la producción y venta a precios accesibles para la población, generando contacto directo entre ambos actores y un consumo social y ambientalmente responsable.
Es por ello que como FIAN Ecuador nos solidarizamos con las luchas campesinas, indígenas y de trabajadores y trabajadoras del país, y exigimos al Estado cumpla con su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos incluso el derecho a la alimentación, y en el marco de las movilizaciones convocadas por el movimiento indígena el derecho a la resistencia y a la movilización social que está consagrado en nuestra Constitución y que debe ser percibido como un legítimo sentir popular ante la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
