(Cartagena de Indias, 24-28 de febrero de 2026) La ciudad colombiana fue sede de la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), un evento que reunió a gobiernos, academia, movimientos sociales y Pueblos Indígenas de todo el mundo para debatir el futuro de la tierra, el agua, los bosques y los territorios frente a una crisis global sin precedentes.
Un mundo en crisis, un llamado urgente
Veinte años después de la primera ICARRD celebrada en Porto Alegre (Brasil) en 2006, el escenario es profundamente preocupante. La tierra, el agua y los bosques enfrentan una concentración y acaparamiento acelerados, mientras el hambre, la desigualdad y el colapso climático continúan en aumento. Mujeres, jóvenes, Pueblos Indígenas, comunidades campesinas, pastores, pescadoras y trabajadoras rurales del mundo entero siguen siendo sistemáticamente excluidos de sus territorios y medios de vida. Fue en este contexto de múltiples crisis interconectadas que Colombia, con el apoyo de Brasil, convocó la ICARRD+20, con el objetivo de que los Estados no solo conmemoren lo avanzado, sino que renueven compromisos políticos reales y vinculantes.
El foro académico que abrió el camino
Como antesala de la conferencia oficial, entre el 21 y el 23 de febrero se desarrolló en Cartagena la Conferencia Internacional "Tierra, Vida y Sociedad", que reunió a 410 participantes de 321 universidades y entidades educativas de todo el mundo. El evento concluyó con un manifiesto entregado a la ministra de Agricultura de Colombia, Martha Carvajalino, que incluyó un llamado a Naciones Unidas para priorizar las reformas agrarias en la agenda global y un llamado a la FAO para hacer seguimiento a los acuerdos que surgieran de la cumbre.
El foro de los pueblos: "Tierra, territorio y dignidad"
Paralelo a la conferencia oficial, los movimientos sociales y organizaciones de Pueblos Indígenas articulados en el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) celebraron el Foro "Tierra, Territorio y Dignidad", en el que presentaron su visión, demandas y propuestas como base para las negociaciones con los Estados. Los movimientos exigieron que la ICARRD+20 fuera más allá de promesas voluntarias y representara compromisos reales, medibles y vinculantes para el cambio estructural.
Una nueva visión de la reforma agraria
El CIP propuso una visión actualizada de la reforma agraria para el siglo XXI, que va mucho más allá de la redistribución física de la tierra. La reforma agraria es concebida como una política pública que reorganiza las relaciones sociales, económicas y ecológicas entre las personas y la Madre Tierra, con el objetivo de transformar estructuras de poder, desmantelar legados coloniales y reconstruir los territorios como espacios de autonomía, cuidado y solidaridad.
Esta visión se articula en torno a cuatro ejes que deben reforzarse mutuamente:
- Reconocimiento de los derechos de tenencia de los Pueblos Indígenas, campesinos y comunidades rurales, incluyendo sistemas colectivos y consuetudinarios.
- Redistribución no solo de la tierra, sino del poder, la riqueza y la toma de decisiones.
- Restitución y reparación de territorios de los que comunidades fueron despojadas, con especial atención a los legados coloniales.
- Regulación para limitar el poder del mercado sobre la tierra, el agua y los bosques, con topes a la propiedad y fiscalidad progresiva.
La soberanía alimentaria y la agroecología fueron afirmadas como pilares centrales de esta transformación, al igual que la reforma agraria feminista, que debe garantizar derechos plenos e iguales para las mujeres sobre la tierra y la toma de decisiones.
Alimentar al mundo es un acto político
La Plenaria "Tierra: alimentación, trabajo y vida" del tercer día de la conferencia colocó en el centro un vínculo que suele quedar invisible en los debates técnicos sobre redistribución de tierras: el que existe entre la concentración agraria y la crisis del derecho humano a la alimentación.
Ana María Suárez Franco, experta en derecho a la alimentación de FIAN International, recordó que la historia de concentración de la tierra no es un fenómeno económico abstracto, sino "parte de la violencia sistemática que han vivido las comunidades rurales, los pueblos indígenas a lo largo de la historia, incluyendo a los campesinos y campesinas, pescadoras, pescadores, pastores, mujeres rurales, las diversidades muchas veces invisibilizadas y en nuestro continente las comunidades afro". Una violencia que se agrava hoy con nuevas formas de despojo: la financialización de la tierra, los tratados de inversión que ponen a los Estados entre la obligación de pagar demandas millonarias o cumplir sus compromisos de derechos humanos, y un sistema agroalimentario en el que el 1% de las unidades productivas del mundo pertenece a las diez empresas más grandes del planeta. Este panorama hace que la reforma agraria sea inseparable del derecho a la alimentación: sin una redistribución real del control sobre la tierra, el agua y los bosques, no es posible hablar de soberanía alimentaria ni de transiciones justas en los sistemas de producción de alimentos.
