Surge una preocupación por los impactos del COVID-19 en las agriculturas familiares campesinas. Sus relatos sostienen que no han recibido la ayuda humanitaria suficiente o el apoyo estatal acorde a la importancia de sus actividades. Esto agrava su situación de vulnerabilidad poniendo en riesgo su salud y vida. Sin duda, las medidas sanitarias implementadas para evitar la propagación del virus tienen consecuencias directas sobre el funcionamiento de los sistemas agroalimentarios y quienes lo sostienen: las familias campesinas e indígenas del país.
La Organización para la alimentación y agricultura de la ONU (FAO, 2020) en su informe Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de COVID-19, recomienda como medida esencial que los países, en el marco del COVID-19, declaren las acciones relacionadas con la alimentación y la agricultura como actividades estratégicas de interés público nacional, que requieren de atención prioritaria y respaldo especial del Estado y de la población en general.
En consecuencia, se requieren acciones afirmativas desde el Estado para que las medidas de contención de la pandemia no comprometan la soberanía alimentaria ni vulneren los derechos campesinos. Sin embargo, el abandono estructural que ha tenido el campesinado ecuatoriano se ve exacerbado por la pandemia. Para las organizaciones campesinas la ausencia del Estado en sus territorios no es algo novedoso. La agricultura familiar no ha sido considerada como eje prioritario para la garantía de la soberanía alimentaria durante décadas.
Ante la situación de vulnerabilidad de los sectores campesinos, la preocupación no es sólo por lo que pase durante la cuarentena, sino que se plantea en el largo plazo una pregunta: ¿Qué garantías tienen las comunidades campesinas para gestionar sus modos de vida en el escenario post-pandemia?
El informe que acompaña a este boletín presenta un análisis preliminar sobre los impactos del COVID-19 en las economías campesinas del Ecuador. Es el resultado de un esfuerzo colectivo de organizaciones de la sociedad civil como FIAN Internacional, FIAN Ecuador, el Instituto de Estudios Ecuatorianos, el Observatorio del Cambio Rural-OCARU y la Unión de Pequeños Productores “Tierra y vida”;que buscan ubicar los principales problemas del campesinado en la palestra pública, para poder construir de la mano de las organizaciones campesinas un camino que reoriente y enriquezca la política pública con los aportes de la agroecología, del cuidado y los aprendizajes de las luchas del campo.
Es por ello que el documento se sostiene en: 1) la revisión, análisis e interpretación de cifras oficiales, políticas públicas, decretos ejecutivos, tratados y declaraciones internacionales como la de los Derechos Campesinos; y 2) en los testimonios y reflexiones de las personas y de las organizaciones campesinas que se han mantenido vigilantes frente a la crisis del COVID-19, y que quieren hacer frente a las deficiencias en la comunicación de la información y a las múltiples contradicciones por parte del gobierno ecuatoriano.
