Proponer e implementar medidas dentro de los países de la región para actuar frente al COVID-19, significa necesariamente replantear los sistemas agroalimentarios y nutricionales de cada na- ción, ya que la alimentación es clave para la supervivencia humana y tiene estrechos vínculos con nuestra relación con la naturaleza.
La pandemia ejemplifica, acelera y refuerza los elementos estructurales de lo que a futuro serán las crisis agroalimentarias. Con ella hemos evidenciado, por ejemplo, lo desprotegidas que están las ciudades en relación al acceso a alimentos frescos y sanos. Igualmente ha hecho evidente cuales son los efectos de la escasa presencia del Estado en las áreas rurales. Por otro lado, la pandemia ha demostrado cómo la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (AFCI) se constituyen en un elemento clave en la primera línea de prevención y atención ante dichas crisis. Aun con un insuficiente apoyo político y económico para el sostenimiento de sus formas de vida, las AFCI han sido una fuente indispensable de respuesta a las necesidades alimenticias de la población, suministrando alimentación sana y saludable, que además genera un menor impacto negativo para el ambiente. No obstante, hay que reconocer que a pesar de que las AFCI dieron respuesta casi inmediata a los requerimientos para la satisfacción del derecho a la alimentación, las comunidades productoras de alimentos a la vez, asumieron un riesgo alto de contagio, poniendo en juego su salud y su vida.
El objetivo de este informe es hacer una aproximación a los impactos del COVID-19 sobre los derechos de los y las campesinas en Latinoamérica desde una perspectiva de la Soberanía Alimentaria como condición indispensable para el disfrute del Derecho Humano a la Alimentación y a la Nutrición Adecuadas.
