Hace pocos días, el 21 de mayo de 2019 el presidente de la República del Ecuador, Lenin Moreno, a través de Decreto Ejecutivo No. 752 expidió el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (RCOA), que según varias organizaciones de la sociedad civil: FIAN Ecuador, Acción Ecológica, Agencia Tegantai, Observatorio del Cambio Rural, Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA), entre otras, afectará a la construcción de la soberanía alimentaria porque dicho Decreto en su Título V, Capítulo 2, abre la puerta al ingreso de semillas genéticamente modificadas.
Para José Macías, estudiante de la escuela Agroecológica y Política Justina Quiñonez, que es una propuesta de formación de jóvenes de la Unión de Comunidades Campesinas de Esmeraldas (UOCE), la iniciativa del Ejecutivo va en contra de los derechos de las comunidades, porque las semillas han sido cuidadas por los campesinos desde hace cientos de años, y considera necesario la unidad de los sectores sociales frente a estas políticas de Estado que solo beneficiarán a los sectores agro exportadores o a los grupos económicos y no a las personas que trabajan realmente el campo. Frente a ese contexto:
El pasado sábado 1 de junio a través de rueda de prensa realizada en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, FIAN Ecuador organización que defiende el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada, junto a organizaciones campesinas, de investigación social y acompañamiento a organizaciones sociales campesinas e indígenas, como el Colectivo Agroecológico, Centro Agrícola Cantonal de Quevedo, Instituto de Estudios Ecuatorianos y La Unidad Agroecológica y Política Machete y Garabato, denunciaron que el Estado ecuatoriano a través del Decreto Ejecutivo en mención, violenta la norma Constitucional que en su artículo 401 prohíbe el ingreso de transgénicos al país.
Como antecedente pese a esa prohibición constitucional, al finalizar el 2018 e inicios de 2019 a través de una Acción de Protección, con el acompañamiento de Acción Ecológica y la Defensoría del Pueblo, dos organizaciones campesinas: la Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones Campesinas del Litoral (FECAOL) y el Centro Agrícola Cantonal de Quevedo, demostraron la presencia de cultivos con semilla transgénica de soya en la provincia de Los Ríos, en donde el Juez Constitucional de Los Ríos en primera instancia resolvió el 21 de enero de 2019 conceder la Acción presentada por estas dos organizaciones.
La sentencia ordena a las partes procesadas: la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agrocalidad), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Procurador General del Estado, responsables de la libre circulación y establecimiento de cultivos de semillas de soya genéticamente modificadas en territorio ecuatoriano, por lo que deberán decomisar, eliminar y quemar todos los cultivos transgénicos encontrados en el monitoreo; decomisar, eliminar y quemar todos los lotes de semilla transgénica que se encuentren en período de siembra, para evitar nuevas siembras; establecer un programa de vigilancia permanente para evitar que se siembre en el Ecuador cultivos transgénicos; capacitar sobre los riesgos de los transgénicos a sus funcionarios y a los campesinos de la región; que como medida de reparación, el MAG incluya en su página electrónica la inscripción “Ecuador Libre de Transgénicos”.
Los representantes del Estado apelaron a esta sentencia y la audiencia en segunda instancia se realizó, en abril de este año con presencia masiva de campesinos, sin embargo hasta el momento y tras concluir los procesos previos aún no hay una nueva resolución. Esta ausencia de pronunciamiento, sumado a la promulgación del RCOA, a través de Decreto Ejecutivo, genera preocupación a las organizaciones campesinas, quienes señalan que a través de la “evaluación de riesgo”, se genera un mecanismo que garantizaría la aprobación de semillas transgénicas en el país.
El CAQC junto a FIAN Ecuador organizaron un foro público, al que asistieron representantes de organizaciones campesinas de la provincia de Los Ríos, que permitió analizar el panorama agrario nacional y el consumo responsable a través de las propuestas que la agrícolas de organizaciones campesinas e indígena. Mario Macías, presidente del CACQ, señaló que esta discusión y lucha, no es exclusiva del campo, sino también de la gente en la ciudad, porque lo que está en juego es la soberanía alimentaria, los alimentos sanos, y es importante saber qué tipo de producto nos estamos llevando a la boca en las comidas.
Desde el Movimiento de Granjeros Agroecológicos de la Sierra Centro, y parte de la Asamblea de FIAN Ecuador, Juana Pucha, de la provincia de Chimborazo dijo que frente al monocultivo y el uso de agrotóxicos, “las organizaciones campesinas e indígenas proponen la agricultura diversificada y orgánica, porque producir sano significa, sin químicos ni transgénicos, lo que es igual a salud para nuestra gente”.
Para Esteban Daza, Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Ecuatorianos, si no se cumple con el artículo 401, que es Norma Constitucional, claramente se está vulnerando el derecho a la alimentación, pero también el derecho de las comunidades campesinas, porque precisamente el reconociendo, por ejemplo de los derechos colectivos, la naturaleza como sujeto de derechos, la prohibición de cultivos transgénicos son conquistas de las luchas de los pueblos en el caso ecuatoriano.
Como organización de derechos humanos, vemos con preocupación que a través de un Decreto Ejecutivo se vulnere derechos constitucionales, además que dicho reglamento se instituye como mecanismo regresivo en materia de derechos, que atenta a la construcción de la soberanía alimentaria, que es la capacidad que tiene un pueblo de producir sus propios alimentos y de mantener el control sobre el proceso productivo, además que provoca una paulatina erosión genética, pérdida de prácticas tradicionales, sistemas productivos, hábitos alimenticios y costumbres asociadas con las variedad de semillas originales o criollas que se van perdiendo o desaparecen.
