jueves, octubre 28, 2021

Día Internacional de la Lucha Campesina

Desde todos los rincones del planeta se sigue sintiendo la resistencia, lucha y exigencia del respeto a los derechos humanos de campesinas y campesinos. Hoy 17 de abril conmemoramos un año más el Día Internacional de la Lucha Campesina por todos los sacrificios de organizaciones e individuos de las poblaciones rurales y la vida en el campo. Esta fecha fue establecida en 1996 a partir de la “Masacre de Eldorado de los Carajás”. Este hecho de violencia fue perpetuado por la policía militar del Estado brasileño en 1996 al asesinar a 19 campesinos y campesinas miembros del Movimiento de los Sin Tierra (MST), quienes reclamaban de manera legítima el acceso a tierras (FIAN Internacional 2017).

Después de 22 años de impunidad por esta masacre, el 17 de abril sigue siendo una fecha simbólica, de un patrón recurrente no solamente en Brasil si no a nivel mundial, que es la persecución de líderes de organizaciones que luchan por los derechos humanos e injusticias cometidas contra campesinos, pueblos indígenas, habitantes de zonas rurales y sus defensores (BBC 2016). Global Witness manifiesta que nunca antes se ha visto sido tan grande el peligro y las amenazas al defender la tierra y el ambiente de industrias como la minería, la explotación forestal, y de la agroindustria; señalando que casi cuatro personas fueron asesinadas cada semana por proteger sus tierras y recursos en el 2016, sin dejar de lado otras tácticas como: intimidación para silenciar incluyendo amenazas, detenciones, acoso sexual y amenazas legales agresivas (Global Witness Informe 2017).

FIAN Internacional establece que apoyar a comunidades en defensa de sus tierras y otros recursos naturales siempre ha sido y continúa siendo un objetivo principal (Informe 2017).  En el caso de FIAN Ecuador al conmemorar el Día Internacional de la Lucha Campesina recapitulamos los desafíos y amenazas enfrentadas en la última década; donde a pesar del reconocimiento de nuevos derechos (soberanía alimentaria y los derechos de la naturaleza) consagrados en la Constitución de 2008, el extractivismo y la concentración de recursos como tierra y agua prevalecen (Casanova 2016).

Las mayores presiones y conflictos contra poblaciones rurales han sido generados por la contradictoria institucionalización de parte del estado en procesos expansivos para la agroindustria, minería a gran escala y la frontera petrolera, llevando a grandes acaparamientos de tierra. El cambio de Matriz Productiva del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-2017 ofertaba abandonar la dependencia en recursos naturales, y diversificar la economía. Sin embargo, también proyectaba un incremento de la oferta exportable, lo que significó la intensificación de monocultivos como el banano, cacao, maíz, palma africana, azúcar, etc. (Casanova 2016). Adicionalmente, se promulgó la actual Ley de Minería (2009) a través de la cual el Estado “autorizó concesiones equivalentes al 11% del territorio nacional”, al igual que el “lanzamiento de la XI ronda petrolera, ofertando 17 nuevos bloques para exploración y explotación” (FIAN Ecuador 2017). También vale destacar que el gobierno promovió simultáneamente mecanismos para la “democratización de la tierra” como el Plan Tierras, pero en la práctica los pequeños productores campesinos y campesinas quedaron marginados y no se le ha facilitado el acceso a la idea original de redistribución, sino que se generaron nuevas disputas (Casanova 2016).

Casos de luchas campesinas acompañadas por FIAN Ecuador están centradas en la defensa del derecho a la alimentación. Estas incluyen disputas de tierras y resistencia colectiva como ASOMAC (Asociación de Montubios Autónomos del cantón Colimes), Unión Tierra y Vida, la Comunidad Ancestral La Toglla, FOA, COCIF o UOC. Un ejemplo claro de la vulneración de los derechos de campesinos y campesinas se evidencia en ASOMAC, que está conformada por alrededor de 120 familias montubias, y que obtuvieron del MAGAP una garantía de posesión del predio La Leopoldina en 2009. Sin embargo, el MAGAP declaró la misma de utilidad pública en 2011, y a través del Plan Tierras el predio asignado a ASOMAC lo adjudicó a otras dos organizaciones. En el 2012 y 2014 ASOMAC sufrió intentos de desalojos forzosos y en diciembre de 2015 fueron violentamente desalojados pese a existir procesos judiciales sobre los derechos de esa propiedad. En 2016 el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil resolvió a favor de ellos.

Por Valeria Recalde

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