La clave de la intervención de Suárez Franco fue desafiar el sentido común que separa los intereses del campo y la ciudad. Las comunidades rurales, señaló, "alimentan a más de un 70% de las poblaciones del mundo", y sin embargo son las más expuestas a la exclusión, el desplazamiento y la criminalización. Desde una perspectiva de derechos humanos, su mensaje fue directo: "solo protegiendo a quienes nos alimentan, podemos alimentarnos nosotras; y es por eso que también hay un llamado a la unión entre el campo y la ciudad". Bajo este argumento, la reforma agraria redistributiva e integral no es una demanda de un sector rural aislado, sino una condición estructural para garantizar el bienestar de toda la sociedad. La plenaria cerró con un llamado contundente a los gobiernos presentes: adoptar una declaración con acciones concretas, medibles y monitoreables, "no solo sobre la reforma agraria, sino el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria y todos los otros derechos conexos" — compromisos que, desde los pueblos hasta los Estados, deberán ser vigilados a detalle.
Tensión en el cierre
En la sesión de clausura de la ICARRD+20, el CIP emitió una contundente declaración política que reflejó tanto reconocimientos como profundas tensiones con los gobiernos. Los movimientos agradecieron a Colombia y Brasil por volver a situar la reforma agraria en la agenda internacional y por incluir las voces de los pueblos en el proceso.
Sin embargo, los movimientos afirmaron que no podían aceptar la declaración oficial adoptada al concluir la conferencia. La principal objeción fue la equiparación de los Pueblos Indígenas con el vago concepto de "comunidades locales", repetido múltiples veces en el documento oficial. El CIP advirtió que esta terminología podría erosionar las protecciones específicas que los Pueblos Indígenas han conquistado en instrumentos de derecho internacional como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) y la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP), ambas adoptadas por la Asamblea General de la ONU.
Pese a la tensión, el CIP se comprometió a continuar participando en los procesos de seguimiento para garantizar que sus derechos sean respetados. La declaración final de los movimientos resumió el espíritu que marcó toda la conferencia: "La reforma agraria, la soberanía alimentaria y la justicia social, agraria y ambiental solo se lograrán a través de la lucha. Estamos regresando a nuestros territorios para organizar a nuestros pueblos y defender el futuro de nuestras comunidades y de la Madre Tierra".
Ecuador ante una oportunidad histórica
Lo ocurrido en Cartagena resuena con especial fuerza en Ecuador, un país que lleva décadas postergando una reforma agraria integral. Las dos reformas agrarias implementadas en 1964, 1973 no lograron resolver el problema estructural de la concentración de la tierra. Hoy, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales sigue siendo insuficiente para responder a las demandas de comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y montubias.
El contexto actual, sin embargo, abre una ventana de posibilidad. El proceso de Política Pública de Estado para el Sector Agropecuario Ecuatoriano 2025–2034, promovido desde el Ejecutivo, reconoce la agricultura familiar campesina y el bienestar rural como ejes de la política agraria nacional. A ello se suman las demandas del movimiento indígena de la CONAIE, que ha planteado reformas que reconocen el territorio como un espacio de "simbiosis ecológica, económica y de convivencia entre el hombre y la naturaleza", en sintonía directa con la visión debatida en Cartagena.
La experiencia regional y los aprendizajes de la ICARRD+20 muestran que no existe un modelo único de reforma agraria válido para todos los contextos. Lo que sí es claro es que, sin un diálogo intersectorial genuino que incluya a Pueblos Indígenas, comunidades campesinas, pueblos pescadores artesanales, mujeres, jóvenes y trabajadores rurales, cualquier política agraria corre el riesgo de repetir los errores del pasado.
Ecuador tiene la oportunidad de tomar los cuatro ejes que la comunidad internacional debatió en Cartagena —redistribución, reconocimiento, restitución y regulación— y convertirlos en el hilo conductor de un proceso político participativo, construido desde los territorios y no sobre ellos. Un diálogo intersectorial liderado por el Estado ecuatoriano, que siente a la misma mesa a los gobiernos comunitarios, las organizaciones campesinas, los pueblos de la costa, sierra y la Amazonía, y los movimientos de mujeres rurales, no sería solo el camino más legítimo hacia una reforma agraria integral: sería también la respuesta más coherente con lo que el mundo acordó —y lo que los pueblos exigieron— en las calles y foros de Cartagena.
