Guayaquil, 10 de diciembre. En el marco del Día de los Derechos Humanos, diversas organizaciones sociales y campesinas de la provincia del Guayas se congregaron en las calles de Guayaquil para visibilizar las problemáticas sociales y ambientales de la región. Una de las demandas centrales proviene de las familias campesinas que han trabajado durante más de 17 años en el predio Mariva Lamiper, ubicado en el cantón Durán, antigua propiedad de los hermanos Isaías.
Desde hace varios años, estas familias han solicitado al Estado la adopción de medidas que permitan corregir los impactos adversos derivados de la implementación del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Este dictamen —que apunta a restituir las tierras a los hermanos Isaías— ha generado preocupación, dado que se contrapone a las garantías que amparan a las comunidades rurales. Las familias campesinas demandan la aplicación efectiva de la redistribución de tierras a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con el propósito de salvaguardar sus derechos, asegurar la producción de alimentos y proteger la soberanía alimentaria del cantón y de la provincia.
La implementación de dicho dictamen ha sido aprovechada por los hermanos Isaías para emprender una serie de acciones legales y administrativas que amenazan con vulnerar los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP). Este instrumento internacional, del cual Ecuador es signatario, busca garantizar la protección y el reconocimiento de las comunidades rurales, su acceso a la tierra y su capacidad de producir alimentos de manera sostenible.
Durante la jornada, destacó la intervención del vocero de la Asociación La Nueva Revolución —integrada por familias afectadas—, quien, desde la tarima principal, se dirigió a la concurrencia con un mensaje contundente:
“Saludos de las Asociaciones: La Nueva Revolución, La Fe del Campesino, ASOVANCON y La Unión Tierra y Vida. Llevamos 17 años cultivando el predio Mariva Lamiper, en Durán, antigua propiedad de los hermanos Isaías. Somos más de cien familias que obtenemos nuestro sustento y alimentos de estas tierras. De acuerdo con la Declaración de los Derechos Campesinos de la ONU, que nos ampara, el Estado no debería desalojarnos. Señores jueces de la Corte Constitucional, que se preparan para resolver la acción extraordinaria de protección, les pedimos que actúen conforme a la Declaración y a los convenios internacionales de derechos humanos”.
Al concluir su discurso, el vocero y las organizaciones presentes reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos campesinos y la unidad entre las comunidades urbanas y rurales:
“¡Vivan los campesinos y las campesinas! ¡Viva la unidad de las organizaciones de la ciudad y el campo! ¡Vivan los derechos campesinos!”
Esta movilización pone de manifiesto la necesidad de armonizar las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos con las dinámicas territoriales y los procesos productivos locales. Las comunidades esperan que, a través de un pronunciamiento constitucional justo y el respaldo del Estado, se garantice la seguridad jurídica de las tierras, la protección de la producción agraria y, en última instancia, el pleno respeto a los derechos fundamentales de las familias campesinas del Ecuador.
