El territorio de Quimsacocha, o Kimsakocha (en kichwa), está localizado en la Cordillera Occidental de los Andes, al sur del Ecuador. Se ubica en la provincia del Azuay, en los cantones Cuenca, Girón y San Fernando. Este territorio comprende una superficie total de 10 226,85 hectáreas pertenecientes a las comunidades aledañas. En el año 2001, la empresa canadiense IAMGOLD obtuvo la adjudicación de gran parte de este territorio comunal para realizar trabajos de exploración minera.
A partir del establecimiento de la minería en Quimsacocha, las comunidades localizadas en la cuenca baja de este humedal han realizado una serie de actividades en rechazo del proyecto minero conocido actualmente como “Loma Larga”. La lucha de las comunidades campesinas se ha constituido como un caso emblemático de resistencia y conflicto socio-ambiental a nivel nacional como internacional.
FIAN Ecuador, con el objetivo de vigilar y exigir el cumplimiento del Derecho a la Alimentación Adecuada –DaA– presenta el siguiente informe que aborda sobre la minería y el Derecho a la Alimentación en Quimsacocha. El objetivo de esta investigación es evaluar las amenazas a este territorio y el derecho a la alimentación de las poblaciones aledañas por la posible explotación minera. Este estudio pretende generar espacios para el debate académico y una posible incidencia de política pública.
Para la elaboración de este informe se contó con la participación de organizaciones sociales y habitantes de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete, quienes reconstruyeron los límites y la memoria colectiva con respecto al humedal. Además, se recurrió a fuentes secundarias e informes oficiales.
El documento está distribuido de la siguiente manera. En la primera parte, se analiza las características ecológicas, sociales y culturales, así como el “territorio de sacrificio” para la minería en Quimsacocha. Luego, se analiza la violación y vulneración de los derechos humanos con énfasis en el derecho a la alimentación adecuada y el agua en Quimsacocha. Posteriormente, se describir los alcances de las formas de resistencia organizativa, jurídica, ambientales y políticas por parte de las comunidades, juntas de agua y organizaciones sociales a partir de la movilización social contra la minería. Finalmente, se presenta las conclusiones respectivas.
